El programa prioritario Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB) ejerció durante 2019 un presupuesto de 8 mil 100 millones de pesos, pero de acuerdo con un informe de desempeño realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el operador de este programa, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), no pudo justificar el destino del 37 por ciento del presupuesto ejercido.

De esta forma, la ASF puntualizó que alrededor de 3 mil 27 millones de pesos no cuentan con información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna para justificar en qué se gastaron.

Pero este rubro no fue el único que ‘levantó las cejas’ de la ASF, ya que de acuerdo con el informe, SEGALMEX superó los limites presupuestarios que se pueden destinar a gastos de operación.

El reporte reveló que en 2019, SEGALMEX ejerció mil 148 millones de pesos en gastos de operación, cifra que representa el 14.2 por ciento del presupuesto total.

Los lineamientos del programa establecen que el límite máximo para este tipo de gastos debe ser equivalente al 5 por ciento del total del presupuesto, lo que significa que los gastos operativos fueron superiores en un 9.2 por ciento.

Al respecto, SEGALMEX informó que solicitó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) “la no desagregación de los conceptos descritos en la Primera Modificación de los Lineamientos para el ejercicio de los gastos de operación de los programas de la Sader, debido a que afectaba el buen cumplimiento de la operación del programa”.

La Sader respondió, “se deja sin efecto la instrucción de desagregar los gastos de operación para el Programa de Precios de Garantía”, no obstante, la dependencia no eximió a SEGALMEX de rebasar el límite del 5 por ciento para gastos de operación.

SEGALMEX argumentó que los excedentes se debieron a gastos de implementación del programa, pero la ASF señaló que, contablemente, no existen el rubro de gastos de implementación y que en los lineamientos del programa no existe un término que se refiera a los ‘gastos de implementación’, ni se hace un pronunciamiento específico que diferencie gastos de operación y gastos de implementación.

“Tampoco se menciona que estos últimos puedan rebasar un límite por ser un programa de nueva creación”, indicó el auditor.

Entre los ‘gastos de implementación’ reportados por la dependencia se encuentran lonas, hilo, tarimas, hules, plásticos, vestuarios especiales, renta de básculas, herramientas menores, refacciones, impresión de gafetes y papelería, arrendamiento de almacenes y fertilizantes.

Por lo tanto, de manera puntual, únicamente 3 mil 923 millones de pesos, es decir, el 48.4 por ciento del presupuesto del programa, se destinó a su objetivo, “incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios para contribuir a mejorar su nivel de vida a través del establecimiento de precios de garantía”.

Durante el año pasado, se entregaron 45 mil 300 subsidios por medio de precios de garantía a productores de granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo panificable).