Los vamos a demoler, a destruir, sentenció el secretario de Estado, Marco Rubio, definiendo que lo que comenzaron este miércoles fue una “cacería” contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El tono de las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y su red de protección dentro de la clase política no tiene precedentes en la forma en que se han expresado sobre alguna otra organización criminal. Los vamos a demoler, a destruir, sentenció el secretario de Estado, Marco Rubio, definiendo que lo que comenzaron este miércoles fue una “cacería” contra el grupo. No será solo por la vía del combate policial y militar. Será también político, dentro y fuera de México, lanzando un aviso ominoso a la presidenta Claudia Sheinbaum, presionándola para que actúe contra políticos vinculados con el crimen organizado.
El CJNG surgió hace casi dos décadas tras el abatimiento de una de las figuras legendarias del Cártel del Pacífico y la Federación de organizaciones criminales, Ignacio Coronel, por parte del Ejército en Zapopan, cuando su lugarteniente Nemesio Oseguera, El Mencho, le dio la espalda y profundizó la traición de Joaquín El Chapo Guzmán a su viejo aliado y pariente político. Fundó un cártel que ha sostenido y ampliado su poder mediante el terror y la corrupción, lo que incluye tener como aliados, afirmó el director de la DEA, Terry Cole, “a miembros del gobierno de México”.
Sin el apoyo de esos funcionarios federales en México, estiman en Washington, el CJNG no sería lo que es hoy, una amenaza real a la seguridad nacional de Estados Unidos, cuya lucha se ha vuelto prioritaria. El apoyo de importantes miembros de la ‘4T’ que señala no debería seguir siendo minimizado. Buscar su destrucción es respuesta a sus oscuros vínculos con el Ejército ruso, donde encontraron a un venezolano y un colombiano que pelearon con sus fuerzas de élite aerotransportadas en Ucrania, que los capacitó en el manejo de drones que operan sin radiodifusión y que no emiten señales, lo que los hace más difíciles de detectar y neutralizar.
La variable rusa es uno de los factores que llevaron al escalamiento contra el CJNG. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos le envió un reporte al mexicano sobre el activismo del personal diplomático ruso en México, que empezó a incrementarse en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó una queja del exembajador y hoy secretario de Estado adjunto, Christopher Landau, en Palacio Nacional, al señalar que Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, había entregado a los rusos los nombres de los agentes de inteligencia estadounidenses en México. En el reporte entregado hace unos días se mencionó que existía una sobrerrepresentación de entre 15 y 20% del personal diplomático ruso en este país.
Hasta este momento no ha habido ninguna reacción del gobierno mexicano y, aunque no se conocen vínculos de Sheinbaum con funcionarios rusos, está rodeada de colaboradores que sí los tienen. Dos de ellos trabajan con ella en la Presidencia: Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de asesores. Otros con lazos con el Kremlin son Mario Delgado, secretario de Educación, y Andrés López Beltrán, que buscará una diputación por Tabasco.
La geopolítica juega con la política interna, pero la presidencia no atiende la primera y, ante los ojos de los estadounidenses, es laxa con la segunda, donde se cruzan Rusia, el CJNG y los políticos de la ‘4T’ presuntamente vinculados con ellos.
Aunque las vinculaciones más importantes del obradorismo fueron con el Cártel de Sinaloa, el CJNG se expandió durante el sexenio de López Obrador en el sur y sureste del país, durante los gobiernos en Tabasco y Chiapas de dos de los más cercanos al expresidente: Adán Augusto López Hernández, actualmente senador, y Rutilio Escandón, cónsul en Miami. Ambos son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos. El senador es la persona sobre quien más han pedido a la presidenta que abra un proceso legal en su contra.
No se ha iniciado ningún proceso en su contra, aunque están abiertas varias investigaciones. Durante su gobierno en Tabasco, nombró secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, quien fundó la organización criminal La Barredora, que se volvió el brazo armado del CJNG en toda esa región. Escandón permitió desde el gobierno de Chiapas que se extendiera a su territorio, provocando una guerra interminable al enfrentarse por los territorios al Cártel de Sinaloa y a sus escisiones guatemaltecas en la frontera entre los dos países.
Las declaraciones de Rubio y Cole del miércoles deben verse como complementarias. El primero presentó el alcance de las acciones que tomarán para acabar con el CJNG, mientras que el segundo mostró el rango de los objetivos, que trascienden a quienes sean miembros o hagan negocios con esa organización, y apunta al corazón institucional de la ‘4T’, que es el gobierno federal. La presidenta no reaccionó a la revigorizada postura en Washington y se fue por una vía lateral: la suspensión, ese mismo día, de las actividades de los inspectores estadounidenses que revisan la forma en que se empaqueta el aguacate de exportación a su país, por amenazas a su personal.
Se reforzará la seguridad, dijo, pero difícilmente le creerán por los antecedentes. No pudo con la extorsión de los aguacateros en Michoacán, donde le pidieron que actuara, ni mostró ir en serio cuando anunció una estrategia de seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado. Sheinbaum, contra lo que había hecho en otros estados, hizo de lado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y nombró responsable de la estrategia al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Fue una pésima señal.
De acuerdo con información de inteligencia en México y Estados Unidos, Ramírez Bedolla no era parte del problema, sino el problema. La estrategia no funcionó y, entre sus sabotajes, el gobernador bloqueó a los estadounidenses en sus esfuerzos por mejorar la seguridad en Michoacán, coordinados con las autoridades federales.
Sheinbaum no parece comprender lo que dibujó la administración Trump el miércoles, cuando, una vez más, le tendieron un puente. Cole, que conoce de la relación de decenas de políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado, reiteró que tienen una gran comunicación con García Harfuch, con quien están trabajando, por lo que deberían releer en Palacio Nacional sus declaraciones y las de Rubio para decodificar quiénes son los objetivos prioritarios y entender que, con o sin la cooperación del gobierno, seguirán adelante.
