El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aclaró que “no hay pruebas de probables vínculos” de los estudiantes de Ayotzinapa con grupos criminales de Guerrero, como señala una de las hipótesis de las investigaciones.
También subrayó que “en ningún momento los normalistas establecieron comunicación alguna con elementos de seguridad pública ni con números identificados con miembros de Guerreros Unidos”.
Al presentar su segundo informe como presidente de la Comisión del caso Ayotzinapa, denunció que sufre un “acoso judicial” y afirmó que “por un amparo que se concedió a Tomás Zerón se me prohíbe decir la verdad”.
La conclusión es que “la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado; las autoridades tuvieron conocimiento de los movimientos de los normalistas desde su salida de la escuela y hasta su desaparición; las acciones y omisiones de esas autoridades permitieron su desaparición y no realizaron las acciones ni los protocolos para su protección”.
También, que hubo un “vínculo y contubernio de las policías municipales, estatales, federales y miembros del Ejército con grupos criminales” y que hoy “no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentren con vida, y todo evidencia que fueron ultimados y desaparecidos”.
No obstante, “el Poder Judicial me prohibió decir la verdad sobre la participación del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (Tomás Zerón)”, insisitió.
“Recibí en mi oficina un amparo que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa a la Ciudad de México al señor Tomás ‘N’, donde se me prohíbe decir la verdad y abstenerme de declaraciones verbales escritas o publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales en las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto al quejoso sosteniendo que es un torturador”, precisó Alejandro Encinas.
Fue la jueza María Isabel Bernal, titular del citado juzgado, quien otorgó este freno judicial a través del amparo 1497/2023, y señala la sentencia que “se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón de Lucio, para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera, o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”.
Encinas se quejó de que “este acoso judicial se está convirtiendo en una práctica para tratar de desvirtuar y de buscar ayudar en la defensa de los culpables”, por lo que pidió que “el Poder Judicial actúe con responsabilidad”, porque “eso de que el ladrón le grite al ladrón debe erradicarse”.
Anticipó que “yo no soy policía, tengo un encargo moral para esclarecer los hechos y lo voy hacer”. Sobre la apertura de archivos del Ejército, admitió que “no fue miel sobre hojuelas, pero se abrieron todos los archivos”, y criticó que “se encuentran en condiciones deplorables, por estar mal organizados”.
“No tengo miedo, yo cumplo con mi trabajo”, respondió, en alusión a algún temor a represalias.
Alejandro Encinas sostuvo que “es falso” que no haya avances en las investigaciones, al resaltar que se han identificado a 434 actores relevantes que participaron en el crimen –entre policías federales, estatales, municipales, miembros de los grupos delictivos y elementos del Ejército– y se han detenido a 135 personas, incluidas las “de alto rango”, como un exprocurador general de la República, un exsecretario de Seguridad de Guerrero, un presidente municipal y un ministerio público federal.
Detalló que de los detenidos hay 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías: 5 federales, 3 federales ministeriales, 7 estatales, 2 de Cocula, 9 de Huitzuco y 45 de Iguala. Dijo que se detuvo también a 14 elementos del Ejército: un general, comandantes y elementos del 27° y 41° batallones de Infantería.
