Las canciones que enaltecen la figura y las supuestas hazañas de los narcotraficantes –los narcocorridos– se escucharon aquella noche del 30 de octubre de 2014 en un cuartel del Ejército mexicano, la institución en primera línea de la guerra contra el narco que libra México. La música que emanaba de los muros de las instalaciones del Campo Militar 37-B provenía de una fiesta organizada por Alberto Reyes Vaca, entonces comandante del grupo de Fuerzas Especiales basado en Temamantla, en el Estado que lleva el mismo nombre que el país en el que se encuentra: México. Entre los invitados, el cantante Gerardo Ortiz y el grupo Calibre 50, ambos originarios del Estado de Sinaloa. Calibre 50 interpretó diversos narcocorridos cuyas letras glorificaban las hazañas de diferentes figuras del narcotráfico.
La fiesta, los intérpretes, el mensaje de las canciones, escandalizaron a los subordinados del general Reyes Vaca. Días después, uno de ellos se quejó ante la Contraloría General del Ejército y de la Fuerza Aérea -el organismo interventor que controla el uso de los fondos públicos de la institución- denunciando que los músicos habían cantado narcocorridos. “No concibo que mientras [nosotros] pasamos meses lejos de nuestras familias, nuestros comandantes se dediquen a hacer fiestas dentro de los cuarteles invitando civiles, quien sabe de qué tipo, se emborrachen y hagan su desmadre”, alegaba el denunciante en un escrito que dio pie a que se iniciara una investigación.
A pesar de que el personal de la Contraloría comprobó que el general brigadier había organizado esa y otras fiestas dentro de las instalaciones militares en las que las bebidas y alimentos se costeaban bajo conceptos falsos a cargo del presupuesto de la Secretaria (Ministerio) de Defensa (Sedena), el asunto concluyó con una simple amonestación. No era la primera vez que la institución recibía denuncias contra Reyes Vaca. En su historial había otras acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado que también quedaron sepultados en la impunidad.
La investigación interna de la Contraloría puso al descubierto una serie de anomalías ocurridas durante su mandato como comandante del grupo de Fuerzas Especiales de Temamantla, entre octubre de 2014 y mediados de 2016, según documentos obtenidos por EL PAÍS. En el expediente se detalla que desde su llegada dio órdenes de remodelar y acondicionar una palapa (cabaña) situada en el área de adiestramiento de las Fuerzas Especiales, donde organizaba sus fiestas y reuniones privadas. Allí instaló un bar, donde empleaba como meseros (camareros) a los militares del batallón.
Los documentos precisan que el general invirtió en ese bar “una cantidad considerable de recursos, ya que cuenta con un bar, vasos y copas de cristal, mobiliario de tipo discoteca y un mural que hace referencia a temas campiranos [rústicos] como un lobo aullando y vaqueros en el desierto”, quedó anotado en el informe. El alto mando castrense también había adquirido instrumentos musicales para formar un grupo que estaba compuesto por personal de la tropa. Los músicos amenizaban las reuniones privadas que realizaba una vez al mes en las instalaciones militares y a las que ingresaban civiles, algunos de ellos provenientes de Michoacán.
En el reporte elaborado por la comisión de militares encargados de investigar las conductas del general brigadier se anexaron fotografías que confirmaban que al menos a una de esas fiestas había acudido el cantante Gerardo Ortiz y el grupo musical Calibre 50. Después de realizar una serie de entrevistas e interrogar a jefes, oficiales y a la tropa del cuartel, los miembros de la comisión supervisora buscaron los contratos con estos grupos sin localizar algún documento. En el informe quedó anotado que Calibre 50 sí había tocado durante la fiesta, mientras que Ortiz simplemente había estado presente pero no amenizó la velada con ninguna canción. El personal militar no pudo saber si la participación del grupo se debió a una contratación o fue porque sus miembros mantenían una relación de amistad con el general. “Se buscó en internet el costo de la contratación del grupo Calibre 50 no encontrándose la cantidad exacta pero este grupo es considerado entre los artistas que cobran por presentación entre 600.000 y 800.000 pesos [entre 24.700 y 33.000 euros]”, destacaron.
