La precandidata única Clara Brugada dio a conocer a los integrantes del consejo asesor que la auxiliará en la confección de su programa de gobierno. Será coordinado por Alejandro Encinas, quien dejó de ser subsecretario de Gobernación para pasar al terreno de las campañas guindas, aun cuando los principales problemas de derechos humanos que le tocó atender (Ayotzinapa y desaparecidos, por ejemplo) no fueron resueltos e incluso agudizaron su espiral descendente a partir de esa renuncia a Bucareli.
Fueron agregados los competidores de Brugada en el proceso interno (García Harfuch, López-Gatell, Boy) en aras de mostrar y mantener unidad; Torruco no fue incorporado porque buscará una alcaldía. También designó como coordinador de campaña a Sebastián Ramírez, quien preside el comité morenista chilango como parte del equipo de Sheinbaum. Y reabre puertas en la nomenclatura a John Ackerman, inspirador y dirigente de la Convención Nacional Morenista que ha impugnado a Mario Delgado y ha denunciado, incluso por la vía judicial electoral, errores y abusos de la élite guinda.
También es notable la invitación a ese comité asesor de Ada Colau, la primera mujer en ser alcaldesa de Barcelona (de 2015 a 2023), líder del partido de izquierda (no independentista) Catalunya en Comú, conocido como Els Comuns, que fue fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, instancia que vertebró jurídica y políticamente los movimientos sociales relacionados con la vivienda, las hipotecas y los desahucios. En 2023 intentó un segundo periodo como alcaldesa, pero fue derrotada. En octubre pasado reiteró su rechazo a ser considerada como posible ministra de Vivienda de España (https://goo.su/HpQ4ubp) en el contexto de los complicados arreglos interpartidistas del funambulista tercer gobierno de Pedro Sánchez.
Habrá de verse el motivo de esta invitación a Colau en la perspectiva de un gobierno de Brugada que debe enfrentar los problemas tradicionales de vivienda y convivencia en la capital del país, pero también de los nómadas digitales, la gentrificación y el crecimiento del sistema Airbnb.
En Chile se fortalece el proceso de involución política que está afectando a varios países latinoamericanos donde hay gobiernos identificables en el amplio arco progresista: ayer fue rechazado el proyecto de nueva Constitución, lo que significa el mantenimiento, muy en lo general, de la que fue instaurada en 1980 por el gobierno golpista encabezado por el general Augusto Pinochet.
El intento de cambio de la Constitución pinochetista, que ya tuvo una serie de modificaciones, se inició con un estallido social que en 2019 logró la instalación de una Asamblea Constituyente para la que fueron electos integrantes que en su mayoría surgieron del flanco no partidista.
La promisoria alborada cargada a la izquierda no supo presentar una propuesta de nueva Constitución que convenciera al electorado y en un primer plebiscito fue derrotada, al igual que ha sucedido este domingo en un segundo intento. Lo grave del asunto es que el electorado fue puesto a elegir entre un nuevo texto constitucional, a conveniencia de la derecha y la extrema derecha, o el rechazo de este articulado, opción ésta que ganó y que en concreto significa el mantenimiento de la constitución pinochetista, no necesariamente porque se tenga apego a ella, sino porque las izquierdas no pudieron ni supieron presentar una alternativa viable. En tanto, el presidente Gabriel Boric navega sin mayor éxito.
Astillas
Las masacres en Guanajuato son constantes. Desde luego, el gobierno federal tiene responsabilidad general sobre lo que sucede en el país en materia de crimen organizado. Pero en esa entidad, que lleva más de treinta años de dominio panista, hay un evidente entramado de complicidades e ineficacias que encabeza el fiscal estatal, Carlos Zamarripa… ¡Hasta mañana!
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