Una joven llora durante una protesta en abril de 2018, en Managua.CARLOS HERRERA

El presidente Daniel Ortega intenta mantenerse en el poder aupado sobre un aparato estatal represivo, llamado a ahogar cualquier disidencia, tras haber causado un baño de sangre en Nicaragua al reventar con violencia las protestas que en 2018 exigían el fin de su mandato. Cada vez más aislado y presionado internacionalmente, Ortega ha presentado unas reformas electorales con las que pretende dar legitimidad a su régimen, pero que son catalogadas como una burla por la oposición, que demanda un cambio real para poder competir en unas elecciones justas en noviembre, cuando el país celebrará comicios presidenciales. Ortega aspira a un cuarto mandato y perpetuar su modelo familiar autocrático, pero ya no es el hombre fuerte de antaño: la masacre de 2018, el aparato de represión al estilo cubano, la falta del apoyo económico de Venezuela y la constante violación de derechos humanos lo han arrinconado en un callejón sin salida que le da a la oposición nicaragüense, de lograr una unidad sólida, la oportunidad de destronar al hombre que ampara su poder en una revolución que él mismo ha deformado.

Hacer política desde la oposición ahora en Nicaragua es peligroso y arriesgado. Lo demostró el viernes Félix Maradiaga, uno de los aspirantes a enfrentarse a Ortega en noviembre, cuando intentó participar en una protesta convocada en honor a las víctimas de la represión de 2018. El hombre tuvo que correr para no ser capturado por la policía, que se ha convertido en el primer órgano represor del régimen. Otro aspirante, Juan Sebastián Chamorro, corrió también el viernes cargando la bandera nicaragüense, pero la policía lo siguió y le arrebató la insignia. En el país centroamericano portar los colores azul y blanco de su estandarte se ha convertido en un símbolo de rebeldía que irrita al régimen. El asedio también lo sufren los periodistas que intentan dar cobertura a las acciones de los opositores. El jueves, Alberto Miranda fue golpeado por policías, que le quitaron su teléfono móvil y amenazaron con más golpiza si seguía con su trabajo de reportero.

A la violencia política se unen unas reformas electorales a favor de Ortega. Los cambios han sido una de las principales exigencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea como garantía de un proceso electoral justo en noviembre, pero la propuesta presentada el 12 de abril mantiene el control que tiene el FSLN —el partido de Ortega— de toda la estructura electoral, le da a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores, niega el financiamiento a los candidatos que aspiran a participar en el proceso e inhibe de facto a aquellas personas que hayan participado en las protestas de 2018 de aspirar a un cargo público. Azahalea Solís, experta en derecho constitucional, explica: “Las reformas electorales no son ni siquiera cosméticas, más bien son violatorias de los derechos fundamentales. Están hechas para crear una dictadura legal, no garantizar el derecho a elegir y ser electo. Son peligrosísimas, porque le dan atribuciones a la policía que solo corresponden al tribunal electoral”.

En el complejo escenario político nicaragüense, son muchos los que ponen sus esperanzas en una mayor presión internacional que obligue a Ortega a realizar cambios profundos en el sistema electoral. Estados Unidos y la UE han impuesto sanciones al círculo cercano del mandatario, incluidos sus hijos y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Esas sanciones han golpeado económicamente al régimen, que ya no cuenta con el río de petrodólares que llegaba desde Venezuela y que le permitió a Ortega consolidar su modelo autoritario. “Las instituciones europeas deben seguir presionando a regímenes dictatoriales como el que representa Daniel Ortega”, afirma José Ramón Bauzá, eurodiputado español que ha impulsado iniciativas dentro del Parlamento Europeo contra el Gobierno nicaragüense. “Lo que deberíamos hacer es tocarle donde realmente le duele a los dictadores, tocarles el bolsillo, hacer que esas sanciones se hagan efectivas, que actúen sobre Ortega, sobre su familia y sobre todos los aliados, sobre toda su estructura, sobre todo su entramado, porque está usurpando, coaccionando, coartando, amenazando al pueblo nicaragüense. Por lo tanto, no debemos quedarnos parados”, dice Bauzá, que prepara una resolución contra el régimen de Ortega, que podría discutirse en mayo en el Parlamento Europeo.

