Una de las diferencias de la campaña electoral mexicana respecto a otras que se han vivido recientemente en Latinoamérica y aun en otras latitudes es que no presenta elementos de riesgo en el devenir democrático. La victoria de cualquiera de las dos candidatas que se disputan estos días la presidencia garantizaría la continuidad institucional de un país que viene cambiando de gobierno sin alborotos desde, al menos, el 2006, e incluso ese año no hubo grandes disfunciones que lamentar en la alternancia. Sin embargo, el debate está subido de tono a ese respecto. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin pruebas que lo sustenten, advertía este martes que la oposición “está tramando” anular la elección por vía del Poder Judicial e insinuaba un “golpe de Estado técnico”. Palabras mayores. Como lo son también las de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, cuando advierte que el 2 de junio “lo que está en juego es la sobrevivencia del régimen democrático mexicano” y que el resultado de las urnas “determinará la vida o la muerte de la democracia” en el país norteamericano.
El enfrentamiento, pues, ha recalado en las últimas horas en un asunto que va más allá del cotejo de programas electorales, véase educación, sanidad, violencia, economía o bienestar general. Es la democracia misma, la limpieza electoral y la fortaleza de las instituciones las que se han echado sobre la mesa de juego. No parece la imagen más precisa que puede dar México al mundo, en unos tiempos en que su democracia, con todo y sus déficits, está consolidada.
La gran debilidad del sistema democrático en México, como se viene señalando en diversos foros nacionales e internacionales, es la extendida presencia del crimen organizado, que se hace muy notable en tiempos electorales con los asesinatos de aspirantes, candidatos o funcionarios ligados de un modo u otro al proceso electoral. En ese sentido se pronunció una conocida diputada de la derecha española de visita en México, Cayetana Álvarez de Toledo, que participó en un festival auspiciado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. La política echó leña al fuego con las condiciones de criminalidad que atraviesa el país y alabó la valentía de la candidata de la oposición, ganándose con ello un reproche del presidente del Gobierno, quien con chanza respondió que esas críticas, viniendo de donde vienen, son para él “un marchamo de orgullo”. Desde Europa se hace menos digerible que unas elecciones democráticas estén jalonadas de crímenes, pero eso es algo que viene ocurriendo desde hace décadas sin que se haya cuestionado la victoria de presidentes de ningún signo.
A la palestra saltaba también estos días el pronunciamiento de la Internacional Socialista celebrada en España, a la que acudió el polémico líder priista Alejandro Moreno, con varias causas pendientes en la justicia. En el documento se hacía hincapié también en el menoscabo democrático que supone el crimen organizado en el desarrollo pacífico de unas elecciones, algo que Moreno ha magnificado hasta el punto de que la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, pidió al presidente español, Pedro Sánchez, no inmiscuirse en las elecciones mexicanas. Como quiera que la cosa era partidista y no de gobierno, la sangre no ha llegado al río y no se ha hablado de una reedición del antiguo choque diplomático entre México y España a resultas de la exigencia de perdón por los desmanes de la conquista que hizo López Obrador al rey Felipe VI.
Pero las espadas siguen en alto. La derecha mexicana suele advertir que no ve en el presidente la voluntad de aceptar una derrota en las urnas el 2 de junio. Y la izquierda, por lo que se ha visto en las declaraciones desde Palacio Nacional, también acusa desconfianza hacia un posible embrollo judicial cuando se conozca el veredicto ciudadano. Es más, ambos se acusan de estar nerviosos por los resultados que puedan estar arrojando las encuestas privadas de cada bloque, en una contienda que todavía tiene por delante más de dos meses de campaña. La guerra sucia sale a relucir un día tras otro. El partido en el gobierno menciona las constantes acusaciones de narcoestado de las que está siendo objeto el presidente, así como la desestabilización de la verdad, dicen, atizada en las redes sociales mediante robots. En la oposición se quejan de que el presidente interfiere cada día desde su conferencia matutina en el devenir electoral, un terreno que le está vedado por ley y que ha obligado a los tribunales a exigirle que cesen sus alusiones a la candidata Gálvez, así como otras intervenciones. Ese es el motivo por el que López Obrador sugiere ahora un posible “golpe de Estado técnico” con la ayuda del Poder Judicial. De esa idea, sin embargo, se desdecía este miércoles: “No va a suceder nada grave, así lo siento. Esos ataques son normales, no tienen efecto en nada, hasta diría que políticamente nos convienen”, zanjaba.
A la espera de los debates, donde por primera vez se verán las caras las dos candidatas, y cabe esperar que también se posicionen sin alharacas los programas electorales, la discusión política está caliente. Es probable que los ciudadanos esperen ese día que cada una explique por qué está en juego la democracia o por qué presiente falta de limpieza en el resultado de las urnas si es que sacan a relucir estas afirmaciones.
