La decisión presidencial de bajar a Zoé Robledo de la candidatura por Chiapas fue después de que se reveló que el IMSS había asignado contratos a una empresa fantasma.
La candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas estaba prácticamente asegurada para Zoé Robledo, el director del Seguro Social que inició el gobierno como subsecretario de Gobernación y que se encontraba en el pequeño grupo de las nuevas querencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero su carrera en la recta final se acabó antes de iniciar el último tramo. Apenas hace una semana, el Presidente anunció que se quedaba en su puesto a terminar el sistema IMSS-Bienestar. Ahí quedó todo por parte del Presidente, que engrandeció a Robledo, cuando en realidad lo destituyó, para ocultar los presuntos actos de corrupción e incompetencia en los que se ha visto envuelto, porque, en su racional, pudieran mancharlo a él y dañar a su proyecto.
Los elogios de López Obrador a Robledo –”es un gran servidor público”, “no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales, por encargos”– fueron una gran farsa montada en la mañanera de hace dos lunes. La decisión presidencial fue una semana después de que la prensa reveló que el Seguro Social había asignado contratos por más de mil millones de pesos a una empresa fantasma. Robledo negó las imputaciones, y luego de que se anunció que no contendería por la gubernatura, aseguró que la decisión no tenía que ver con empresas y contratos.
Falso.
La historia de la caída de Robledo no fue tersa, pero sí fue rápida. La revelación de esa asignación, publicada por Reforma, puede ser considerada como la puntilla que provocó la debacle de las aspiraciones políticas del chiapaneco. La reacción del Presidente fue contundente. Enojado, López Obrador le pidió a su vocero, propagandista y uno de sus principales operadores políticos, que buscara otra alternativa para la gubernatura. La suerte de Robledo se había sellado, con el colofón de una cadena de molestias del Presidente con él en un mes.
El quiebre se dio por la muerte de una menor de seis años de edad que fue aplastada el pasado 11 de julio en un elevador en la clínica 18 en Playa del Carmen, en las instalaciones del Seguro Social, como resultado de problemas de mantenimiento desde 2019. A López Obrador no le gustó la reacción de Robledo para sacudirse la tragedia, y en una llamada telefónica le gritó, incluso con algunas obscenidades, para reclamarle su falta de empatía, pero no con la niña, sino con el proyecto de la cuatroté, y su falta de cuidado para evitar temas y problemas que lo perjudicaran. No satisfecho, el Presidente le hizo una segunda llamada donde le dijo que ese tipo de problemas pudieran impedirle aspirar a la gubernatura.
A finales de julio, todavía envuelto en el escándalo de Playa del Carmen, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le entregó informe sobre el movimiento de doctores, enfermeras y personal administrativo del Seguro Social, con una crítica a Robledo por la forma como estaba manejando el problema. El informe fue acompañado por uno más sobre las irregularidades en el equipamiento de hospitales, compra de medicinas y dinero presuntamente desviado de las cuotas patronales, desde cuentas de delegaciones regionales hacia cuentas de personas y empresas allegadas al director del IMSS.
Un tropiezo muy fuerte, ante los ojos de Palacio Nacional, fue la adjudicación de contratos para anestésicos el 8 de agosto, que se entregó a dos empresas vinculadas a grupos políticos que son enemigos abiertos del Presidente, y en el caso de una de ellas, sospechosa de ser prestanombres de uno de los grandes laboratorios farmacéuticos vetados y vilipendiados por el mandatario.
El problema de fondo no sólo fue la adjudicación per se, sino que aparentemente se otorgaron con un sobreprecio de alrededor de 30 por ciento, que significan 500 millones de pesos adicionales, y que provocó una impugnación ante el Órgano de Control Interno del Seguro Social por parte de la tercera empresa dado que fue descalificada porque no presentó un accesorio –un cepillo– que en la especialidad de anestesia, de acuerdo con los expertos, no se utiliza, por lo cual no debería siquiera de haberse solicitado, pese a tener la propuesta más baja en la licitación.
La adjudicación sigue un patrón de favoritismos en la asignación de contratos, como fue el que dio el IMSS a la empresa fantasma que reveló Reforma, que ya había tenido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ese momento, otras denuncias periodísticas había caído en los oídos sordos presidenciales, como una primera muy fuerte, en junio de 2020, cuando Latinus reveló que Robledo había beneficiado a una empresa de su hermano Gabino con un contrato de adjudicación directa ese año, aunque desde 2019 –en mayo de ese año Zoé asumió la dirección del IMSS– la empresa de la que fue socio y director el funcionario ya había recibido contratos no sólo de la institución, sino también del Banco del Bienestar y del gobierno de Puebla.
López Obrador tomó la decisión de bajar a Robledo de la competencia por Chiapas en vísperas de anunciarlo en la mañanera. El Presidente habló directamente con el director del IMSS para comunicarle que no sería candidato y que se quedaría, por lo menos por ahora, al frente de la institución. López Obrador no le dio ninguna explicación sobre sus razones, y el chiapaneco tampoco se las pidió. Lo único que le solicitó fue que le permitiera ser él quien anunciara su intención de no contender, pero ni siquiera eso le dejó. Fue el Presidente quien lo informó.
Robledo corrió a Chiapas para levantar la mano de la prima hermana del Presidente, la diputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez, como aspirante a la candidatura. No se sabe si fue petición de Palacio Nacional, pero por el manejo político vertical del Presidente, una iniciativa de esa naturaleza, que contradice sus críticas al nepotismo, no podría darse sin su aval.
La caída de Robledo es un estudio de caso de encubrimiento y cinismo
