Iso, de 34 años, tiene seis hijos y, junto a su marido, ha decidido que ya no quiere tener más. En el hospital de distrito de Namor, al norte de Laos, le colocan en el brazo un implante anticonceptivo para los próximos tres años. BOBBY PHOUTTHAVANH SISAVATH (UNFPA)

En la escuela de primaria de Pangsa hay cada curso menos alumnos. “Hoy tenemos 75 estudiantes, hace tres años teníamos 200″, afirma uno de los profesores. En esta aldea en el distrito de Namor, al norte de Laos, el número de niños ha descendido desde que la clínica comunitaria presta servicios de planificación familiar y distribuye anticonceptivos a las mujeres que los solicitan. Aunque en esta zona las familias son tradicionalmente extensas, de entre seis y 17 hijos, muchas de las jóvenes prefieren tener menos y el acceso a métodos modernos para evitar quedarse embarazadas les facilita cumplir su deseo. Es el caso de Tam, de 25. Está casada desde los 17 y tiene una niña de siete y un pequeño de tres. “Tomo la píldora desde hace tres años. Dos es suficiente, sería complicado mantener a más”. Mientras una enfermera del centro de salud le toma la tensión y otros chequeos rutinarios antes de proporcionarle sus pastillas gratis, añade que, aunque le fuera mejor económicamente, no querría más descendencia, e incluso pagaría por los contraceptivos. “Mis padres tuvieron nueve hijos y era difícil. No había comida para todos”, rememora. ¿Pasaba hambre de pequeña? “Correcto”, responde escueta.

“Dos es suficiente”, afirma igualmente la siguiente usuaria de este servicio de planificación familiar, apoyado por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés), que proporciona los anticonceptivos al sistema público de salud de Laos, así como formación al personal sanitario para tener unidades específicas en los centros. Kamban, de 36 años, ya es madre de una niña de ocho y un chico de 14. “No quiero más”, explica. Asegura que nada tiene que ver con su precaria situación económica, sino que simplemente es su decisión. Por eso, lleva años con la inyección, que tiene una duración contraconceptiva de tres meses. Pero quiere saber más sobre la posibilidad de ponerse un implante (para tres años) porque ha escuchado muchas historias de que no es bueno. “Trabajo duro. Soy agricultora. Y me han dicho que si llevas el implante no puedes trabajar porque te sientes cansada”. La enfermera le responde con tono amable, pero tajante: “No es verdad”. En caso de elegir esta opción, tendría que acudir al hospital distrital, lo que supone un impedimento para ella, pues no tiene suficientes recursos para costearse el desplazamiento y los utensilios necesarios para la intervención como el yodo, la jeringuilla o las gasas.

Ambas representan el perfil de mujeres que acuden a la consulta de planificación familiar: viven en la aldea, a 10 minutos a pie de la clínica, están casadas y tienen hijos. “Las mujeres casadas vienen, pero las solteras no”, confirma Noy Niumaenhong, de 25 años, enfermera voluntaria. Esto se debe a que se les informa sobre métodos anticonceptivos al tener el primer hijo, “para que decidan cuándo tener el segundo”, anota Kantabon Soukmany, de 45 años, la líder del pueblo, que anima a sus vecinas a que visiten a las especialistas y usen anticonceptivos si lo desean. “Hay muchos disponibles”, les dice. Ella misma es usuaria de la inyección desde hace nueve años. “Pero muchas no tienen conocimiento o carecen de transporte, algunas comunidades son inaccesibles”, agrega la sanitaria. Por eso, las que viven en zonas apartadas y las jóvenes no suelen acudir para evitar embarazos no deseados, razona.

El 75,4% de las mujeres que mantienen relaciones, pero no están casadas, no tienen acceso a métodos de planificación familiar
La tasa de fertilidad en Laos es de 3,1 hijos por mujer, muy por debajo de los 6,2 que tenían en 1990. Pese a los progresos en la provisión de métodos anticonceptivos y formación en sexualidad detrás de esta reducción, los datos de la última encuesta nacional sobre el tema, de 2017, confirman que hay grupos y zonas a las que no les están llegando. Mientras que apenas un 14,3% de las casadas de entre 15 y 49 años manifiesta que sus necesidades de planificación familiar no están satisfechas, el porcentaje asciende al 17,6% entre las adolescentes (15-19 años) y se dispara al 75,4% de las mujeres que tienen relaciones, pero no forman parte de un matrimonio formal. El UNFPA calcula que, en 2022, un 29% de las laosianas que quieren usar métodos anticonceptivos, no pueden hacerlo.

