El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anotado un propósito más al largo listado de asuntos pendientes que quiere llevar a cabo en los nueve meses que faltan para que concluya su sexenio, el 30 de septiembre de 2024. El mandatario ha anunciado este lunes que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que desaparezcan diversos órganos autónomos, comenzando por el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ampliamente recurrido por periodistas, asociaciones civiles y ciudadanos para conocer cómo gasta los recursos públicos el Gobierno, en aspectos como la nómina de funcionarios, las contrataciones y el otorgamiento de permisos a privados. “Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”, ha dicho este lunes en su conferencia diaria en Palacio Nacional. “Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, ha agregado. El anuncio de López Obrador ha llegado apenas unas horas después de que el INAI ha elegido como su nuevo presidente al comisionado Adrián Alcalá.
López Obrador ha indicado que también deben desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estas instituciones se han concebido con una cierta autonomía presupuestal y de gestión respecto del Ejecutivo y de los poderes económicos, con el objeto de vigilar, desde un punto medio, la gestión de los bienes públicos. La Cofece tiene la finalidad de detectar prácticas monopólicas en los negocios y frenarlas; por ejemplo, en 2021 impuso una multa de 903 millones de pesos a diversas farmacéuticas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. El IFT se enfoca en el servicio de las telecomunicaciones, y en 2014 declaró que Telmex, del magnate Carlos Slim, es un agente preponderante y le obligó a adoptar medidas para nivelar la cancha a favor de nuevos competidores. La CRE participa en la distribución a particulares de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Para López Obrador, todas estas funciones pueden ser llevadas a cabo por el propio Gobierno. En otras ocasiones, el mandatario ha asegurado que los institutos autónomos fueron creados en sexenios pasados para ensanchar la burocracia y colocar a amigos en esos puestos de toma de decisiones. “Es otra iniciativa de ley que quiero enviar: ¿cómo desmontar todo ese aparato que crearon, paralelo al Gobierno, para tener el control de todas las decisiones del poder público?”, ha abundado este lunes. También ha asegurado que esas instituciones suelen actuar a favor de los intereses privados en detrimento de lo público. “Cada vez que se quiere defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto de la Competencia [Cofece] a defender a los particulares”, ha indicado.
El presidente ha cargado este lunes contra los órganos autónomos cuando los periodistas le preguntaron en su conferencia si, antes de concluir su mandato, impulsaría una reforma fiscal, una de las grandes deudas de su Administración. López Obrador ha descartado enviar una iniciativa de ese tipo, con el argumento de que no sería útil cobrar más impuestos mientras no se profundice la reforma a la administración pública, se achique el aparato gubernamental y se reduzca el gasto corriente en lujos para la burocracia. “¿Qué hemos hecho? Quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada”, ha explicado. “No podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, ha indicado.
El anuncio de la reforma para desaparecer el INAI es solo la confirmación de un anhelo del oficialismo largamente acariciado. Con una estructura de siete comisionados, el Instituto de la Transparencia ha permanecido durante meses con solo cuatro de sus integrantes. El Congreso, dominado en ambas Cámaras por Morena, el partido de López Obrador, ha obstruido la designación de los relevos. Por falta de quórum para sesionar, el INAI estuvo, en los hechos, en un cierre técnico que le impidió revisar miles de peticiones de acceso a la información gubernamental promovidas por la ciudadanía. Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia, a despecho del oficialismo, para autorizar al instituto sesionar de manera extraordinaria con un pleno incompleto hasta que el Congreso cumpla con su obligación de elegir a los tres comisionados faltantes. Para abonar más a la crisis del INAI, la Cámara de Diputados respondió con un recorte de 71 millones de pesos al presupuesto del instituto para el próximo año.
Apenas este domingo, en una sesión extraordinaria, el pleno del Instituto de la Transparencia eligió a un nuevo presidente, Adrián Alcalá, tras la conclusión en el cargo de la comisionada Blanca Lilia Ibarra. El proceso interno de selección no estuvo exento de tensiones. La comisionada Julieta del Río sonaba para asumir el cargo, pero fue objeto en los últimos días de una fuerte crítica en los medios. Del Río terminó por ceder y retiró su candidatura a presidir la institución, pero insinuó que Alcalá no tenía la “solvencia ética y moral” para hacerse con el cargo. Tras cuatro rondas de votación, y con el voto de calidad de la presidenta saliente, Alcalá fue electo como titular del órgano para el periodo 2023-2026.