Una de las acusaciones más graves en contra de Reyes Vaca es que había revelado las actividades militares que realizaban las Fuerzas Especiales bajo su mando durante las demostraciones que ordenaba realizar, como una conducción de vehículos que organizó para su hijo y otros civiles. “Esto vulneró la secrecía con que se llevan a cabo sus actividades militares de adiestramiento”, se lee en el expediente. También quedó documentado que el general brigadier organizaba prácticas de tiro para civiles ajenos a la milicia que acudieron a las instalaciones como sus invitados. En una ocasión llegaron entre 20 y 30 personas que bajaron de “camionetas de lujo de modelo reciente” acompañados por militares. Durante la investigación emprendida por una comisión supervisora también se constató la existencia de máquinas de apuestas, conocidas como tragamonedas, en las instalaciones militares. Bajo su mando se realizaron construcciones y remodelaciones no autorizadas y se utilizó al personal militar encuadrado para realizar actividades de albañilería, lavandería y pintura.
Los abusos del general repercutían en la tropa. Un ejemplo de ello es que en las cafeterías de los 1/o., 2/o., 3/o. y 4/o. batallones de fuerzas especiales los productos se vendían más caros de como aparecían en la lista de precios y en comparación con los costos de los expendios [negocios] civiles. “En este orden de ideas, se pueden apreciar conductas contrarias al ejercicio del servicio público en perjuicio de la moral y economía del personal del centro de adiestramiento de fuerzas especiales y personal encuadrado en las unidades de fuerzas especiales”, se señala en la resolución de sanción. Durante la investigación ordenada por las áreas que integran la Contraloría se hizo uso de un infiltrado, una estrategia utilizada con la intención de poder sorprender de forma flagrante a servidores públicos deshonestos.
La Contraloría concluyó que Reyes Vaca hizo un uso indebido de las instalaciones castrenses y que dispuso del personal militar para fines distintos a los que marca la norma. “Esto trajo como consecuencia una práctica ilegal, deshonesta, desleal, parcial y deficiente del ejercicio del servicio público en el desempeño de su cargo de comandante del cuerpo de fuerzas especiales con sede en Temamatla, Estado de México”, quedó plasmado en el informe final. Además, le reprocharon que hubiese involucrado indebidamente al personal que le estaba directamente subordinado, como jefes, oficiales y la tropa. “Esto resulta contrario a todo orden lógico normativo, atendiendo a su jerarquía y al cargo que desempeñaba”. Junto al general fueron sancionados Felipe Mera Nájera, capitán segundo de infantería; Jorge Antonio López Vázquez, capitán segundo de zapadores; Juan Pablo López Guzmán, teniente de Infantería y Servando Félix Barrera, cabo policía militar.
En los alegatos de defensa el general brigadier negó que los cantantes hubiesen cobrado por su participación en su fiesta. En un escrito enviado a las autoridades de la Sedena explicó que cuando fue secretario de Seguridad en Michoacán conoció a muchos empresarios y uno de ellos fue el promotor y representante del grupo Calibre 50. En octubre de 2014 le marcó por teléfono y le dijo que quería saludarlo. “Ante estas circunstancias y por simple cortesía decidí recibirlo, únicamente con la intención de saludarlo, considerando el alto concepto que tiene del instituto armado”. Reyes Vaca contó que llegó a las instalaciones militares en un autobús con el grupo musical, por lo que decidió invitarlos a comer. “Una vez que terminaron de comer, decidieron interpretar algunas melodías, palomazos como les llaman ellos, por simple esparcimiento, o por gusto, ante la ausencia del público a que se enfrentan en un evento oficial o formal”, narró. En el caso del cantante Gerardo Ortiz justificó que éste llegó por separado solamente a saludar y que no tenía el gusto de conocerlo con anterioridad. El País ha tratado de contactar con Alberto Reyes Vaca por diversas vías para obtener su versión de los hechos. Sin embargo no fue posible localizarlo.
