La convulsión política que supuso el ascenso del Sinn Féin, considerado durante años el brazo político de la organización terrorista IRA, en las elecciones generales de Irlanda del pasado febrero, se ha resuelto con la formación de una gran coalición entre los dos partidos que se han repartido el poder en la isla en las últimas década, el Fianna Fáil (FF) y el Fine Gael (FG). Los responsables de ambas formaciones, junto con el de los Verdes, han firmado este lunes un acuerdo de programa de gobierno conjunto —la primera vez que se produce este experimento histórico— que situará a Micheál Martin, el líder del FF, el partido más escorado al centroizquierda al frente del Ejecutivo, en un reparto del poder por turnos al que seguirá el actual primer ministro, Leo Varadkar (FG).
La ratificación definitiva del pacto dependerá de su aprobación por las bases de las tres formaciones. El último escollo se sitúa sobre todo en los Verdes, que exigen un respaldo de dos terceras partes de unos afiliados que contemplan con mucho escepticismo la vuelta al poder de los dos grandes partidos después de unos resultados electorales que fueron claramente interpretados como un deseo de cambio por parte del electorado.
Para vencer resistencias, el programa de Gobierno —negociado además en medio del tsunami sanitario, social y económico que ha supuesto la pandemia— ha incluido muchos de los compromisos de progreso y reformas radicales que incluyeron en su programa el Sinn Féin y otras formaciones de izquierda.
“Nuestro Futuro Compartido”, el título del pacto alcanzado, “crea una visión de reforma y renovación que puede ayudar a Irlanda a recuperarse y prosperar”, asegura. Uno de los puntos centrales del documento es el compromiso de construcción de 50.000 viviendas sociales. La escalada de precios de la vivienda, y la imposibilidad de muchos jóvenes y no tan jóvenes de poder acceder en propiedad o alquiler a una, fue un asunto clave en la contienda electoral. Como también lo fueron las pensiones. Los partidos han acordado frenar de modo inmediato la decisión adoptada previamente de elevar a 67 años la edad de jubilación.
Habrá una apuesta decidida, según el compromiso anunciado, por promover el impulso del transporte público y las inversiones en nuevas infraestructuras, así como por reducir las emisiones de carbón un 7% cada año, con objetivos y lenguaje muy específicos, introducidos en el texto por los verdes. Quedarán prohibidas, si la coalición sale adelante, las exploraciones gasísticas proyectadas en las costas irlandesas. Los firmantes anuncian además la puesta en marcha de un Fondo de Recuperación, todavía por definir y que dependerá en gran parte de las ayudas comunitarias planeadas, para estimular la demanda interior y favorecer la creación de empleo.
