Reforma de pensiones de AMLO pondría en riesgo finanzas de México al elevar gasto

Los especialistas advierten que seguir elevando el presupuesto en este rubro implicaría ‘descobijar’ rubros como salud y educación.

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De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones y las propuestas de las candidatas, el gasto presupuestal en este rubro se elevaría de 5.8 por ciento del PIB actualmente a 7.8 por ciento para 2030, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Alejandra Macías, directora del organismo, advirtió que el acelerado aumento de compromisos de gasto en pensiones puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y el financiamiento de otros derechos como la salud y educación. “Continuar incrementando esa proporción, implicaría seguir descobijando políticas públicas importantes, como la creación e implementación de un sistema de cuidados”, recalcó.

“Sin aprobar las iniciativas, ni implementar las propuestas, solo tomando en cuenta la dinámica poblacional y actualizaciones de montos por inflación, para 2030 dedicaríamos 7.1 por ciento del PIB a pagar pensiones de todo tipo”, dijo.

Añadió que si se aprueban las iniciativas de reformas constitucionales y se dan los aumentos “progresivos” a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM) de 15 por ciento cada año, en seis años el gasto en pensiones sería de 7.8 por ciento del PIB.

Resaltó que al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda proyecta que los ingresos públicos irán a la baja y para 2029 se ubicarían en 20.8 por ciento del PIB.

Ante el riesgo de un recorte en otros gastos indispensables y si no se crea un sistema de cuidados, se requiere, en todo caso, una reforma de pensiones profunda, en el marco de una reforma fiscal progresiva, recomendó.

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Avizoran ‘lío’ para 2050
El programa de PBAM ‘dejará un verdadero lío’ para las finanzas públicas, toda vez que para 2050 su costo se elevará a 2.08 billones de pesos, lo que significará un incremento en términos reales de 138.5 por ciento, desde su monto actual de 465 mil millones de pesos, advirtió Jesús Carrillo.

El director de Economía del IMCO explicó en entrevista que dicho costo se elevará porque las proyecciones del Conapo indican que para el 2050 el 25.7 por ciento de la población total del país tendrá 65 años o más, lo que será el doble de la cifra actual de 12.8 por ciento, toda vez que la pirámide poblacional se irá invirtiendo.

A las pensiones existentes se les debe sumar el envejecimiento de la población, que se va a ir dando en las próximas décadas, situación que genera un verdadero peso sobre las finanzas públicas, y esto se complica porque además, los ingresos no crecen, enfatizó.

Enrique Díaz-Infante, director del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, expresó que “el actual gobierno ya se acabó el espacio fiscal, lo que obligará a la próxima presidenta a hacer una reforma fiscal para poder operar”.

Funcionarios de Hacienda indicaron que ellos prevén que la consolidación fiscal del próximo año, es decir, la reducción del déficit fiscal del 5 por ciento del PIB al 2.5 por ciento, deberá hacerse por medio de recortes al gasto.

Sin embargo, Díaz-Infante indicó que “se observa que ya no hay mucha tela de donde cortar, sin lastimar la operación del gobierno”.

Sin riesgos a corto plazo
Carrillo descartó que en el corto plazo haya riesgo para la calificación crediticia de México, pero señaló que en el mediano plazo sí existe un riesgo de degradación, lo que dependerá de cómo se maneje el gasto, ante el bajo crecimiento de los ingresos tributarios y petroleros, así como su complemento, que es la deuda.

La calificadora Standard and Poor’s (S&P) reconoció que distintas reformas, como la introducción de la pensión mínima garantizada en 2020, sumada a las pensiones no contributivas, ya son un componente de la presión fiscal.

Sobre la iniciativa del 5 de febrero, del presidente López Obrador, de aumentar las tasas de reemplazo al 100 por ciento del último salario, la agencia calificadora afirmó “que no está claro en esta etapa si las fuentes de financiamiento previstas son suficientes para lograr el objetivo de la reforma, y si la reforma podría afectar nuestra evaluación fiscal del soberano”.