La junta militar birmana, en lugar de calmar los ánimos como parece que pretendía, logró el efecto contrario tras su primera comparecencia pública desde el golpe del 1 de febrero, celebrada este martes. Su anuncio de convocar elecciones —sin fecha prevista y con los líderes del Gobierno civil detenidos— e insistencia en que su asonada no era tal, sino un movimiento legítimo para preservar la estabilidad del país, han sacado a las calles de las principales ciudades birmanas a decenas de miles de personas, en las que suponen las protestas pro democracia de mayores dimensiones en los últimos días.
“Marchemos en masa. Mostremos nuestra unión contra el golpe de Estado, que ha destrozado el futuro de la juventud de nuestro país”, publicaba en Facebook Kyi Toe, portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), la formación ganadora de los comicios de noviembre, liderada por Aung San Suu Kyi. La Nobel de la Paz se encuentra detenida desde que los militares depusieron su Gobierno el mismo día en el que el nuevo Parlamento debería haber sido constituido. La policía anunció el martes que imputaba a Suu Kyi un nuevo cargo, esta vez por infringir supuestamente las normativas contra la covid-19 durante la campaña electoral. Dos semanas antes había sido acusada de vulnerar la ley de importaciones y exportaciones por la presunta posesión ilegal de unos walkie-talkies. En total, ambos delitos podrían sumar hasta seis años de cárcel.
El acoso de la nueva junta militar a la líder de facto del Gobierno civil birmano con cargos que muchos consideran inverosímiles e infundados ha generado indignación entre la población birmana, después de que en noviembre, la NLD arrasara ganando el 83% de los escaños. “Solo hay un objetivo para nosotros, ¡democracia! Debemos luchar por nuestra generación y las que vienen”, cuenta por mensaje Aye Myat desde las inmediaciones de la pagoda de Sule, en Yangón, la mayor ciudad del país, donde se estima que este miércoles salieron a la calle decenas de miles de personas.
La pagoda de Sule es un punto emblemático de Yangón, por haber sido un lugar clave de las protestas de 2007, protagonizadas sobre todo por monjes budistas —llamada Revolución Azafrán por el color de sus túnicas— y que acabó siendo violentamente reprimida por las Fuerzas Armadas.
Ni siquiera esa visión ominosa parece disuadir a los manifestantes ahora. Las tácticas del Ejército para frenar unas protestas que han sucedido a diario desde hace 12 días han sido en vano; ni cortar de forma esporádica las telecomunicaciones, ni desplegar vehículos armados en las calles o atacar a la muchedumbre con balas de goma o gases lacrimógenos, como ocurrió el lunes en Mandalay, la segunda mayor ciudad del país, ha surtido efecto. Por el momento, salvo una caída en el número de la participación en los pasados días, la intención de tomar las calles permanece intacta.
“¡Lucharemos hasta el final para terminar con la dictadura militar!”, añade Aye Myat, de 22 años. “La gente se ha echado a la calle debido al sinsentido escuchado ayer durante la rueda de prensa de los militares”, considera. También hubo renovadas protestas este miércoles en Mandalay y en otras ciudades del país.
La junta militar rechazó el martes durante su primera rueda de prensa tras el golpe referirse a este como tal, y dijo que se trataba de un “movimiento legítimo”, contemplado por la Constitución de 2008, redactada por el Gobierno militar de entonces. No obstante, la cláusula a la que se refieren los militares solo daría potestad en casos determinados al presidente del país, entonces Win Mynt, para declarar el estado de emergencia decretado por la junta. Mynt fue detenido por los uniformados. El portavoz de la Junta, el general Zaw Min Tun, aseguró que se convocarían elecciones de forma temprana, sin dar fechas ni detalles.
El relator especial de la ONU para Myanmar, Tom Andrews, ha manifestado su temor de que la situación de Myanmar esté fuera de control, ante un supuesto traslado de militares de otras provincias a las principales ciudades. “En el pasado, estos movimientos de tropas han sido el precursor de asesinatos, desapariciones y detenciones masivas”, subrayó en un comunicado. “Estoy aterrado de que la confluencia de estos dos factores [protestas masivas y movilización de tropas] desemboque en crímenes aún más graves contra la población de Myanmar”, añadió. A algunas escenas de violencia en las protestas, como las vividas en Mandalay el lunes o una semana antes en la capital, Naypyidaw, dejando a un estudiante en estado crítico, se suman las redadas y arrestos nocturnos, métodos utilizados durante campañas de represión en el pasado.
Las estrategias de la junta militar, con el general Min Aung Hlaing a los mandos, han truncado la transición democrática iniciada en 2011, tras medio siglo de junta militar (1962-2011). Junto a las protestas ha surgido un movimiento de desobediencia civil protagonizado por funcionarios que se opone al golpe y mantiene paralizados algunos servicios fundamentales.
Los manifestantes también han dirigido sus críticas hacia la vecina China —el único aliado de Myanmar durante los años de la anterior junta—, a la que creen culpable de apoyar a los militares a derrocar el Gobierno de Suu Kyi. Grupos de activistas han lanzado campañas en los últimos días para boicotear productos chinos y acusan a Pekín de asesorar a los militares en sus planes de aprobar una nueva ley de ciberseguridad e instalar una réplica de su “gran muralla” digital para censurar el contenido de las redes, lo que desmintió la junta el martes.
