DURANGO, DGO.- Autoridades estatales sancionaron al Sindicato Alianza tras confirmar cobros indebidos en el transporte público de la capital de Durango. La irregularidad consistía en el aumento de un peso en la tarifa preferencial, la cual legalmente debe mantenerse en 7 pesos para estudiantes y adultos mayores.
La intervención de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes se dio tras múltiples denuncias ciudadanas. El ajuste aparentemente menor —de +1 peso— implica, en términos acumulados, un impacto directo en sectores vulnerables que dependen del transporte diario para actividades escolares y laborales.
El dato clave es la señal política: el gobierno busca marcar control sobre concesionarios en un contexto donde el transporte público enfrenta presión por costos operativos. Sin embargo, el conflicto evidencia una tensión latente entre regulación y rentabilidad del servicio, que podría escalar si no se revisa integralmente el modelo tarifario.
