Francisco García Cabeza de Vaca, a la salida del Consejo Nacional de Seguridad PúblicaMOISÉS PABLO / MOISÉS PABLO

La investigación por corrupción y delincuencia organizada contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha puesto sobre la mesa los difíciles equilibrios sobre los que sustenta la alianza opositora de cara a los comicios de junio. El PRI, PAN y PRD presentaron en diciembre un inédito acuerdo electoral, Va por México, para unir fuerzas contra Morena. Más allá de las diferencias ideológicas de fondo, la particular naturaleza de la alianza, cuyo perímetro no abarca todo el territorio electoral, abre la puerta a potenciales roces y tensiones en la estrategia entre los tres socios.

Las primeras grietas se han abierto en Tamaulipas, donde los tres partidos no se presentan juntos a los comicios. El cierre de filas del PAN con su gobernador no ha sido secundado con la misma firmeza por parte de los otros partidos, despertando incluso algunas primeras críticas tanto del PRI como de pesos pesados del frente de gobernadores opositores, la llamada Alianza Federalista. Un principio de enfrentamiento que amenaza con enquistarse y romper la sintonía en los albores de la campaña electoral.

La respuesta del PAN a la petición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara de Diputados para que iniciase el desafuero del gobernador, es decir, la pérdida de la inmunidad parlamentaria, fue la convocatoria de un acto de apoyo a Cabeza de Vaca en la capital del Estado, Ciudad Victoria. El mitin provocó las primeras críticas por parte la dirección estatal de los partidos. “No se vale que utilicen su posición para forzar a los trabajadores sindicalizados del Estado y de los municipios pianistas a acudir obligatoriamente”, apunta Edgardo Melhem, presidente del comité directivo estatal del PRI en Tamaulipas.

Desde el nivel federal del partido quitan hierro a una hipotética escalada de la tensión entre las formaciones en Tamaulipas que pueda afectar a los acuerdos en otros estados. “Nuestra postura es que la Justicia resuelva cualquier posible delito o irregularidad. No hay conflicto porque nosotros no nos vamos a colgar del tema como un arma electoral”, señalan desde la mesa federal del PRI. El presidente estatal confirma la posición preventiva del partido, pero con más matices. “La gente está muy decepcionada y nuestra campaña no se va a basar en el proceso contra el gobernador, pero es cierto que el caso puede calar en el electorado. Al fin y al cabo, aquí tenemos nuestra propia estrategia y por eso se decidió no ir juntos con el PAN “.

México renovará el 6 de junio la Cámara de Diputados y a los gobernadores de 15 de las 32 entidades federativas. La campaña, que ya ha iniciado en cinco estados, arranca el 19 de abril en Tamaulipas, donde no está en liza la gubernatura pero sí un puñado de diputados y ayuntamientos. PRI, PAN y PRD disputarán la batalla electoral por su cuenta, así como en Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Guerrero, territorios donde no se alcanzó un acuerdo bajo la marca conjunta de Va Por México. Un reparto que responde a una lógica estratégica de asegurar las plazas donde alguno de los partidos es fuerte por separado, y a presentarse unidos en el resto de circunscripciones.

Tamaulipas había sido un fortín priista hasta la victoria en 2016 de García Cabeza de Vaca en nombre del PAN. Casi desde el inicio de su mandato, el enfrentamiento con la oposición local ha sido feroz. Tanto el PRI como el PRD denunciaron al gobernador por amenazas relacionadas con el crimen organizado. El PRD, el tercer socio de alianza, muestra ahora una postura mucho más templada. “Estamos en contra del uso del Ministerio Público para combatir a rivales políticos. Nuestro partido siempre apoyará la razón y la Justicia”, apuntan desde al aparato federal.

El caso Cabeza de Vaca también ha provocado tensiones dentro de llamada Alianza Federalista, el ramillete de 10 gobernadores -de todo el espectro opositor- que rompieron el año pasado con la mesa de negociación federal (Conago) para erigirse desde entonces en un frente común crítico con el Gobierno de López Obrador. La alianza publicó un comunicado conjunto pocos días después de conocerse la intención de iniciar el desafuero mostrando su “respaldo absoluto” al gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, pocos días después dos de los mandatarios estatales con mayor preso, Javier Corral y Enrique Alfaro, al frente de Chihuahua y Jalisco respectivamente, salieron a la palestra para demarcarse del comunicado.

La distancia mostrada por Corral es la más llamativa, ya que ambos forman parte del PAN, ilustrando el potencial riesgo divisorio de un caso que, de momento, está en la mesa de los congresistas. A expensas que de los avances de la investigación por parte de la FGR, las novedades del caso han saltado a la luz de momento a través de filtraciones a la prensa.

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