La junta militar de Myanmar (antigua Birmania) ha anunciado este miércoles la liberación de unos 2.300 detenidos durante las protestas contra el golpe de Estado de febrero. Al menos 700 de estos reos se encontraban recluidos en la prisión de Insein de Yangón, la antigua capital. Esta cárcel es la mayor del país y en ella miles de presos de conciencia fueron encarcelados durante medio siglo de dictadura militar, entre ellos, la líder de facto del Gobierno civil depuesto por el Ejército el pasado 1 de febrero, Aung San Suu Kyi, quien estuvo retenida en 2003, 2007 y 2009.
Los rumores acerca de que parte de los presos encarcelados por oponerse al golpe de Estado serían liberados habían comenzado el sábado, cuando se vio a grupos de familiares en el exterior del recinto penitenciario. La confirmación llega un día después de que la cadena de televisión oficialista Mywaddy diera a conocer que el gobierno castrense retiraba los cargos contra 24 de las más de cien celebridades a las que la junta militar golpista acusa por su relación con las manifestaciones que desde hace cinco meses exigen el regreso de la democracia. La decisión de liberar a esta veintena de actores, deportistas, influentes, doctores y profesores se toma tras alegar que su implicación en las protestas se debía a “factores externos”.
El viceministro de Información, Zaw Min Tun, ha anunciado que un total de 1.882 hombres y 460 mujeres serán puestos en libertad. Por su parte, la cadena Chin World Media ha informado que, en el Estado de Chin, en el oeste del país, se liberará al menos a 33 hombres y ocho mujeres.
Algunos de los detenidos en las manifestaciones contra el golpe de Estado están acusados de divulgar noticias falsas y comentarios que puedan socavar la estabilidad, un delito que en Myanmar acarrea penas de hasta tres años de cárcel.
El país del sureste asiático lleva sumido en el caos desde que el 1 de febrero el Ejército perpetrase un golpe de Estado por su desacuerdo con la victoria de Suu Kyi y de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), en las elecciones del 8 de noviembre de 2020. Las protestas contra la junta militar en el poder, inicialmente pacíficas, continúan, las frecuentes huelgas están paralizando tanto el sector público como el privado, y ante el aumento de los movimientos insurgentes que están estallando por todo el país, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos rebeldes se han recrudecido.
La premio Nobel de la Paz, de 76 años se encuentra bajo arresto domiciliario desde el golpe, acusada de siete delitos. Otros miembros de su partido se hallan en la misma situación. Entre los cargos en su contra está el de corrupción, que conlleva penas de hasta 15 años, y el de violar la ley de secretos oficiales, que acarrea un máximo de 14.
También se acusa a Suu Kyi por presunta incitación a la agitación pública; por la importación y posesión ilegal de unos walkie-talkies, así como por la infracción de los protocolos impuestos para hacer frente a la pandemia durante la campaña electoral. Sus abogados consideran que todos estos cargos no son sino una estratagema de los militares para apartarla de la política. El juicio comenzó el pasado 14 de junio y se espera que se prolongue hasta finales de julio.
La Asociación para la Protección de Presos Políticos calcula que más de 5.220 personas se encuentran detenidas desde que los militares dieron el golpe y al menos 883 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad.
