Mientras el gobierno presume indicadores y rankings de seguridad, la realidad dejó otra postal durante la última semana: un enfrentamiento en Praxedis, un agente federal muerto, armamento de alto poder asegurado, un lanzagranadas decomisado en la capital y un operativo militar con intercambio de disparos en el poblado Casablanca, sobre la carretera Durango–Parral.
No se trata de negar que Durango mantiene mejores condiciones que otras entidades del país. Se trata de reconocer que los convoyes militares, los códigos rojos y los operativos especiales no aparecen por generación espontánea. Aparecen porque existen amenazas que siguen obligando al Estado a desplegar fuerza, inteligencia y recursos para contenerlas.
El riesgo de toda narrativa exitosa es terminar creyéndola completa. La seguridad no se construye únicamente con estadísticas; también se mide en las carreteras que recorren miles de familias, en las comunidades donde irrumpen los operativos y en la certeza de que la tranquilidad no depende de la presencia permanente de soldados y patrullas.
Los hechos de los últimos días no describen un estado en crisis. Pero tampoco permiten sostener la imagen de un estado ajeno a los problemas que golpean a buena parte del norte del país. La diferencia entre una política pública y una campaña de comunicación es que la primera responde preguntas incómodas; la segunda intenta evitarlas.
Durango merece menos fotografías de la tranquilidad y más explicaciones sobre los riesgos. Menos narrativa y más realidad. Menos boletines y más certezas.
“La seguridad no se presume: se demuestra.”.
