Los funcionarios portugueses están este viernes en huelga en todo el país. Un paro general que ha tenido un fuerte respaldo en escuelas, hospitales, servicios municipales y de limpieza, según los sindicatos CGTP y UGT, organizadores de la protesta. Esta fue convocada después de que el Gobierno socialista de António Costa decidiese aumentar la remuneración base del funcionariado hasta los 635 euros, una subida que solo llegará a los sueldos más bajos. Dejará fuera a 630.000 de los 670.000 empleados públicos lusos, según los sindicatos, que exigen un aumento generalizado de los salarios de todo el funcionariado, congelados desde 2009.
Este mismo viernes, el Centro Democrático Social (CDS, centroderecha, principal partido de la oposición) ha presentado una moción de censura contra el Ejecutivo de Costa, formado por su partido, el Socialista, el Comunista y el Bloco de Esquerda, por la degradación de los servicios públicos y la falta de diálogo. “El Gobierno está agotado, falla a las personas”, ha declarado la tarde de este viernes Assunção Cristas, líder del CDS. La huelga de funcionarios de este viernes es la enésima de una oleada de paros y protestas protagonizados anteriormente por profesores, jueces, ferroviarios, personal penitenciario, médicos y enfermeros. En este último caso, el Gobierno acabó con la huelga por decreto ley.
Las huelgas, con cumplimiento de servicios mínimos o no —como la de los enfermeros—, son frecuentes en Portugal, pero en este caso las centrales CGTP y UGT han logrado la práctica movilización nacional de los funcionarios. Según los datos de la coordinadora del paro, Frente Común, el seguimiento es del 80% a nivel nacional. Su portavoz, Ana Avoila, ha avisado: “No vamos a desistir de luchar hasta las elecciones [generales]”, previstas en octubre.
Los sindicatos se han tomado muy en serio las promesas de Costa, que en su toma de posesión al frente del tripartito, en 2015, dio por acabados los recortes y la etapa de austeridad que obligó al anterior Ejecutivo, liderado por el CDS, a ejecutar numerosos ajustes a instancias de Bruselas. Con un crecimiento anual por encima de la media de la Unión Europea (2,1% en 2018), y ya en el último año de la legislatura de Costa, los sindicatos refuerzan sus exigencias para recuperar derechos perdidos durante la intervención de la troika (Comisión Europea, FMI y BCE) entre 2011 y 2014.
Además de la subida de sueldo, los funcionarios piden más nuevas contrataciones en los servicios públicos y, sobre todo, recuperar los nueve años de congelación salarial. Estas demandas constituyen la piedra angular de las negociaciones, pero cuestan mucho dinero al Estado. Solo en Educación, el ministro de Finanzas ha calculado que una actualización salarial supondría un coste superior a los 800 millones. El Gobierno solo ofrece recuperar dos años.
Según la Federación Nacional de Profesores, la adhesión a la huelga en las escuelas es del 90%, principalmente en preescolar y primaria, donde los establecimientos han debido cerrar sus puertas por falta de profesores. En una veintena de hospitales, el seguimiento en el turno de noche ha oscilado entre el 75% y el 100%. Muchos servicios de limpieza no han funcionado por falta de basureros, especialmente en los alrededores de Lisboa.
La de este viernes es la segunda huelga general de la función pública portuguesa desde la llegada del Gobierno de Costa; la anterior fue en octubre pasado, con un seguimiento similar. En los últimos años las huelgas tienden a ser más focalizadas o sectoriales para causar un mayor impacto con menor movilización. Es el caso de la huelga de enfermeros de quirófanos, que retrasó decenas de intervenciones, o la de los guardias de prisiones, que pararon en vísperas navideñas; también un paro previo de los profesores, después de los exámenes, lo que retrasó la publicación de las notas.
