Lo verdaderamente trascendental de la irrupción de Lenia Batres Guadarrama como ministra judicial no descansa en el hecho insólito, pero constitucionalmente válido, de que el titular del Poder Ejecutivo haya designado personalmente a la ocupante del asiento que dejó Arturo Zaldívar, ni en las circunstancias familiares, como hermana de un político de larga historia en la izquierda institucional que hoy es jefe del gobierno capitalino, sino en el papel revulsivo que la elección de López Obrador significa en la acartonada trama de personajes en su mayoría ideológicamente conservadores y proclives históricamente a los intereses de élite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
López Obrador optó, facultado por el rechazo a las dos ternas que propuso al Senado, por un perfil abiertamente político, contestatario, disruptivo. Pudo haberse decidido por Bertha Alcalde Luján, que mostró una mayor consistencia en el terreno estrictamente jurídico y consiguió buenas opiniones incluso de opositores, o por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, abogada con experiencia en la defensa de los derechos humanos.
Pero Palacio Nacional prefirió a Batres Guadarrama porque justamente ese es el mensaje que se desea enviar. De los tres perfiles presentados en la segunda ronda por el Presidente, Lenia es el perfil más abiertamente combativo, con mayor expresividad ideológica y más propicio para el debate interno e incluso para la recurrencia vigorosa a la externalización de puntos críticos ante los medios de comunicación.
Es probable que estén llegando a su fin los clásicos tiempos de la apacibilidad negociada en la Corte, del acartonamiento y la sacralización del oficio de juzgador. AMLO se decantó por un revulsivo en la Corte, es decir, por la provocación de una reacción brusca, generalmente con efectos beneficiosos; en sentido médico, un medicamento o un agente (…) que produce revulsión, según consigna el diccionario de la RAE en dos de las tres acepciones del término; una revulsión, es decir, una alteración radical de algo, que tiene una consecuencia favorable.
Por lo pronto, y a reserva de ir viendo si dicho acicate en la Corte tiene de verdad resultados positivos, trascendentes, en la operación inmediata el obradorismo se queda con tres votos casi garantizados: Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz (a ella correspondería el casi), frente a un bloque conservador de ocho ministros al cual se han integrado dos propuestos por el propio López Obrador: Margarita Ríos Farjat, regiomontana impulsada en su momento por el influyente Alfonso Romo, y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El presidente de México emitió ayer palabras injustas, al caracterizar negativamente el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), fundado y sostenido por jesuitas. Aseguró que esta organización se ha ido echando a perder, que la maneja el senador sin filiación partidista Emilio Álvarez-Icaza y que ayudó a la liberación, por haber sido torturados, de presuntos partícipes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El presidente López Obrador argumentó que el Centro Pro ya no es el que él conocía, sin reparar que la misma premisa le podría ser aplicada. El mandatario que generó gran esperanza de llegar a la verdad y la justicia se ha dedicado a descalificar gravemente, desde su atril mañanero, a servidores públicos relacionados con derechos humanos, desaparecidos y, en especial, el caso de los 43 (Karla Quintana y Omar Gómez Trejo, dos ejemplos contundentes), pero también a instituciones o voces relevantes que denuncian lo que el propio Centro Pro señaló en comunicado como la causa de la arremetida presidencial en su contra: que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al ejército. ¡Hasta el próximo lunes!
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