Fue un candente martes de batalla en el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso de la Ciudad de México. Los partidistas tambores electorales de guerra retumbaron en esos órganos legislativos no tanto por las materias a decidir, sino por los posicionamientos rumbo a 2024.
Ricardo Monreal, convertido en el coordinador extraoficial de los senadores guinda, anunció ayer que los arreglos con los opositores se habían roto y no aprobarían la designación de una nueva ministra. En esencia, esos opositores prefirieron endosar al Presidente de la República el costo político de ser quien personalmente decida cuál de las tres juristas propuestas deberá ser ministra.
Es una facultad constitucional que no debería ser malentendida, pero a los opositores les conviene argüir autoritarismo de Palacio Nacional. También vale considerar el hecho de que desde el principio de este proceso Senado-Corte se habló de la posibilidad de que el Presidente estuviera conduciendo los episodios (primera y segunda ternas; muy susceptibles de rechazo opositor) para ser al final quien tomara la decisión personal, como sucedió.
No es menor el saber que MC y Morena (fosfomorena) pudieron haber impulsado la designación de la ministra (Bertha Alcalde Luján, según los indicios), pero Dante Delgado condicionó sus votos senatoriales a que se nombraran los dos magistrados que faltan en el Tribunal Electoral federal y que no haya cambio en la presidencia que ejerce aún el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón. De todos modos, aún hay espacio para arreglos de última hora, pues no se ha votado el tema de la nueva ministra.
La desarticulación de los arreglos entre partidos para reparto de posiciones (Monreal relató que él negoció con MC y Eduardo Ramírez, verdemorenista que formalmente lidera a los senadores guindas, con PRI, PAN, lo que queda del PRD y el Grupo Plural) terminó impactando todo el tablero legislativo, con Palacio Nacional-Morena cerrando (hasta ahora) opciones de entendimiento y los opositores actuando (hasta ahora) casi sin fisuras trascendentes.
En el Congreso de la Ciudad de México tampoco hubo ayer cambios en los posicionamientos: Morena y aliados empujaron en busca de relegir a Ernestina Godoy como fiscal capitalina, mientras la oposición cerraba filas para impedirlo. Morena necesitaba cinco votos para completar la mayoría calificada (dos terceras partes de los emitidos) o la ausencia concertada de opositores que así redujeran las necesidades aritméticas.
Pero tampoco se pudo, y lo único que alcanzó a hacer la fuerza chilanga 4T fue pasar la decisión final para hoy, con la esperanza de conseguir los votos necesarios o convencer a algunos opositores de enfermarse o faltar a la sesión con algún pretexto; o, en el peor de los casos, salvar a Godoy del estigma del rechazo expreso y posponer el tema sin fecha definida, hasta que en los primeros días de enero termine su encargo y probablemente pase a ocupar otro en el equipo obradorista.
La mayoría de los diputados federales decidió retirar el fuero constitucional al fiscal morelense Uriel Carmona, en una cantada secuencia de castigo que busca desbrozar el camino de Cuauhtémoc Blanco hacia una sucesión sin riesgos judiciales por tanta corrupción e ineficacia. La decisión tomada en San Lázaro habrá de enfrentar ahora la resistencia de la mayoría del prianismo y aliados, que en el Congreso de Morelos podría sostener su sabida defensa del citado fiscal, al que consideran un perseguido político.
Ya en el Congreso de Tamaulipas se estrelló en 2021 una decisión legislativa federal de desafuero contra el entonces gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que habrá de verse cómo procesa el de Morelos lo referente al fiscal Carmona, con el antecedente claro de que la mayoría de esos diputados locales ha expresado solidaridad con dicho funcionario. ¡Hasta mañana!
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