Vaya que resultó costoso el road show que hizo el director corporativo de Pemex, Alberto Velázquez, a Nueva York, hace casi mes y medio. Su presentación fue tan desastrosa, que después de dos horas de explicaciones chabacanas que provocaron cuestionamientos de inversionistas que le dijeron que desconocía la empresa, el costo de la deuda de la paraestatal se elevó 139 millones de dólares. El problema no era de él, dijeron los inversionistas, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber designado a un incompetente.
En México no pasó nada en ese momento. López Obrador dijo que les había ido muy bien, y que habían generado confianza y certidumbre. No era cierto. Fitch Ratings redujo la calificación de la deuda de Pemex este martes a nivel casi de bonos especulativos, y lo colocó en el umbral del abismo financiero. Pero el presidente optó por una fuga hacia delante. En su conferencia de prensa del miércoles, el presidente estalló contra Fitch y contra las calificadoras en general, a las que acusó tácitamente de haber sido cómplices de la crisis de Pemex. Su postura fue ideológica, no técnica.
El road show mexicano fue contraproducente para los objetivos que buscaba, tranquilizar a los mercados. Para organizarlo, la Secretaría de Hacienda contrató a Barclays, el banco de inversión, un apoyo que es normal cuando un gobierno necesita hablar con inversionistas. Lo que fue inusual es lo que sucedió después. Las presentaciones dejaron tanto que desear, revelaron personas que estuvieron presentes, que Barclays tuvo que hacer un control de daños para evitar afectación en su prestigio. La principal fue sacrificar a quien lo contrató, el gobierno de México. No muchas horas después de que se fuera la delegación mexicana, Barclays envió un informe de 33 páginas a sus clientes donde la prospectiva era terrible desde el título, “Pemex, un crudo despertar”.
El documento muestra los análisis negativos de Barclays y recuerda que Pemex tuvo una gestión “extremadamente desfavorable” en 2018. Altamente revelador fue que mencionaran que los mercados comenzaron a tomar posiciones de cautela en México en la medida en que se iba afianzando la candidatura de López Obrador –las amenazas de cancelación de la reforma energética eran el contexto–, cuya incertidumbre pareció disiparse con una mejora en el valor de los activos de riesgo de corto plazo durante la jornada electoral y el siguiente mes. Sin embargo, describe Barclays, la consulta para cancelar el aeropuerto en Texcoco, tuvo como consecuencia una “feroz” venta de bonos de Pemex, que marcó el fin de aquella burbuja de entusiasmo.
Esa reacción de los mercados fue menospreciada por López Obrador y su equipo, que no imaginaron –o entraron en negación– el impacto que tendría en el mundo. En las reuniones que organizó Barclays al nuevo gobierno mexicano, los inversionistas criticaron a Velázquez y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque, dijeron, no entendían los mercados ni conocían bien Pemex. A los dos les dijeron que los números que les habían presentado no cuadraban con sus propias estimaciones, por lo que pensaban que la inversión prevista en Pemex y la recuperación calculada, eran insuficientes. No les hizo caso López Obrador y en las explicaciones de la baja de calificación de Fitch, esas fueron dos de las variables más importantes para su decisión.
Barclays anticipó en su reporte que Fitch reduciría dos grados la calificación de Pemex, ante el deterioro en los fundamentales de la macroeconomía, que refuta la Secretaría de Hacienda, al sostener que el Presupuesto está construido de manera sólida. Pero la creencia en los mercados, como se lo dijeron a Urzúa en Nueva York, es que no veían que el lenguaje que utilizaba Hacienda fuera el mismo que tiene el resto del gobierno y el Congreso. Cuando difundieron el reporte, aún no se daba la crisis del abasto ni mostraba el gobierno sus enormes limitaciones y habilidades para resolver un problema de logística.
No ha ayudado tampoco la forma como el presidente López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, fueron vehementes en negar que se habían reducido las importaciones de hidrocarburos, y se pelearon con el periódico The Wall Street Journal porque publicó los informes de los expertos en Estados Unidos que así lo señalaban. López Obrador se llegó a mofar del Journal, aunque dos semanas después, con datos de Pemex, el gobierno tuvo que reconocer que el periódico neoyorquino tenía razón. La sorna contra el gobierno mexicano se dejó sentir en Manhattan.
Las decisiones de López Obrador, siendo muy generoso, han sido equivocadas y contraproducentes en materia energética. La instrucción para que Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pidieran a sus contrapartes durante la transición que suspendieran las compras de combustible para ir reduciendo la dependencia de Estados Unidos, provocó parte del desabasto al no tener un plan para compensar esas pérdidas. Los montos de inversión en refinerías tampoco gustaron a los mercados y generaron dudas sobre el rigor fiscal presupuestal.
La baja de calificación de Fitch es una fuerte llamada de atención a México. Pero López Obrador no lo ve así. En su conferencia de prensa del miércoles llamó “hipócritas” a las calificadoras porque permitieron el “saqueo”, avalaron la reforma energética y “nunca dijeron nada de por qué no se incrementó la inversión en Pemex”. Los datos que usó el presidente, sin embargo, están mal. Por ejemplo, la inversión dentro de la reforma energética asciende a 185 mil millones de pesos hasta ahora. Pero eso no es lo grave. Pelearse con las calificadoras es confrontar a los mercados, una lucha que nadie, en cuando menos 30 años, ha ganado.