DURANGO, DGO.- A cuatro años del inicio de la administración de Esteban Villegas Villarreal, Durango continúa sin un programa estatal integral de infraestructura pluvial que permita anticipar inundaciones, ordenar las intervenciones y atender las zonas de mayor riesgo antes de que ocurran nuevas emergencias.
El informe gubernamental agrupa una inversión de 593.57 millones de pesos en 130 obras hidrosanitarias. La cifra, sin embargo, reúne acciones de agua potable, drenaje, saneamiento y conducción, por lo que no permite conocer cuánto se destinó específicamente a infraestructura pluvial ni cuáles fueron los resultados obtenidos en prevención de inundaciones.
Entre las intervenciones reportadas aparecen el colector Jalisco–Camino Real, con 11.68 millones de pesos, y el colector Andrómeda–Valle de Cristo, con 39 millones. Son obras necesarias para puntos concretos, pero no constituyen por sí mismas una estrategia estatal que conecte diagnósticos, mapas de riesgo, cuencas, cauces, colectores y mantenimiento preventivo.
El caso del colector Jalisco exhibe además el carácter reactivo de la política pública: la intervención llegó después de más de cuatro décadas de inundaciones y afectaciones para las familias de la zona. La obra atiende un rezago histórico, pero también evidencia que el gobierno sigue actuando sobre daños acumulados y no mediante una planeación preventiva de alcance estatal.
La tragedia registrada en Guanaceví, donde tres trabajadores mineros murieron después de que la corriente de un arroyo arrastrara los vehículos en los que viajaban, vuelve a mostrar la dimensión humana de los riesgos asociados con lluvias intensas y crecientes repentinas. El hecho no puede atribuirse automáticamente a la ausencia de una obra específica, pero obliga a revisar si existen diagnósticos, alertas, rutas seguras e intervenciones preventivas suficientes en las distintas regiones.
El problema no es que no se hayan construido obras, sino que las acciones permanecen dispersas. En los informes no aparece un programa integral con presupuesto propio, diagnóstico territorial, prioridades públicas, calendario de ejecución, metas verificables y mecanismos para evaluar si disminuyeron los riesgos para la población.
Después de cuatro años, Durango puede enumerar colectores y obras hidrosanitarias, pero todavía no acredita una política estatal capaz de anticiparse a las lluvias. Mientras la prevención no se convierta en un sistema y en una obligación presupuestal, el gobierno continuará llegando después del daño.
