Durango, Dgo.- A pesar que los actos de corrupción socaban la capacidad del gobierno para mejorar la calidad de vida de sus gobernados; en Durango el estado más corrupto del país, sus autoridades fiscalizadoras no han presentado una sola denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Así lo estableció el Fiscal Especializado en la entidad, Héctor García Rodríguez, durante su informe anual de actividades, en que notificó que la fiscalía a su cargo ha tramitado 439 denuncias en contra de 483 servidores públicos por hechos de corrupción, en los últimos dos años, de ellas el 83 por ciento provienen de ciudadanos y solo 17 % de instituciones públicas de rango municipal.
La Entidad de Auditoría Superior del Congreso del Estado y la Secretaria de la Contraloría del Ejecutivo del Estado, la primera en manos de María de Lourdes Mora Serrano, y la segunda de Raquel Leila Arreola Fallad, son instancias obligadas por la Constitución y la Ley a denunciar los hechos de corrupción que tengan conocimiento en el ejercicio de su función fiscalizadora, sin embargo, ninguna de ellas ha presentado una sola denuncia ante la Fiscalía anticorrupción, dijo su titular.
Por su parte la Fiscalía Especializada en el periodo de septiembre 2020 –agosto 2021, inició 233 carpetas de investigación criminal en contra de servidores públicos estatales y municipales, lo que representó un incremento del 150 por ciento en relación con el año anterior.
Pero lo significativo de este dato, es que este número (233) es casi tres veces mayor al total de expedientes abiertos (87) por la Fiscalía General del Estado -a cargo de la licenciada Ruth Medina Alemán- en un periodo similar de 2018 a 2019, cuando ésta era competente para investigar los delitos cometidos por los servidores públicos, reseña el informe.
Hasta hoy la FECCD ha judicializado 177 expedientes y se encuentran en trámite 61 carpetas de investigación. El documento-informe indica que la tasa de judicialización de la Fiscalía Anticorrupción de Durango es del 16.9 por ciento, porcentaje que la coloca muy por encima de la media nacional que es del 8%, establecida mediante el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2019 del INEGI.
Al 31 de agosto 2021 los jueces de control han obsequiado al Ministerio Público, tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de servidores públicos acusados de la comisión de delitos de corrupción.
En 22 de las 26 causas penales que han llegado a la audiencia inicial, se ha dictado auto de vinculación a proceso en contra de 15 personas imputadas, lo que representa una eficacia del 85%.
En otras carpetas de investigación se ha optado por los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, que permiten la pronta reparación del daño a las víctimas del delito y la recuperación de los recursos sustraídos ilícitamente, en vez de un juicio largo.
Por esta vía se recuperaron 900 mil pesos y están en curso el resarcimiento de otras al erario municipal y de un millón 600 mil pesos por delito de corrupción que atenta contra la integridad física de las personas.
En el mismo periodo se solicitó al Congreso del Estado la separación de dos funcionarios del Poder Judicial del Estado con inmunidad procesal, que están pendientes de resolver en el Poder legislativo.
Calificó como un hecho sin precedente en Durango, la destitución e inhabilitación de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa enjuiciado, que en mayo pasado se solicitó juicio político por el uso indebido de funciones públicas.
“En Durango, los servidores públicos responsables de actos de corrupción ya son obligados por la autoridad a devolver lo robado”, aseguro Héctor García Rodríguez, Fiscal Especializado Anticorrupción.
