La sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia que rechaza la compatibilidad de una parte del Tratado europeo con la Carta Magna de ese país y pone en duda el acatamiento de las sentencias europeas ha provocado consternación en casi todas las capitales de la UE e inquietud por el riesgo de que se quiebre el orden jurídico comunitario. La Comisión Europea y los gobiernos de Alemania y Francia han salido en tromba este viernes para advertir a Varsovia que el ingreso voluntario en la Unión conlleva “el cumplimiento de sus normas y el acatamiento de todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia europeo“.
Bruselas ha indicado que estudiará rápidamente el veredicto polaco y actuará en consecuencia para garantizar que el derecho de la UE prevalece sobre el nacional. “Usaremos todos los poderes que nos conceden los Tratados para garantizar que es así”, ha señalado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un tajante comunicado leído con tono solemne por su portavoz.
En la capital comunitaria cunde la sensación de que la UE vive un momento crucial en su historia, de una trascendencia similar a los momentos en que la zona euro estuvo a punto de resquebrajarse por Grecia o al referéndum del Brexit que desembocó en la salida del Reino Unido. Bruselas confía todavía en reconducir la situación en Polonia, un país donde la opinión pública, según los sondeos, es claramente favorable a la pertenencia a la UE. Pero la sentencia del Constitucional ha agravado la peligrosa espiral de desencuentros entre la Comisión y Varsovia y no cabe excluir que el choque acabe fuera de control.
“Nuestros tratados son muy claros”, ha advertido Von der Leyen. “Todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales”. La decisión del máximo garante de la Constitución polaca coloca al país al borde de una ruptura legal con la UE. Y pone en alerta y aguza todos los sentidos de la Comisión, que ya prepara su respuesta.
“He dado instrucciones a los servicios de la Comisión para que lo analicen a fondo y con rapidez. Sobre esta base, decidiremos los próximos pasos”, ha afirmado Von der Leyen en el comunicado. “El derecho de la UE tiene primacía sobre el derecho nacional, incluidas las disposiciones constitucionales”, prosigue. “Esto es lo que todos los Estados miembros de la UE han firmado como miembros de la Unión Europea. Utilizaremos todos los poderes que tenemos en virtud de los Tratados para garantizarlo”.
Alemania y Francia, los dos grandes pesos pesados del club, han advertido al gobierno de Mateusz Morawiecki del peligro de cruzar el Rubicón judicial de desentenderse de la jurisprudencia europea. “La Comisión cuenta con todo nuestro apoyo para hacer cumplir la legislación de la UE”, ha señalado Heiko Maas, ministro alemán de Exteriores. Y ha recordado al Ejecutivo polaco que “si un país decide formar parte de la UE, debe aplicar plenamente las normas acordadas”.
En Francia, el secretario de Estado de asuntos europeos, Clement Beaune, ha calificado como “gravísimo el hecho de que Polonia no reconozca la primacía del derecho europeo”. La sentencia polaca ha tenido inmediato eco en un país donde el euroescepticismo liderado por Marine Le Pen tiene el viento de popa desde hace años y donde un posible competidor por la presidencia de la República, Eric Zemmour, se ha apresurado a señalar que “ya es hora de hacer que el derecho francés prevalezca sobre el derecho europeo”. Beaune le ha advertido que “ese cambio equivale a salir de la UE y de la zona euro”, un aviso que también parece dirigido a Varsovia, socio de la UE desde 2004 (aunque no ha ingresado todavía en la unión monetaria).
La presidenta de la Comisión ha subrayado que el respeto a los valores y las leyes de la UE “es lo que hace que estemos juntos en la Unión y lo que nos da fortaleza”. Von der Leyen ha recordado “que los ciudadanos de la UE así como las compañías que hacen negocios en Polonia necesitan la certidumbre legal de que las normas de la UE, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia, se aplican totalmente en Polonia”.
El pronunciamiento del Constitucional polaco daba respuesta a una pregunta planteada en marzo pasado por parte del Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), que defendía la misma tesis que al final ha sostenido el alto tribunal: el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo. El primer ministro polaco solicitó a la máxima autoridad judicial de su país que se pronunciara sobre la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional polaco y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.
El fallo declara la inconstitucionalidad de varios artículos del Tratado de la UE y establece, entre otras cosas, que la integración actual de la Unión ha alcanzado una “nueva etapa” en la que “los órganos de la Unión Europea actúan más allá de los límites de las competencias delegadas por la República de Polonia en los Tratados”, lo que ha provocado que, en estos momentos, “la Constitución no es la ley suprema” en el país, que habría dejado de “funcionar como un Estado soberano y democrático”. Por todo esto 10 de los 12 magistrados del órgano polaco consideran que vulnera la Constitución polaca.
“Defenderemos los principios fundadores del ordenamiento jurídico de nuestra Unión. Nuestros 450 millones de europeos confían en ello”, ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario, que ha asegurado que la “máxima prioridad” es garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos polacos para que disfruten de los beneficios de pertenecer al bloque comunitario. “Tanto los ciudadanos de la UE como las empresas que hacen negocios en Polonia necesitan la seguridad jurídica de que las normas de la UE, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se aplican plenamente en Polonia”.
