Miles de afganos están volviendo a su país cuando está a punto de expirar el plazo fijado por Pakistán para volver a su país. El Gobierno de Islamabad amenaza con expulsar de manera forzosa a partir del 1 de noviembre a los 1,73 millones de migrantes en situación irregular de esa nacionalidad. El ministro del Interior paquistaní, Sarfraz Bugti, anunció la decisión el pasado 3 de octubre después de revelar que 14 de los 24 atentados suicidas perpetrados en el país este año fueron llevados a cabo por afganos.
Los talibanes han informado este lunes de un aumento masivo de la llegada de ciudadanos a los pasos fronterizos desde Pakistán, ante el inminente vencimiento del plazo que Islamabad otorgó a todos los migrantes indocumentados en la orden emitida el pasado 3 de octubre. Desde el anuncio del ultimátum y hasta el 15 de octubre, al menos 59.780 afganos regresaron a Afganistán, según los últimos datos de la ONU. Estos últimos días se ha multiplicado el número de retornos.
Según el Ministerio de Refugiados y Repatriación de Afganistán, cerca de 8.500 personas cruzaron el domingo el paso clave de Torkham, uno de los principales cruces fronterizos entre ambos países, y fueron registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Una cifra a la que hay que sumar las miles de personas que cruzan por otros pasos similares, como el de Chaman, y que va en aumento en los últimos días a medida que se acerca el 31 de octubre, último día para que todos los migrantes sin papeles abandonen Pakistán si no quieren ser expulsados.
Esta afluencia masiva ha generado largas colas en los cruces fronterizos. Uno de los miles de afganos que regresó recientemente de Pakistán, Azim Gul, explicó a Efe: “Hay miles de personas, incluidos niños y mujeres, esperando a ambos lados bajo el sol, un clima caluroso y polvoriento”. “Hay mucha gente esperando para registrarse y la dirección no tiene capacidad para registrar a las personas retornadas”, agregó Gul.
Pakistán y Afganistán comparten una frontera porosa que se extiende alrededor de 2.600 kilómetros. Miles de personas la han estado cruzando a diario y sin visado, pero tras la fecha límite las autoridades paquistaníes empezarán a solicitar estos documentos, de requisito obligatorio para entrar al país.
Según el ministro de Interior, unos 1,73 millones de ciudadanos afganos en Pakistán carecen de documentos legales para permanecer en el país. “Nos atacan desde dentro de Afganistán y hay ciudadanos afganos implicados en los ataques contra nosotros”, afirmó Bugti. “Tenemos pruebas”.
Además de los migrantes en situación irregular, ACNUR señala que el país acoge 1,4 millones de refugiados afganos. Como otros Estados en el Sur de Asia, el país no es parte de la Convención sobre refugiados de la ONU de 1951 y carece de una legislación específica para este colectivo.
El ejército paquistaní ha llevado a cabo varias ofensivas contra militantes islamistas, principalmente en la escarpada región montañosa de la frontera afgana, lo que, según afirma, les ha obligado a huir a Afganistán. Islamabad alega que los militantes utilizan suelo afgano para entrenar combatientes y planear atentados dentro de Pakistán, acusación que Kabul niega, afirmando que la seguridad paquistaní es un asunto interno.
La ONU pide suspender la expulsión
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha instado a las autoridades paquistaníes a suspender la orden de expulsión, que consideran que podría “agravar” la crisis humanitaria en Afganistán. “Les pedimos que sigan brindando protección a quienes la necesitan y que garanticen que cualquier retorno futuro sea seguro, digno y voluntario, conforme con el derecho internacional”, expuso la portavoz de la oficina de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani.
La llegada al poder de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021 provocó el éxodo de al menos 600.000 afganos hacia Pakistán, muchos de los cuales, apunta el organismo de la ONU, corren el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias o torturas si son devueltos a su país de origen.
En este sentido, la portavoz destacó la situación especialmente vulnerable de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como de las mujeres y niñas afganas, principales afectadas por las restrictivas políticas de los talibanes. A estas mujeres afganas se les prohíbe cursar estudios secundarios y superiores, trabajar en muchos sectores, así como participar en otros aspectos de la vida cotidiana y pública, reiteró. “Recordamos a las autoridades de facto de Afganistán sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y su obligación de proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos”, concluyó Shamdasani.
