“No culpable”. Así se ha proclamado Sam Bankman-Fried, fundador del mercado de criptodivisas FTX este martes al comparecer ante el juzgado de Nueva York que investiga el caso. El emprendedor, conocido por sus siglas SBF, está acusado por la Fiscalía de ocho delitos por el agujero de 8.000 millones de dólares (7.570 millones de euros) que se calcula que dejó en la firma, que entró en bancarrota con cientos de miles de clientes perjudicados.
SBF, de 30 años, se encuentra en libertad bajo una fianza de 250 millones de dólares (235 millones de euros) que le fue concedida hace dos semanas, pero estaba citado este martes de nuevo ante el juez de distrito Lewis Kaplan. El emprendedor fue detenido el pasado 12 de diciembre en Bahamas a petición de Estados Unidos y tras ser recluido en una cárcel en condiciones lamentables admitió su extradición por la vía rápida para ser juzgado en Estados Unidos. El juez ha fijado como fecha tentativa para el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre.
La fianza para permanecer recluido en la casa de su familia en Palo Alto ha sido facilitada por sus propios padres, profesores de la Universidad de Stanford, y por otros dos garantes que han pedido el anonimato.
El Departamento de Justicia acusa a Bankman-Fried de ocho delitos, incluido fraude a inversores y prestamistas, conspiración para blanqueo de dinero, fraude en los mercados de valores y hasta financiación ilícita de campaña, delitos penados con un máximo agregado de 115 años de cárcel. La fiscalía y los supervisores señalan que FTX fue un fraude desde el principio, pues desviaba dinero de los clientes a Alameda, un fondo de inversión de Sam Bankman-Fried.
Los abogados son los que han expuesto la declaración de inocencia de Bankman-Fried, que no ha intervenido en la vista, a la que ha llegado vestido con chaqueta y corbata, lejos de la indumentaria informal que lucía cuando saboreaba el éxito y daba lecciones de filantropía.
Junto a Bankman-Fried están también acusados Caroline Ellison, expareja de Bankman-Fried y anterior jefa de Alameda Research, y Zixiao Wang, cofundador de la plataforma que era su jefe de tecnología. Ambos están colaborando con la justicia.
Acusado de “fraude masivo”
FTX fue un engaño desde el principio. Bankman-Fried “orquestó un fraude masivo de años de duración, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma de negociación para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su imperio de criptomonedas”, según la Comisión de Valores y Bolsa (la SEC, por sus siglas en inglés), que ha presentado en paralelo cargos civiles.
El fundador de FTX dijo a los inversores que su mercado contaba con sofisticadas medidas automatizadas para proteger los activos de los clientes, que esas carteras estaban seguras, que su firma era transparente y que Alameda, el germen del grupo, era un cliente más de la plataforma sin privilegios especiales, pero todo eso era mentira. El dinero de los clientes se traspasaba a cuentas que en realidad estaban controladas por Alameda. No había transparencia ni controles adecuados. Además, Alameda tenía un trato privilegiado, no estaba sujeto a las medidas de control de riesgo y disponía de una línea de crédito prácticamente ilimitada por parte de FTX que se financiaba con el dinero de los demás clientes y a cambio entregaba como garantía criptoactivos del propio grupo sin apenas valor real.
El grupo captó al menos 1.800 millones de dólares en diferentes rondas de financiación en las que fue incorporando como accionistas a inversores de capital riesgo, que llegaron a conceder a la plataforma una valoración de hasta 32.000 millones de dólares. Bankman-Fried se había convertido en teoría en uno de los hombres más ricos del mundo, pero todo se derrumbó como un castillo de naipes cuando el mercado de criptomonedas se hundió y Alameda sufrió pérdidas cuantiosas, fue incapaz de hacer frente a sus deudas y tomó más dinero de la propia FTX.
Además de los delitos financieros, la Fiscalía le acusa de haber violado las leyes federales de financiación de campañas al hacer contribuciones ilegales por valor de decenas de millones de dólares a candidatos y comités asociados tanto a demócratas como a republicanos.
