¿El expresidente Donald Trump puede aspirar a recuperar su antiguo empleo después del papel que desempeñó en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EU? La respuesta podría depender de la definición de la palabra insurrección.
Grupos liberales han interpuesto demandas en Colorado, Minnesota y otros estados para impedir que Trump aparezca en las papeletas, basándose en una medida constitucional rara vez utilizada que le prohíbe aspirar a la presidencia a cualquiera que haya jurado respetar la Constitución y posteriormente se haya “involucrado en una insurrección” en su contra.
La cláusula de dos frases que aparece en la 14ta enmienda constitucional ha sido utilizada en apenas un puñado de ocasiones desde la Guerra Civil.
Debido a eso, prácticamente no existe jurisprudencia que defina sus términos, incluido lo que constituiría una “insurrección”. Aunque desde los ataques del 6 de enero ha habido discusiones en torno a si las acciones en el Capitolio deben ser consideradas una insurrección, el debate en el tribunal la semana pasada ha sido distinto: Si quienes ratificaron la enmienda en 1868 las calificarían como tal.
“Existe esta disputa muy pública, en todos estos términos coloquiales, sobre si fue una insurrección, pero en realidad el meollo se reduce a lo que significa este término constitucional”, dijo Derek Muller, un profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame que ha seguido el caso de cerca.
Existe una amplia variedad de otros motivos jurídicos por los que podrían fracasar estos intentos improbables por impedir que el expresidente y actual puntero en los sondeos de las primarias republicanas llegue a las boletas, desde los límites en el papel que desempeñan las cortes estatales hasta determinar si la Sección Tres es aplicable al presidente.
Pero quizá ninguno de ellos resuene como el debate en torno a si los ataques del 6 de enero deberían considerarse una insurrección en primer lugar.
En una audiencia del jueves ante la Corte Suprema de Minnesota, la cuestión formó parte de los motivos por los que los jueces parecían escépticos de que los estados tengan la autoridad para impedir que Trump aparezca en las boletas.
“En su opinión, ¿qué significa haber incurrido en una insurrección o una rebelión contra la Constitución?”, preguntó el juez Gordon Moore a los abogados de ambas partes.
Nicholas Nelson, quien representa a Trump, definió una insurrección como “una especie de forma organizada de conflicto o violencia… que esté orientada a escindirse o derrocar al gobierno de Estados Unidos”.
Añadió que no hay un solo acto en los últimos 50 años que encaje en ese criterio.
Ronald Fein, abogado del grupo Free Speech For People (Libertad de Expresión para el Pueblo), el cual representa a la parte demandante, dijo que una insurrección en contra de la Constitución es “un intento coordinado y forzoso para evitar u obstruir la ejecución de una función constitucional central”, lo que aseguró describe a detalle las acciones de Trump en torno al asalto de enero de 2021 al Capitolio, un ataque cuyo objetivo era evitar la certificación del triunfo electoral del demócrata Joe Biden.
“La insurrección podría depender del cristal con que se mira”, dijo la jueza presidenta de la Corte Suprema de Minnesota, Natalie Hudson, luego de las declaraciones de ambas partes.
Un día antes, Gerard Magliocca, profesor de derecho de la Universidad de Indiana, se presentó en un tribunal de Denver y describió su investigación sobre la Sección Tres, un tema en el que pocos se habían sumergido hasta que él comenzó a investigarlo a finales de 2020.
Magliocca se adentró en las definiciones de diccionario de la palabra insurrección de hace 150 años: Una de ellas era “el levantamiento en armas de un pueblo contra su gobierno, o contra una porción de éste, o contra una porción o una de sus leyes”.
Encontró la opinión de un secretario de Justicia de 1867 de que se debería de prohibir que exconfederados pudieran desempeñar ciertos cargos, incluso si solamente compraron bonos del gobierno rebelde.
También encontró casos en los que el Congreso se negó a admitir a representantes electos cuya única infracción fue escribir una carta a un editor para defender la causa confederada o darle 100 dólares a un hijo con el fin de ayudarlo a cubrir sus costos para integrarse al ejército confederado.
El Congreso también aprobó una ley en 1862 en la que se penaliza la insurrección y que utilizaba una redacción distinta. Algunos críticos de las demandas relacionadas con la Sección Tres han destacado que, de los miles de cargos que ha incoado el gobierno federal en relación con el 6 de enero, nadie ha sido acusado del delito de insurrección, aunque muchos ultraderechistas han sido declarados culpables de conspiración sediciosa.
Magliocca destacó que el lenguaje constitucional es distinto a la redacción mucho más técnica y detallada de los estatutos penales, y la Sección Tres no menciona que la persona a la que se le prohíba ocupar el cargo primero tenga que ser declarada culpable de un delito. De hecho, Magliocca testificó que se entendía que el objetivo de la disposición era evitar que una amplia gama de exconfederados pudieran llegar a ocupar cargos públicos en los años posteriores a la guerra.
En 1872, el Congreso retiró la prohibición para la mayoría de los exconfederados, una facultad establecida explícitamente en los términos de la Sección Tres.
