La justicia salvadoreña ha condenado a 14 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes por haber negociado una tregua con las pandillas durante su mandato (2009–2014). Funes buscó refugio en Nicaragua en 2016, donde cuenta con la protección de Daniel Ortega, quien le ha concedido la nacionalidad nicaragüense. Junto al exmandatario también ha sido condenado a 18 años de prisión David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, según ha informado la Fiscalía General de la República (FGR). “Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al Gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones”, afirma la FGR.
Las autoridades de El Salvador iniciaron una investigación contra Funes por las negociaciones secretas que el Gobierno mantuvo desde 2012 con los líderes de las pandillas que aterrorizaban ese país centroamericano. La llamada tregua contra las pandillas, que fue dada a conocer inicialmente por el diario digital El Faro, dio como resultado una baja en los homicidios y hasta logró el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general de entonces, el chileno José Miguel Insulza, dijo que ese organismo sería garante de la tregua. La fiscalía había pedido el año pasado la detención del exmandatario, sobre quien pesa otra investigación por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones ilícitas, malversación y tráfico de influencias. En marzo de 2016, funcionarios de la Unidad de Delitos de Anticorrupción de la Fiscalía salvadoreña acusaron formalmente al mandatario y aseguraron que Funes y su familia no pudieron justificar un monto de más de 700.000 dólares de su patrimonio.
La sentencia emitida hoy por la justicia salvadoreña impone ocho años de cárcel para Funes por el delito de “integrar agrupaciones ilcícitas” y otros seis por incumplimiento de sus deberes. Funes ha reaccionado a través de su perfil de Twitter a la sentencia, que ha catalogado como “una condena injusta sin pruebas”. El exmandatario ha dicho que “la FGR no presentó ninguna prueba de que los beneficios supuestamente recibidos por los pandilleros hayan sido autorizados por la Presidencia. No cabe duda que el Juzgado Especializado de Instrucción obedece a la derecha”. Munguía Payés, por su parte, ha afirmado que apelará la decisión judicial. “Yo me considero un condenado político, solo por haber servido como ministro de Justicia y Seguridad en la administración del presidente Funes, me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, dijo el exministro.
La condena contra Funes se da en momentos álgidos en El Salvador, cuando el actual presidente Nayib Bukele ha lanzado una cruenta guerra contra las maras, que ha dejado hasta la fecha 68.000 personas detenidas. Bukele ha impuesto desde hace un año un régimen de excepción que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, que han afirmado que se han violentado los derechos humanos de los detenidos. La organización Cristosal, la principal defensora de los derechos humanos en el país centroamericano, hizo público este lunes un informe en el que denuncia el infierno de las cárceles de Bukele, donde decenas de reos han sido torturados y estrangulados. “Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado. La suspensión de derechos y la militarización ya no es una excepción sino una norma que incide en la vida de todos los salvadoreños”, dijo a EL PAÍS Noah Bullock, director de Cristosal.