La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una investigación por fraude fiscal contra una red de empresas que ha obtenido contratos por alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Según la FGR, dichas empresas venden al Ejército uniformes, telas, maquinaria, colorantes e insumos, incluidas refacciones y armamento. En un contrato, por ejemplo, se detectó un sobreprecio de 175.6 millones de pesos.
Documentos oficiales consultados por este diario revelan que son nueve las empresas que han cerrado más de 60 contratos con la Defensa y, de acuerdo con la fiscalía, han incurrido en un esquema diseñado para simular operaciones financieras.
Por ello, se ejerció acción penal contra Mario Alfonso ‘N’, vinculado a proceso el 9 de abril pasado, dentro de la causa penal 448/2025.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, el juez dio tres meses para la investigación complementaria, plazo que está próximo a vencer, y permitió al imputado seguir su proceso en libertad.
El empresario y otros integrantes de su familia, como su medio hermano Eduardo Alejandro ‘N’ y su madre Patricia ‘N’, juntos o por separado, figuran como accionistas o representantes legales de empresas constituidas entre 2008 y 2013.
Y aunque desde aquellos años habían tenido contratos con la Defensa, fue durante la ‘4T’ cuando se multiplicaron. A partir de 2019 lograron 44 contratos por más de tres mil millones de pesos.
La investigación de la FGR se originó en una serie de auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual identificó triangulación de recursos con empresas fantasma por 200 millones de pesos y determinó créditos fiscales por 179 millones de pesos.
A Nicela, por ejemplo, se le aplicó el procedimiento GAD-85000. Y en mayo de 2022 el SAT determinó un crédito fiscal por 98.1 millones de pesos, al detectar operaciones simuladas de la empresa por 130 millones de pesos.
Intman es otra empresa auditada, con el proceso GAD9000007/21, y el SAT le determinó un crédito fiscal por 95.7 millones de pesos, al identificar operaciones simuladas por 40 millones de pesos.
Otras empresas con créditos fiscales por entre 1.1 millones y 4.6 millones son Introm Textil, Caroem Construcciones y Opera- dora Safrat.
Nicela e Intman impugnaron mediante juicios de nulidad, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó los créditos fiscales.
Además, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en abril pasado, negó el amparo 385/2025 por el caso de Nicela.
En ambas instancias se determinó que el SAT acreditó que la empresa carecía de trabajadores o capacidad material para prestar los servicios facturados, y realizó peraciones con empresas que carecían de activos.
