La traición a Larrea

Raymundo Riva Palacio | Estrictamente Personal

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El viernes, 70 marinos tomaron los patios ferroviarios de Coatzacoalcos y Medias Aguas, acción que describió Grupo México como ‘sorpresiva e inusitada’.

Germán Larrea nunca utilizaría la palabra traición para describir la expropiación de los patios y tres tramos de ferrocarril operados por Ferrosur en la entrada veracruzana del tren transístmico el viernes pasado, pero eso es lo que sucedió. Menos de 48 horas antes de que enviara a 70 marinos a tomarlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador conversó con el dueño de Grupo México, propietario de Ferrosur sobre la compra de Banamex, y platicaron, como desde hace tiempo, sobre esos tramos de ferrocarril, sin que hubiera ninguna señal que había tomado la decisión de expropiarlos, en la acción de fuerza más grande contra el sector privado en el sexenio.

El apetito del Presidente por esos tramos se satisfizo al coronar una semana llena de conflictos y acciones de demostración de fuerza, donde sus obras emblema estuvieron en el centro de la atención. La acción presidencial, según el decreto, fue disfrazada de “ocupación temporal”, que alimentó la confusión en la opinión pública, pero también generó dudas sobre sus alcances y lo que significaba para los abogados de Grupo México, cuyos ejecutivos se reunieron el viernes pasado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En esa reunión, en la que no se llegó a ninguna conclusión, se habló en específico de la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, que en el decreto del viernes se explica que fue tomada por el gobierno “para eliminar las fallas e ineficiencias en las cadenas de transporte, almacenamiento y distribución”, así como para “facilitar y agilizar la movilidad de bienes entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz”.

El decreto, sin embargo, oculta los diferentes pasos que se llevaron en cerca de tres años de negociaciones del Grupo México con las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, iniciadas por la obsesión de López Obrador para obtener la devolución de la concesión a Ferrosur desde que inició el proyecto del tren transístmico, en junio de 2020. López Obrador se lo planteó a Larrea, quien respondió que no podía darse en forma automática porque había obligaciones fiduciarias y con los inversionistas, por lo que se requeriría una contraprestación y la construcción, ofreció, de una vía paralela. Aunque en la cabeza del Presidente está, como lo ha dicho a varios empresarios, que tienen que devolver lo que han lucrado en anteriores administraciones sin medir contraprestaciones, iniciaron negociaciones entre el gobierno y Grupo México.

Las pláticas se iniciaron con Rafael Marín Mollinedo –primo del famoso Nico, su asistente, guardaespaldas, y que manejaba el Tsuru blanco que durante años transportó a López Obrador–, que fue director de Servicios Urbanos en el gobierno del Presidente cuando gobernó la Ciudad de México, y responsable del proyecto. De saque, Marín Mollinedo dijo que el nuevo proyecto incluiría el transporte ferroviario de pasajeros, por lo que habría que renovar la vía y decidió licitarla. Al hacerlo suspendió la operación regular del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El FIT, una empresa estatal cuya operación estaba arrendada a Ferrosur (Ferrocarril del Sureste) desde 2007, operó sin problema hasta junio de 2020, cuando se inició la rehabilitación de las vías. A finales de 2021 firmó con Grupo México un acuerdo para entregar la concesión del tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, a cambio de una contraprestación para la empresa, que tomara en cuenta las inversiones realizadas en ese tramo y la realidad del mercado de carga ferroviaria. En el acuerdo participaron las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y contemplaba la devolución de la concesión, mediante un pago económico y que Ferrosur continuara proporcionando el servicio.

El acuerdo no fue aceptado por López Obrador y las negociaciones regresaron al punto cero, ante la insistencia del Presidente que quería la devolución de la concesión a secas, que Grupo México no pudo aceptar por las obligaciones fiduciarias y las responsabilidades ante sus accionistas, como se lo había hecho saber previamente el propio Larrea. López Obrador se exasperó con Marín Mollinedo, no sólo por lo que había tardado la negociación con Grupo México, sino también por la insistencia del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, de que la forma expedita de seguir con el proyecto transístmico era, precisamente, quitándole la concesión a Ferrosur.

Marín Mollinedo perdió la batalla con la Marina, y fue removido de su cargo. La Marina tomó el control del proyecto en octubre del año pasado, con lo que las presiones se exacerbaron y aumentaron las exigencias del almirante Ojeda para quedarse con el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, donde comienza al tramo de Ferrosur que forma parte de la red ferroviaria de Grupo México.

El decretazo del viernes es un nuevo golpe del Presidente sobre la mesa. La expropiación no era necesaria porque el derecho de vía lo tenía el FIT, y seguían las negociaciones entre Grupo México y el gobierno para llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. Incluso, trascendió que durante la reunión que tuvo López Obrador con Larrea el miércoles pasado para hablar sobre la compra de Banamex, volvieron a tocar el punto de Ferrosur, pero dentro del contexto de las negociaciones en curso. Las conversaciones se interrumpieron cuando el viernes pasado, a las seis de la mañana, 70 marinos tomaron los patios ferroviarios de Coatzacoalcos y Medias Aguas, en una acción que describió Grupo México el viernes como “sorpresiva e inusitada”.

No es nada extraño que López Obrador conversara con Larrea y no le anticipara la acción que venía. El sector empresarial es el principal enemigo ideológico del Presidente y durante el sexenio ha utilizado todas las vías de coerción en su contra. Dentro de sus enemigos históricos hay algunos a quienes detesta más, como el caso de Larrea, contra quien ordenó al SAT investigar sus finanzas y cumplimientos fiscales para tratar de doblegarlo. La expropiación sugiere que no le encontraron nada, pero el golpe está dado, con un mensaje no sólo a él, sino a todos los inversionistas, aunque esto no es algo que realmente le importe al Presidente.