La aprobación del dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política mexicana en materia de paridad de género marca un momento histórico para la vida democrática de nuestro país y un logro sin precedentes para las mujeres mexicanas, quienes durante décadas han dado una larga batalla para que se garantice su legítimo derecho a participar en la toma de decisiones públicas de México.

Esta reforma constitucional es un paso fundamental para asegurar que las mujeres ocupen la mitad de los cargos de decisión en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

Tras siglos de que las mujeres no han sido nombradas ni visibilizadas la actual Reforma Constitucional que toma la paridad como principio, representa también un avance en relación con el uso del lenguaje incluyente al remplazar el término “ciudadano” por “ciudadanía”, “senadores” por “senadurías” o “candidatos” por “candidaturas”.

El principio de paridad de género en nuestra Carta Magna responde al principio fundamental de justicia y de democracia. El INMUJERES tiene la convicción de que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados, y posteriormente, los congresos en los estados, con firme compromiso y voluntad política aprobarán esta reforma que representa un paso fundamental hacia la consolidación de una democracia participativa, incluyente, representativa y plural.

Si bien, el reciente dictamen en materia de paridad de género es un importante avance, aún tenemos mucho por delante. Se necesitan cambios estructurales, como cambiar la cultura institucional en favor de la igualdad de género y adoptar medidas que permitan la conciliación de la vida laboral, familiar y profesional, para que las mujeres tengan una participación política paritaria, real y efectiva y sin ningún tipo de discriminación.