Operación acordeón, validada.

Julio Hernández López | Astillero

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No fue por unanimidad la declaratoria de validez de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cinco de 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) votaron en contra; entre los seis que lo hicieron a favor estuvo la propia consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En la sesión dominical del INE, el consejero Arturo Castillo señaló irregularidades (prácticas que creíamos desterradas) en 818 mesas receptoras de voto (0.97 por ciento). Además, el elefante en la sala: los acordeones repartidos a nivel nacional que, según se indicó, indujeron la votación de tal manera que 80 por ciento de los resultados coincidieron con tales impresos en cuanto a la Corte, el tribunal disciplinario y los magistrados electorales y en 85 por ciento en salas regionales (con excepción de la que tiene su sede en Toluca).

A pesar de tales señalamientos (y de la indicativa baja votación y, dentro de esta, el alto número de votos nulos), la votación final fue seis a cinco y, por tanto, ayer mismo se entregaron las constancias correspondientes. Quien presidirá la Corte, Hugo Aguilar, pidió un voto de confianza para la nueva integración del máximo tribunal nacional.

Formalmente, el tema de los acordeones queda sujeto a continuidad de las investigaciones que se hagan. Pero el tribunal electoral, instancia ante la cual se podría recurrir, está igualmente dominado por una aritmética oficialista (tres de cinco magistrados siguen la línea guinda). Así que, política y fácticamente, lo sustancial de la elección judicial queda validado.

En Puebla, el gobernador morenista-marinista Alejandro Armenta publicó este sábado en el Periódico Oficial del Estado, dándole vigencia inmediata, la reforma al Código Penal estatal que establece el delito de ciberasedio para castigar con cárcel y multa, conforme al modificado artículo 480 del ordenamiento citado, a quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional (https://goo.su/DuoH ).

La propuesta de reforma fue presentada al Congreso del estado de Puebla en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, quien entonces era diputado local (postulado por la vía plurinominal a nombre de Morena), cargo en el que duró tres meses, pues Armenta lo nombró coordinador de su gabinete.

Armenta ha sostenido una actitud agresiva contra medios y periodistas críticos. El 8 de abril insultó y difamó al director de e-consulta, Rodolfo Ruiz, a quien llamó cobarde y canalla, además de solicitar que se abriera una investigación judicial en su contra… ¡por señalamientos periodísticos que no había hecho Ruiz! El gobernador no se disculpó y sostiene una campaña de asfixia al medio.

El 27 de mayo encaró y quiso ridiculizar al reportero de Sin Máscaras, Sergio Vázquez, cuando este le preguntó por qué se permitía el encalado de árboles cuando la ley, cuyas modificaciones él mismo había publicado en el periódico oficial en diciembre pasado, prohibía tales acciones. Dios te bendiga, le dijo con aire corleonesco en varias ocasiones al reportero, para eludir más preguntas.

Luego ofreció disculpas flácidas al reportero, a la vez que anunciaba el envío de una propuesta al congreso estatal para que modificara lo aprobado cinco meses y medio atrás, iniciativa que obviamente se avaló al vapor. Ahora, ante las protestas contra la tipificación del ciberasedio, ha convocado a foros con ciudadanos y organizaciones para que opinen… sobre ese delito ya aprobado por el Congreso y promulgado por el propio gobernador.

Y, mientras se ha anunciado, en el contexto del G-7, que la presidenta Sheinbaum se reunirá durante una hora el próximo martes con el presidente Trump (con el tema de los migrantes en primer término), ¡hasta mañana!

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