El Departamento de Justicia de Estados Unidos estudia la posibilidad de rebajar las acusaciones contra Julian Assange a cambio de que el cofundador de Wikileaks admita su culpabilidad, según ha publicado el diario The Wall Street Journal, que no especifica las fuentes de la información más allá de definirlas como “personas familiarizadas con el asunto”. El propósito de un pacto así sería evitar la extradición del exhacker, que lleva ya cinco años ingresado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres.
La Administración del presidente Joe Biden mantiene una acusación formal contra Assange impulsada por su predecesor, Donald Trump, por 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno de intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.
El abogado que representa al editor en EE UU, Barry J. Pollack, ha respondido a la información del diario con un escueto comunicado: “No resulta apropiado que los abogados del señor Assange realicen comentarios mientras su caso sigue pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia [de Inglaterra y Gales], más allá de afirmar que no hemos recibido indicación alguna de que el Departamento de Justicia [estadounidense] pretenda resolver el caso. EE UU sigue tan firme como siempre en su empeño de lograr la extradición, basándose en 18 delitos, y en obligarle a afrontar 175 años de cárcel”.
La advertencia de que “no resulta apropiado” hacer comentario alguno pone un colchón de precaución a la negación posterior de cualquier acuerdo, al tratarse de una posible negociación extrajudicial en la que nada estaría acordado hasta que todo estuviera atado definitivamente.
Dos magistrados británicos, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, deben decidir en las próximas semanas si conceden al cofundador de Wikileaks una última oportunidad de argumentar jurídicamente su causa ante la justicia británica, o si dan luz verde definitiva a su extradición a EE UU. La vista para resolver esta petición previa de posibilidad de recurso presentada por el equipo jurídico de Assange, celebrada a lo largo de dos sesiones a mediados de febrero, volvió a suscitar la atención mundial ante la situación del editor y generó una extensa campaña en defensa de la libertad de prensa. La presión a favor de su liberación no está tanto dirigida hacia los jueces, que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y británico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecución.
Si el Departamento de Justicia y los abogados de Assange llegaran al acuerdo sugerido por The Wall Street Journal, la hipotética admisión por parte del preso de delitos menos graves que los contemplados en la actual acusación tendría como consecuencia su inmediata liberación, al contarse los cinco años que lleva encerrado en la prisión de Belmarsh como tiempo ya cumplido de condena.
En una entrevista con EL PAÍS al finalizar la vista en Londres, la esposa del cofundador de Wikileaks, Stella Assange, explicó que la salud de su marido está muy deteriorada, y expresó su temor a que pueda acabar muriendo si es entregado a EE UU. Bien porque la Fiscalía decidiera, ya en territorio estadounidense, solicitar contra él la pena de muerte, o porque el propio Assange decidiera quitarse la vida.
