Un juez de Primera Instancia fue detenido con un millón de pesos en efectivo. Presuntamente pretendía entregarlo a un servidor público para influir en la reclasificación de diversas causas penales.
El hecho, por sí mismo, es suficientemente grave. Pero puede ser apenas la primera puerta hacia una historia mucho más profunda: la posible penetración de intereses criminales en los espacios donde se legaliza la propiedad, se integran las investigaciones y se administra la justicia.
La Fiscalía Anticorrupción no ha informado públicamente a qué causas penales se pretendía modificar ni quiénes resultarían beneficiados.
Sin embargo, versiones periodísticas relacionan el intento de soborno con los expedientes de Juan Antonio “N”, notario público número 15 de Gómez Palacio, detenido por su presunta participación en delitos patrimoniales. Esa vinculación todavía no ha sido confirmada oficialmente y deberá tratarse como lo que es: una línea de investigación pendiente de acreditarse.
Pero no puede ignorarse.
Porque los procesos abiertos contra notarios en Durango y Gómez Palacio no surgieron de simples irregularidades administrativas. Las investigaciones hablan de presuntos despojos, poderes falsos, suplantación de identidad, operaciones inmobiliarias irregulares y asociación delictuosa.
Las detenciones se realizaron mediante operativos en los que participaron autoridades estatales y corporaciones federales. Alrededor de esos casos circula, además, una versión todavía no probada judicialmente: que algunos de los despojos podrían estar relacionados con intereses del crimen organizado.
No existe hasta ahora una sentencia que permita afirmar que los notarios actuaron para el narcotráfico. Tampoco está acreditado que el millón asegurado al juez tenga origen criminal.
Pero el periodismo no sólo debe registrar aquello que las autoridades deciden confirmar. También está obligado a identificar las conexiones posibles, formular las preguntas incómodas y exigir que las investigaciones no se detengan en el eslabón más visible.
La pregunta central es inevitable:
¿El millón pretendía proteger solamente a un notario acusado de delitos patrimoniales o impedir que las investigaciones llegaran hasta quienes se beneficiaron realmente del despojo de propiedades?
Un inmueble no se convierte en patrimonio criminal únicamente porque alguien lo ocupa por la fuerza.
Para apropiárselo de manera duradera se requieren documentos, poderes, firmas, sellos, registros y resoluciones que le otorguen una apariencia de legalidad.
Las armas pueden expulsar al propietario. Pero para borrar su nombre y sustituirlo por otro se necesita penetrar las instituciones.
La cadena podría comenzar con el despojo, continuar con documentos falsos, encontrar validación en una notaría y terminar protegida mediante la manipulación de una causa penal.
Eso colocaría al Poder Judicial en el punto más delicado del proceso.
El narcotráfico ya no necesita presentarse con armas largas en los tribunales. Le basta con encontrar intermediarios capaces de intervenir en expedientes, modificar clasificaciones jurídicas o conseguir decisiones favorables para quienes operan en su beneficio.
La penetración criminal alcanza su nivel más peligroso cuando deja de confrontar al Estado desde afuera y comienza a utilizar sus facultades desde adentro.
Por eso el juez detenido no puede ser presentado como el final de la investigación.
Falta saber quién entregó el millón, de dónde salió, qué causas se pretendían reclasificar, qué cambiaría jurídicamente con esa decisión y quiénes esperaban obtener un beneficio.
También deberá establecerse si existieron operaciones anteriores, si otros expedientes siguieron rutas semejantes y si las resoluciones emitidas en asuntos relacionados deben ser revisadas.
La cantidad asegurada permite dimensionar el tamaño de los intereses en juego.
Nadie entrega un millón de pesos para corregir un detalle menor. Si la acusación se acredita, alguien consideró que alterar el curso de la justicia valía esa suma y encontró a quien presuntamente estaba dispuesto a intentarlo.
La Fiscalía Anticorrupción tiene ante sí la posibilidad de demostrar si realmente investigará la red completa o concentrará toda la responsabilidad en un solo juzgador.
El Poder Judicial tampoco puede limitarse a deslindarse de Margarito “N” y presentar el caso como una conducta estrictamente personal. Debe informar qué asuntos se encontraban bajo su supervisión, qué controles internos existen y si revisará las decisiones relacionadas con las causas investigadas.
La presunción de inocencia debe respetarse para todas las personas involucradas. Pero respetarla no significa renunciar a investigar el posible entramado que aparece detrás del millón.
Mucho menos cuando el caso puede conectarse con despojos inmobiliarios, operaciones notariales y versiones persistentes sobre la intervención de intereses criminales.
Hasta ahora sólo se ha descubierto el dinero.
Faltan sus dueños, sus destinatarios y sus beneficiarios.
Porque el verdadero poder del narcotráfico no se mide únicamente por la cantidad de territorio que controla o por el arsenal que acumula.
También se mide por su capacidad para conseguir que una notaría convierta el despojo en escritura, que una institución lo registre y que un expediente judicial proteja el resultado.
Las armas pueden tomar una propiedad.
Para convertirla en patrimonio se necesitan firmas, sellos y complicidades.
Y si el millón conduce hasta ellas, podríamos estar ante la evidencia de que el narco ya no solamente ronda los tribunales.
También encontró la puerta de algunos escritorios.
