El debate por las acusaciones de plagio académico cometido por la ministra Yasmín Esquivel está por avivarse en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Juan Luis González Alcántara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone qué trámite administrativo debe dar el máximo tribunal a los cientos de denuncias presentadas contra Esquivel para iniciar, eventualmente, un procedimiento disciplinario en su contra. EL PAÍS ha tenido acceso a detalles del proyecto, que sostiene que la Corte sí tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas, si el caso lo amerita. Este asunto en el Supremo corre por una vía separada de la que sigue la UNAM, que aún debe determinar si la ministra incurrió en plagio en su tesis de licenciatura en Derecho en 1987.
El proyecto de consulta a trámite 1/2023 elaborado por González Alcántara será votado en una sesión privada en las próximas semanas. Si se aprueba con una mayoría simple de seis votos, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) deberá revisar las denuncias, que hasta mediados de marzo sumaban 667, y elaborar un informe. A partir de ese reporte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, deberá resolver sobre la admisibilidad de las quejas, esto es, determinar si existen elementos suficientes para la apertura del proceso disciplinario. No es que el proyecto proponga dar a la ministra presidenta una facultad extraordinaria. En realidad, se trata de reconocer lo que dispone el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que a la presidencia del tribunal la corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas con base en el informe que presente la UGIRA.
Si se declara procedente el inicio del proceso disciplinario contra Esquivel, la sustanciación quedará a cargo de la Contraloría del Supremo, que abrirá un periodo de alegatos en el que las partes —la denunciada y sus denunciantes— presenten elementos a su favor y al final elaborará un dictamen. De acuerdo con el proyecto de González Alcántara, será el pleno de la Corte el que, por mayoría, emita una resolución y dicte sanciones solo si se encuentra que la ministra incurrió en faltas administrativas. Las denuncias promovidas contra Esquivel acusan que la jueza no goza de la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro del Supremo y que no ha preservado la dignidad propia de la función judicial.
La presidenta Piña encargó en febrero a González Alcántara la consulta a trámite con la finalidad de dilucidar cómo debe proceder el máximo tribunal ante las denuncias, no solo contra Esquivel, sino, de manera abstracta, contra cualquier ministro por posibles irregularidades en su conducta. La confusión sobre el proceder del máximo tribunal derivó de la existencia de dos normas contradictorias que regulan el trámite de las denuncias. Una de ellas es un acuerdo adoptado por el pleno en marzo de 2005 —el Acuerdo 9/2005—; la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que data de julio de 2016. La manera como ambas normativas proponen la resolución de las quejas varía considerablemente. El ministro González Alcántara ha propuesto seguir la ruta establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este camino tiene el beneficio de fundarse en una disposición legislativa —a diferencia del acuerdo de 2005, que fue producto de una votación de ministros— y que, además, es más reciente.
Existen varios escenarios de lo que podría suceder en un asunto tan novedoso y tan políticamente cargado como el caso Esquivel, y en cualquier caso se vislumbra un camino largo. Primero, si el proyecto de González Alcántara no se aprueba en la sesión privada, es posible que él mismo lo rehaga recogiendo las puntualizaciones de sus colegas, o bien, que el asunto se turne a una nueva ponencia, de acuerdo con una fuente del Poder Judicial. Si el proyecto se aprueba tal como él ha propuesto, ello tampoco es garantía de que el asunto concluya en el inicio de un procedimiento de responsabilidades y mucho menos en el dictado de sanciones. Es posible, de acuerdo con las proyecciones de la fuente, que la UGIRA señale de inicio que las quejas contra Esquivel resultan improcedentes, dado que los hechos denunciados sucedieron hace más de 35 años, y no durante el desempeño de su cargo de ministra, que ella ostenta desde 2019.
Existe otro filtro de interpretación que pasa por el criterio de la presidenta Piña, que puede o no convalidar la propuesta de la UGIRA. Si ella determina que es procedente la apertura del procedimiento sancionatorio, y aun si el dictamen concluye que Esquivel es responsable de faltas administrativas, todavía debe ser el pleno el que emita la resolución final. No es claro si Esquivel podrá formar parte de esa votación o si deberá excusarse, lo que complicaría en el pleno alcanzar mayorías, pues solo quedarían 10 ministros. En cualquier caso, señala la fuente judicial, es previsible que, si existen sanciones, estas no pasen de la amonestación o el apercibimiento a Esquivel. Los castigos de mayor calado están en manos de otras instancias, como la UNAM o bien el Congreso, que es el órgano que la nombró en el cargo y podría erigirse como tribunal para juzgar el caso de la ministra.
Dos ministros declararon a EL PAÍS en condición de anonimato que el caso Esquivel es un elefante en la habitación que continúa dañando la imagen del Supremo. “No se habla de ese asunto entre los ministros; es como si no hubiera pasado”, lamentó uno. “Yo tengo mi opinión sobre el caso, por supuesto, pero no puedo expresarla, por prudencia”, dijo otra ministra. Para los analistas jurídicos, el proyecto de González Alcántara tiene la virtud de obligar a la Suprema Corte a afrontar el asunto de manera institucional y no hacer caso omiso de las denuncias, aun cuando, después de todo el trámite, no se impongan sanciones o estas sean más bien simbólicas.
“Había quienes estaban planteando que la Corte tenía un margen muy acotado tratándose de denuncias contra ministros. Un proyecto que cerrara la posibilidad de que los ministros sean sujetos de responsabilidad administrativa era una posibilidad, y todo parece indicar que por lo menos tenemos a un ministro, González Alcántara, que no está de acuerdo con eso”, afirma en entrevista el jurista Javier Martín Reyes. “Es una buena noticia que esta propuesta implique que la Corte sí se hace cargo, que existe la ruta. Porque había el riesgo de que, por la vía de los hechos o de las decisiones, la Corte se lavara las manos. Eso, por fortuna, no está en el proyecto”, ha agregado.
El también investigador de la UNAM señala que el proyecto de consulta a trámite es “prudente”, porque no prejuzga el caso Esquivel y solo clarifica qué ruta institucional debe seguir el Supremo para este conflicto y otros futuros. “Aquí no se está diciendo nada sobre la conducta de Esquivel y tampoco se dice nada sobre si podría haber una infracción. ¿En qué momento procesal estamos? La Corte nada más definiría la ruta jurídica. No hay ningún análisis de los hechos del caso, ni sobre si hay mérito o no en los planteamientos, ni sobre si esto podría o no constituir una sanción administrativa, mucho menos sobre si Yasmín Esquivel es responsable y cuáles son las supuestas infracciones que cometió. Mi impresión es que falta un camino larguísimo en este asunto”, ha sostenido.