Un turbio pasado
La Sedena desestimó una serie de señalamientos acumulados en contra de Reyes Vaca desde su paso como comandante del 80 Batallón de Infantería con sede en Tlaxcala. Entre 2011 y 2012 fue acusado por un grupo de oficiales de ser uno de los comandantes que ordenaba a sus subordinados extraer combustible de los ductos de Pemex para después venderlo en gasolineras, según un reportaje publicado en el portal de noticias Estado Mayor. Además tenía trabajando a una sección del batallón en negocios particulares, como un bar, una pulquería [un establecimiento donde se vende el pulque, una bebida mexicana] y un criadero de puercos. “Cuando se fue, hizo una fiesta a la que llevó músicos de banda encabezados por el cantante Gerardo Reyes”, aseguró uno de los oficiales al sitio web especializado en temas de fuerzas armadas. En otro reportaje, Eduardo Navarrete Montes, un oficial de infantería que denunció por años las irregularidades en las que incurrió Reyes Vaca, contó que desde antes de ser comisionado a Tlaxcala tenía denuncias de sus subordinados por robo y abuso de autoridad. “Tiempo atrás cuando ostentaba el rango de teniente coronel, sus subordinados lo acusaron de robarse varios objetos en cateos [registros] en operaciones contra el narcotráfico”, contó en una entrevista.
Pese a estos señalamientos en 2013 logró colocarse como secretario de Seguridad en Michoacán, donde estuvo ocho meses en el puesto. A ese cargo había llegado como una apuesta del Gobierno federal de Enrique Peña Nieto que buscaba aplacar a los grupos de autodefensas y reducir los niveles de violencia. El 15 de mayo de 2013, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en Michoacán nombrarían a un militar como encargado de la seguridad, quien tendría bajo su coordinación a las fuerzas federales, estatales y en un futuro municipales. Un día después, Reyes Vaca asumió ese puesto, quien llegó cobijado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Seis meses después, en noviembre de 2013, el diario Milenio reveló documentos de la nómina de grupo criminal Los Caballeros Templarios que fueron localizadas por las autoridades de inteligencia. Entre los alcaldes, policías, comandantes y funcionarios aduanales que figuraban en el listado del grupo criminal, había un general, del que no se reveló el nombre, pero que supuestamente recibía dos millones de pesos [82.000 euros] mensuales. En una entrevista con una radiodifusora de Michoacán, el entonces secretario de Seguridad dijo estar dispuesto a ser investigado. “Soy un general en activo y la gente debe tener confianza de que en el momento en que haga algo indebido, mi general secretario [el ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos] me llamará a ajustar cuentas, pues en el Ejército no hay impunidad”, aseguró.
Tras ocho meses de fracaso, donde no logró reducir los índices delictivos, en enero de 2014 Reyes Vaca fue removido del puesto. Un exfuncionario local que trabajó en el Gobierno de Michoacán en esos años cuenta que había gente inconforme con la gestión del general, sobre todo entre los policías locales. Una de las quejas era que el entonces secretario de Seguridad disponía de los agentes a su cargo para emplearlos como escoltas de quién él les ordenaba. Además, asegura, hacía un uso personal de las partidas presupuestales destinadas a seguridad para costear sus gustos y antojos. “Se decía que había días en que desaparecía y nadie sabía dónde andaba, se iba con un par de sus incondicionales. Siempre se rumoró que tenía vínculos con los Caballeros Templarios, hasta salió en la narconómina de ellos”, cuenta el exfuncionario que no quiso revelar su nombre por miedo a represalias.
En octubre de 2014, los superiores de Reyes Vaca lo mandaron al Estado de México, donde nuevamente comenzaron las quejas en su contra hasta que finalmente la Contraloría decidió iniciar una investigación que tampoco garantizó la justicia que reclamaban sus denunciantes. La indagatoria en materia de responsabilidades administrativas concluyó que las acusaciones no eran faltas graves. Además tampoco se inició una investigación por la vía penal. “Es importante señalar que a este órgano interno de control no le corresponde investigar delitos; es decir, no tiene la misión de establecer conductas delictivas e imponer las penas correspondientes”, se lee en la resolución. Tras el fallo donde recibió una amonestación fue movido a la XII Región Militar en Irapuato, Guanajuato, como jefe de los Servicios Regionales. Tras el cambio de Gobierno asumió la dirección del Centro de Adiestramiento Regional en la VI región militar en La Boticaria, Veracruz. En 2020 se jubiló con un haber de retiro cercano a los 70.000 pesos [2.890 euros] sin rendir cuentas ante los tribunales castrenses por las anomalías que engrosaban su pasado.
