En México, el Presidente de la República recibió a una comisión encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, directora de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo hizo luego de que había advertido, en días anteriores, que no recibiría a quien ha sido una virtual comisionada de Joe Biden para asuntos especiales con México, en tanto no se esclareciera su estatus como presunto sospechoso de haber recibido dinero del crimen organizado en su campaña presidencial de 2006.
López Obrador reveló durante su conferencia matutina de prensa su indisposición a sentarse a dialogar con la representante de un gobierno que a través de una de sus ramas, la DEA, filtró una investigación de 13 años atrás, que fue cerrada por el propio gobierno estadunidense, sobre la presunta entrega de fondos económicos en 2006 a personas cercanas a aquella campaña. Luego hablaron por teléfono los presidentes de EU y México, y éste aceptó la visita de Sherwood-Randall, en el contexto de las presiones para cerrar la frontera común por motivos migratorios.
En los hechos, el político tabasqueño pareció haber conseguido una especie de aceptación tácita del máximo poder formal de Estados Unidos de que no hay ánimo de reabrir tal investigación o, visto de otra manera, de que no hay sustento probatorio.
En Washington, por su parte, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, cumplió puntualmente el libreto diseñado para justificar que la parte más nefasta de la élite de Estados Unidos intervenga en el proceso electoral mexicano. Ese libreto, iniciado con las perspectivas 2024 del Instituto Baker y continuadas con la publicación sincronizada de una investigación abandonada y cerrada de la DEA, desembocó en la expresa solicitud xochitleca de que poderes extranjeros se conviertan en testigos y aliados en defensa de una democracia mexicana presuntamente en grave riesgo.
En relación con los testigos, suelen enviarse delegaciones de observadores internacionales a ciertos procesos electorales, lo cual en varios casos ha abierto la puerta a formas de intervencionismo en comicios nacionales, incluso como preámbulo o justificación para posteriores actos golpistas.
Pero pedir a entidades extranjeras, como hizo Gálvez en el Wilson Center, que sean aliados (no dejen que la democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos), es abierta invocación de esas posibilidades golpistas. Léase el significado que el diccionario de la RAE da al vocablo aliado: Dicho de una persona: Que se ha unido y coligado con otra para alcanzar un mismo fin/ Dicho de un Estado, de un país, de un ejército, etcétera: Que está ligado con otro para fines comunes. Xóchitl no sólo quiere observación electoral con tufo golpista, como la ya solicitada a la Organización de los Estados Americanos, sabido instrumento de intereses gringos, sino aliados, poderes extranjeros coligados para entremeterse en los comicios mexicanos si, como todo apunta, Gálvez es derrotada.
Dos abogados de militares procesados por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa lanzaron ayer duras acusaciones contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde (brazo armado del presidente López Obrador para una persecución política), el ex subsecretario Alejandro Encinas, los fiscales especiales sobre el caso (el anterior, Omar Gómez Trejo, y el actual, Rosendo Gómez) y el propio Presidente de la República (hace muy mal en meterse en una investigación de carácter penal donde no tiene nada qué hacer).
Los litigantes César Omar González y Alejandro Robledo Carretero aseguran que el proceso contra ocho militares, puestos en libertad condicional y luego reaprehendidos, es un cochinero y que algún día (…), no sé si hoy, mañana o en dos años, o en cuántos, los militares van a estar fuera y absueltos y van a estar en la cárcel los que armaron todo este mugrero. ¡Hasta mañana!
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