Mientras sigue consistente la disminución de homicidios dolosos en las cifras gubernamentales, tres datos están haciendo saltar las alarmas: la violencia social, las agresiones contra políticos y los ataques a madres buscadoras y a líderes sociales.
Es posible que detrás de la agresión armada contra el diseñador del último traje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el grito del 15 de septiembre pueda contener elementos que obedezcan a una lógica no estrictamente política, pero el mensaje que está dejando es ya el uso de la violencia ante la incapacidad de las reglas políticas democráticas para estabilizar las relaciones que se derivan de la convivencia social y del reparto político del poder.
Y si a ello se agregan las primeras evidencias de que el partido en el poder está incumpliendo con las reglas de la democracia en competencia abierta y bajo vigilancia de las instituciones encargadas de las expresiones electorales, entonces habrá que esperar lo que ya no será inesperado: Estados Unidos abrió el expediente de la participación del crimen organizado en procesos electorales mexicanos para beneficiar aquellos candidatos que se sometan a las necesidades de los cárteles, de las bandas o simplemente de los grupos delictivos con capacidad y fuerza.
La pérdida de la estabilidad en seguridad en el núcleo primario de las comunidades organizadas a nivel municipal sigue recordando que no habrá recuperación del territorio si el gobierno federal como obligación prioritaria no atiende lo que desde 2008 se estableció el factor primordial de la inseguridad: las policías municipales. Y sin ser muy estricto, una evaluación del estado actual de esas organizaciones de seguridad en su núcleo primario lleva a la conclusión de que la situación está peor hoy que hace 20 años e inclusive mucho peor hace casi 50 años en que las autoridades se encontraron que el primer círculo de complicidad de policías delincuentes estaba de gobiernos municipales.
Los primeros datos sobre la agresión a balazos a la casa del encargado del diseño del vestido presidencial no deben ser desdeñado en las estructuras de seguridad pública, por más que se explique que a veces desdramatizar conflictos ayuda a evitar mayores agudizaciones de violencias sociales.
Los datos oficiales en materia de homicidios dolosos tampoco logran ocultar las evidencias crecientes de luchas entre bandas criminales por el control territorial de una sociedad que ya perdió el tejido social, que carece de fuerzas políticas vivas y podría decirse que absolutamente todas las policías municipales están pactadas o controladas por bandas delictivas.
La extorsión, el robo en las calles, el asalto a casas, el cobro de derecho de piso y la venta de protección forman parte de la problemática de seguridad en materia de fuero común, toda vez que el fuero federal finalmente decidió soltar a sus fuerzas de seguridad para todavía no desmantelar a las bandas del crimen organizado, pero sí comenzar a cerrarle espacios sociales de participación.
La desarticulación de cárteles y bandas delictivas por efecto de la acción pública ha descuidado lo que podría considerarse el efecto cucaracha: sin grandes jefes que controlen y administren el gran negocio de las drogas, los cuadros bajos e intermedios también se están desperdigando en pequeñas bandas dedicadas a delitos de fuero común que no alcanzarían caracterizaciones de crimen organizado ni de fuero federal.
Las presiones de Estados Unidos sobre México en materia de narcotráfico tampoco están atendiendo el nivel básico de fuero común y sólo están insistiendo en complicidades entre figuras políticas y células funcionales de cárteles del narcotráfico.
Los partidos políticos se compiten por gubernaturas, alcaldías y niveles legislativos estatales y federales también están perdiendo la oportunidad de atender las demandas de la sociedad en materia de seguridad de fuero común en el primer piso de las comunidades municipales. No se advierte la existencia de ningún programa especial de capacitación o siquiera de un mayor y más estricto control de los expedientes de agentes policíacos a nivel municipal, y sigue persistiendo el gravísimo problema de policías que son expulsados en un municipio y aparecen en otras zonas realizando las mismas trapacerías de siempre.
La Estrategia de Seguridad Pública del presidente López Obrador se comprometió no sólo a poner orden en policías municipales como punto de partida para una gran reorganización de seguridad a nivel nacional, sino que obligó de manera legal a los gobernadores a presentar reportes del Estado en que se encuentran sus fuerzas de seguridad, pero nadie en estructura actual del poder legislativo se ha preocupado por llamarlos a cuentas.
Si los partidos descuidan la seguridad municipal, las elecciones podrían dar sorpresas opositoras.
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@carlosramirezh