La presión que se pueda generar de afuera, sin embargo, no es suficiente si al interior de Nicaragua no se construye un bloque opositor sólido, que reúna el descontento general en un país sumido en una profunda crisis política y social desde 2018, que acumula tres años de recesión económica y que, según datos del Banco Mundial, pasó de tener un buen ritmo de crecimiento de 4,6% en 2017 a una contracción de -3,9% en 2019. La misma institución estima que la pobreza aumentó en un 15,1% en 2020. Nicaragua ha sufrido, además, el golpe de los huracanes Eta y Iota y los estragos de la pandemia de covid-19 (cuya letalidad Ortega negó). Hay decenas de presos políticos, los crímenes de 2018 contra civiles siguen impunes y 80.000 nicaragüenses han debido exiliarse por la violencia política y el desempleo. “No hay comunidad internacional que vaya a derrocar una dictadura” opina el sociólogo Silvio Prado. “Fiar todo a la presión internacional es un error, por una razón sencilla: si la presión no tiene correspondencia dentro del país, no tiene a quien depositar las rentas de esa presión, no lo seguirán haciendo”, considera.

Prado hace hincapié en la importancia de la unidad frente al control férreo del Estado en manos de Ortega. “La única salida de esta paradoja es la convergencia de fuerzas políticas, que ahora se hace complicada, pero que debe reunir de nuevo el espíritu de la rebelión de abril que era heterogéneo, policéntrico, multisectorial. Recuperar ese espíritu y reconvertirlo en una opción política solo se logra si se encuentran vías de confluencia, porque la principal condición de la salida política no violenta es la convergencia, el reencuentro de ese consenso que se perdió en el camino”, detalle el analista. Esa unidad, afirma por su parte Azahaela Solís, es la única manera de hacer frente a lo que ella cataloga como una “dictadura”. Para Solís, la única salida a la encrucijada que vive Nicaragua son elecciones justas. “No es de cuotas de poder, de reparticiones, de sumisión, necesitamos este bloque en este momento, para lograr reformas electorales que permitan un proceso electoral creíble. Si no hay reformas así, no podemos decir que se puede resolver el conflicto del país”.

Los jóvenes que participaron en las protestas y que supusieron la mayoría de las víctimas también apoyan la idea de la unidad, aunque mantienen sus recelos con los políticos tradicionales. Uno de esos “chavalos”, como los llaman en Nicaragua, es Lesther Alemán, el joven flaco y larguirucho que en mayo de 2018, en la mesa de negociaciones con la oposición que pretendía hallar una salida pacífica a la crisis, espetó a Daniel Ortega: “Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida… ¡Ríndase ante todo este pueblo!”. Aquel discurso de Alemán dio la vuelta al mundo, mientras decenas de miles de nicaragüenses desafiaban al régimen en las calles. Entonces Ortega desató la Operación Limpieza, con escuadrones de la muerte sembrando de cadáveres el país. Tres años después, y tras regresar del exilio, Alemán se mantiene involucrado en la resistencia contra el régimen, aunque debe sortear la persecución política. “Este es un país que se ha llenado de hartazgo. Hay un ambiente de mayor tensión y rechazo, pero Nicaragua está en un proceso que puede marcar un antes y un después en su historia. Hay una población que aspira a más libertad, democracia y justicia y eso solo se logra si Ortega no está en el poder”, dice Alemán.

Fue la generación de Alemán la que sembró la semilla de la indignación en Nicaragua. Lo pagaron con sangre, pero hoy reclaman protagonismo en un proceso político lleno de obstáculos. “Sin abril de 2018, habría ortega por muchos años más, Nicaragua hubiera sido condenada a ser una cárcel y no tuviéramos esperanza en un presente prometedor, en libertad”, afirma el joven. “El sentimiento en 2018 era que todo iba a acabar pronto y esa fue una condición para que los ánimos no se perdieran. Eso hacía que nosotros como jóvenes siguiéramos resistiendo, pero sobre todo actuando y proponiendo. La resistencia ha continuado. Estamos muy convencidos de que los jóvenes son importantes en esa recta final, porque creemos que esta es la recta final”. Los ideales de estos jóvenes recuerdan a los de la generación que los precedió, la que luchó contra la dinastía de Somoza, para lograr una Nicaragua libre y democrática. Entre ellos estaba Daniel Ortega, el guerrillero devenido en autócrata que intenta mantener su poder sobre un charco de sangre y aupado en la violencia como única política de Estado.

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