DURANGO.— Cada temporada de lluvias devuelve a la ciudad una fotografía conocida: calles anegadas, cruceros intransitables, vehículos varados y viviendas amenazadas por el agua. Después de cuatro informes de gobierno, la pregunta ya no es cuánto se ha invertido en infraestructura hidráulica, sino cuánto se destinó específicamente a impedir que Durango siga inundándose.
La diferencia importa. Agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial pueden aparecer dentro de una misma gran bolsa de infraestructura hidrosanitaria, pero no resuelven el mismo problema. Llevar agua a una vivienda no evita una inundación; tampoco lo hace necesariamente una red destinada a conducir aguas residuales.
El Primer Informe ya reconocía esa doble función del alcantarillado y reportaba 11 obras por 25.76 millones de pesos. Sin embargo, las acciones descritas se concentraban en redes de atarjeas, descargas domiciliarias y la rehabilitación del Colector San Ignacio en Gómez Palacio; el documento no separaba cuánto de aquella inversión correspondía específicamente al desalojo de agua de lluvia.
El patrón continuó. Para el tercer año, el gobierno reportaba 54 obras y acciones hidrosanitarias, distribuidas entre agua potable, alcantarillado y saneamiento, fundamentalmente orientadas a ampliar la cobertura de servicios.
593 MILLONES NO SON PARA EVITAR INUNDACIONES
El Cuarto Informe coloca una cifra considerable: 593.5 millones de pesos en infraestructura hidrosanitaria. Pero leerla como inversión contra inundaciones sería incorrecto.
La bolsa específica que desglosa CAED asciende a 473.48 millones de pesos: 52.9% se destinó a agua potable, 27.8% a saneamiento y 19.3% a alcantarillado. El documento no presenta una categoría presupuestaria independiente que permita conocer de inmediato cuánto corresponde exclusivamente a drenaje pluvial o prevención de inundaciones.
Y ahí aparece el primer hallazgo: la magnitud de la inversión hidráulica reportada durante estos cuatro años no permite medir por sí misma cuánto se ha invertido para que Durango deje de inundarse.
Para conocerlo hay que buscar las obras específicamente pluviales.
LAS GRANDES OBRAS APARECEN EN 2026
Es en el cuarto año cuando encontramos claramente identificadas dos intervenciones dirigidas al problema de las inundaciones en la capital.
El Cuarto Informe registra el Colector Pluvial Andrómeda-Valle de Cristo, una infraestructura diseñada para desalojar grandes volúmenes de lluvia y mitigar inundaciones. Le atribuye una inversión de 39 millones de pesos, con participación estatal y municipal, y 227 mil beneficiarios.
Pero el calendario aporta un dato fundamental: la primera etapa del colector Andrómeda fue licitada por Aguas del Municipio de Durango el 26 de julio de 2026 y la segunda por CAED el 20 de agosto de 2026.
La otra intervención es el Colector e Interceptor Pluvial Jalisco-Camino Real, incorporado al Programa Anual de Obra Pública estatal de 2026 y licitado en enero de ese año.
La obra representa 12 millones de pesos de inversión conjunta entre Estado y Municipio y alrededor de 1.2 kilómetros de infraestructura. Pero el dato que dimensiona el rezago lo aporta el propio Gobierno del Estado: fue construida para enfrentar inundaciones que afectaban a familias de esa zona desde hacía más de 40 años.
Entre Andrómeda y Jalisco-Camino Real suman 51 millones de pesos de inversión reportada.
No puede afirmarse que esos 51 millones constituyan toda la inversión pluvial realizada durante la administración: los informes contienen otras intervenciones, trabajos de limpieza, rectificación de cauces y obras que pueden tener algún componente preventivo. Pero sí son dos de las obras específicamente identificadas como pluviales y destinadas a reducir inundaciones que adquieren protagonismo en 2026.
EL RIESGO YA ESTÁ IDENTIFICADO
El propio Cuarto Informe reconoce que el problema persiste. La actualización del Atlas de Riesgos incorporó información específica sobre municipios con inundaciones y localidades con antecedentes de afectaciones por su cercanía a los principales ríos.
También reporta limpieza y rectificación de ríos y arroyos para ampliar su capacidad de conducción y disminuir el riesgo de inundación en asentamientos vulnerables.
Es decir, el riesgo está diagnosticado y localizado.
Lo que no aparece con la misma claridad en los cuatro informes es una política integral de infraestructura pluvial que permita seguir, año por año, los puntos críticos de inundación, las obras necesarias, su costo, las zonas atendidas y, sobre todo, cuántos de esos puntos dejaron efectivamente de inundarse.
EL DATO QUE FALTA
Después de cuatro informes, el Gobierno puede documentar cuánto ha invertido en agua potable, saneamiento y alcantarillado. Puede contabilizar kilómetros de redes, colectores, pozos, plantas y beneficiarios.
Pero frente a las inundaciones recurrentes queda una cuenta mucho más específica:
¿Cuánto se ha invertido realmente en infraestructura pluvial y cuántos puntos históricos de inundación han sido eliminados?
Las obras de Andrómeda y Jalisco-Camino Real muestran que el problema comenzó a recibir intervenciones de mayor escala. También muestran el tiempo transcurrido: ambas toman forma en 2026, durante el cuarto año de gobierno.
Por eso, el dato relevante no son los 593.5 millones de pesos de infraestructura hidrosanitaria. La medida será cuánta obra fue diseñada expresamente para conducir la lluvia antes de que llegue a las viviendas y cuántas colonias dejarán de inundarse cuando vuelva a caer una tormenta.
Porque en materia pluvial, el resultado no se mide por la inversión anunciada.
Se mide cuando llueve y el agua ya no entra.
