El presidente Jair Bolsonaro aprovechó el pasado viernes, víspera de un casi Carnaval en Brasil, para firmar cuatro decretos que facilitan aún más la venta de armas y reducen su control estatal. Es la trigésima norma publicada durante los dos últimos años por Bolsonaro, dentro de una política que ha ayudado a aumentar el número de armas en circulación en Brasil. El anuncio, divulgado en la cuenta de Twitter del mandatario, ha generado reacciones inmediatas entre líderes políticos y entidades vinculadas a los derechos humanos, sobre todo porque el presidente demuestra más empeño en facilitar el acceso a las armas que a las vacunas.
Entre las normas previstas por el Gobierno, están el aumento del cupo de compra de armas para el ciudadano, que pasa de 4 a 6. Este número puede llegar a ocho para los miembros de la magistratura, del Ministerio Fiscal y para los integrantes de la Policía y agentes y guardias penitenciarios. La tenencia de armas por civiles ha dado un salto del 65% en el país desde diciembre de 2018, poco antes de que Bolsonaro asumiera el poder el 1 de enero, según información del diario O Globo. A finales de enero, eran más de 1,1 millones de armas en poder de los ciudadanos, cifra que aumentará fácilmente si la Justicia no tumba los decretos del presidente, como esperan los expertos en seguridad pública.
“El populismo armamentista de Bolsonaro, además de agravar el problema [de la violencia], es una cortina de humo para sus aspiraciones golpistas”, escribió Marcelo Freixo, diputado del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) en Río de Janeiro. Freixo anunció un proyecto para anular los últimos decretos de Bolsonaro y registró una Acción Directa de Inconstitucionalidad [especie de recurso de inconstitucionalidad] en el Tribunal Supremo. “El presidente no puede legislar sobre armas a base de decretos”, reclamó el diputado. Si la Justicia no interviene, los decretos serán válidos en 60 días.
Otras medidas de Bolsonaro prevén la reducción del control y rastreo de armas y municiones, un riesgo que acerca más los armamentos a la delincuencia organizada. También se facilita que tiradores y cazadores, por ejemplo, compren entre 30 y 60 armas sin que haga falta una autorización expresa del Ejército. El Ejército también dejará de controlar proyectiles y máquinas para la recarga de municiones y cargadores. Se trata de dar más facilidad para acceder a armas con mayores restricciones, esas que interesan sobre todo a los grupos paramilitares brasileños. “El aumento de la venta de armas de mayor potencial acaba abasteciendo al mundo del crimen”, dice Carolina Ricardo, directora del Instituto Sou da Paz. “Armas de colección de un tirador o cazador pueden ser robadas o desviadas y abastecer el mercado ilegal”, advierte, recordando que la falta de seguimiento dificulta la investigación de los delitos.
El año pasado, una disposición del Ejército revocó las reglas sobre el rastreo de armas y municiones, dispositivos de seguridad y marcaje de armas de fuego en Brasil. También a finales de año, Bolsonaro trató de reducir los impuestos de importación a cero, argumentando que estimularía el comercio. El caso acabó en el Supremo tras una petición del Partido Socialista Brasileño (PSB), y el juez Edson Fachin suspendió la decisión, que a su vez choca con el derecho a la vida y a la seguridad, que están garantizados constitucionalmente.
Fantasma de fraude
La política de comercialización de armas del Gobierno de Bolsonaro empieza a generar inseguridad en la sociedad, especialmente tras la invasión el Capitolio en Estados Unidos, el 6 de enero. El presidente ultraderechista todavía no ha condenado la invasión de los seguidores de Trump que no aceptaron el resultado de las elecciones. Bolsonaro también aprovecha cualquier oportunidad para reforzar el discurso de desconfianza sobre las urnas electrónicas en las elecciones —sin ninguna prueba de ello— y también para decir que quiere ver armada a la población, anticipando una crisis que puede abrir el año que viene en el caso de que no sea reelegido.
Las comparaciones con las tácticas chavistas de Venezuela crecen día a dia, con sus seguidores sintiéndose cada vez más cómodos en decir que la población se tiene que armar. “La ventaja de la población civil armada es que partidos como el tuyo, si llegan al poder y se atreven a controlar la sociedad, serán recibidos a bala por los ciudadanos”, escribió el diputado del Partido Social Liberal, Marcio Labre, en una respuesta al diputado del PSOL, Marcelo Freixo.
En un comunicado, el Instituto Igarapé, que estudia la seguridad pública, señala que el reciente conjunto de decretos “no solo tiene unos efectos letales para el país que más mata con armas de fuego, sino que refuerza las posibles amenazas a la democracia y a la seguridad de la colectividad”. Según Michele dos Ramos, asesora especial de Igarapé, “hay muchas preguntas que necesitan una respuesta de las autoridades federales acerca de los móviles políticos del descontrol de armas en el país, ya que no hay justificación alguna ni conocimiento técnico que fundamente estos peligrosos cambios”.
Tras la divulgación de la nota, el presidente bloqueó en Twitter a Ilona Szabó, cofundadora y presidente del Instituto Igarapé. “Es impresionante ver lo eficiente y lo preparada que está la máquina del odio para bloquear cualquier opinión contraria a la narrativa oficial. Eso solo pasa en las dictaduras. Ya vivimos tiempos de excepción”, dice.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Ramos (Partido Liberal), aliado de Bolsonaro, criticó las nuevas medidas. “Más grave que el contenido de los decretos relacionados con las armas promulgados por el presidente es el hecho de exceder su poder regulador y adentrarse en una competencia exclusiva del Poder Legislativo. El presidente puede discutir su pretensión, pero enviando un proyecto de ley a la Cámara”, escribió en Twitter.
Bolsonaro ironizó las críticas diciendo que “el pueblo está vibrando” con las nuevas medidas. Publicó un vídeo en el que comenta los decretos con un pequeño grupo de personas en el sur del país. El diputado federal Rodrigo Maia (Demócratas), expresidente de la Cámara, reaccionó afirmando que “Bolsonaro considera la parte por el todo. Se cree que su mundo extremo representa al país. El pueblo no está vibrando. El pueblo no quiere armas, quiere vacunas”.
Crisis sanitaria
La crisis de salud pública de la pandemia del coronavirus parece haber creado un escenario propicio para el desmantelamiento de la política pública de lucha contra las armas, una promesa electoral que Bolsonaro viene empeñándose en cumplir con sus decretos armamentistas. El presidente ya ha logrado desarmar el Estatuto del Desarme, de 2003, conjunto de leyes destinadas al control de armas y responsable de salvar más de 160.000 vidas, según estudios.
La política armamentista de Bolsonaro camina en sentido opuesto a la política pública que adoptará Estados Unidos con el Gobierno de Joe Biden. El presidente estadounidense pidió este domingo que el Congreso actúe “inmediatamente” para limitar la circulación de armas de fuego en un comunicado que marca el tercer aniversario del ataque a la escuela de secundaria en Parkland, Florida, donde perdieron la vida 14 estudiantes y tres profesores. “Esta Administración no esperará al próximo tiroteo masivo para escuchar los llamamientos a la acción”, afirmó Biden en el comunicado.