En cuanto al tamaño de las familias, el estudio de 2017 revelaba que más de la mitad de la población femenina (58%) decía que no quería más hijos. Muchas expresaron su deseo de poder planear los embarazos, espaciarlos más en el tiempo y, sobre todo, limitar el número de hijos: el 59% en áreas rurales, el 63% de mujeres sin educación y el 60% de las que están entre las más pobres de la sociedad. Garantizar que todas esas mujeres tengan acceso a sus métodos anticonceptivos preferidos “refuerza varios derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la libertad; además de reportar importantes beneficios para la salud y de otros tipos”, anota la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según sus datos, cuando el intervalo entre nacimientos es inferior a dos años, la tasa de mortalidad infantil es un 45% mayor que cuando se espacian los embarazos entre dos y tres años.

“También brinda una serie de beneficios potenciales no relacionados con la salud que incluyen mayores oportunidades de educación y más autonomía para la población femenina, así como crecimiento demográfico y desarrollo económico sostenibles para los países”, agrega la OMS. De ahí, que el tercero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establezca que “para 2030, se garantice el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.

Para el equipo del UNFPA, que ha costeado la visita de este periódico al país asiático, está claro que hay una demanda insatisfecha de servicios de planificación familar en Laos, donde se espera que la población (7,1 millones de habitantes) aumente en un 14% para 2030, un millón adicional. Su estrategia para garantizarlos es promover su integración en el sistema público de atención sanitaria, lo que supone abrir consultas especializadas en todos los niveles, desde las clínicas comunitarias hasta los hospitales, y apoyar con la provisión gratuita de anticonceptivos y la formación específica de los profesionales. Es lo que están probando en la provincia de Oudomaxy, en el norte del país y donde se ubica Namor, y que concentra la población con menor acceso a salud sexual y reproductiva: rural y joven.

“La salud sexual y reproductiva no puede depender de programas financiados por organizaciones o de que las ONG abran centros”, precisa Sally Sakulku, coordinadora del programa en la materia del UNFPA en Laos, que ya ha visto cómo ese tipo de intervenciones se extinguen cuando se acaban los fondos de los donantes.

Jóvenes “sanos, educados y empoderados”
Desde el nuevo tren financiado por China que une la capital laosiana, Ventiane, con Oudomxay, se observa un paisaje de campos de cultivo y viviendas más o menos precarias —unas de ladrillo, la mayoría de madera y bambú—, que contrasta con el moderno interior del vagón. En esta provincia viven 307.622 personas, de las cuales 74.900 son jóvenes de entre 10 y 19 años. Es así, el territorio con mayor cantidad de población adolescente. La lectura que hace el UNFPA es que en 2030 será la que tenga más cantidad de habitantes en edad de trabajar, lo que representa una oportunidad de “recoger los beneficios” siempre que estén “sanos, educados y empoderados”, enumeran.

Sin embargo, hoy la proporción de chicas entre los 15 y los 19 que están casadas es mayor en Oudomxay que en el resto del país: un 32,3% frente al 23,5%. También es superior la tasa de embarazos adolescentes: 105 hijos por cada 1.000 chicas en ese rango de edad, mientras que la media nacional es de 83. La salud sexual y reproductiva juega un papel central para evitar embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual, casamientos infantiles y la violencia de género.

En Oudomxay, apenas el 30% dispone de un espacio privado para manejar su regla, cuando en el resto del país esa cifra es del 81%. El 70% tampoco accede a productos de higiene menstrual como compresas, cuando en el resto de Laos, el 72,7% sí los usa. “Y la escala de la economía es un problema porque, aunque los servicios de planificación son gratuitos, los pacientes tienen que pagar las tasas de registro en el centro sanitario, así como todo el material necesario en caso de, por ejemplo, ponerse un implante (el yodo, las gasas, la jeringuilla, los guantes de látex), además del transporte. Sumado, es una cantidad que mucho no se pueden permitir”, detalla Sakulku.

Para Aka e Iso, el esfuerzo económico para llegar al hospital distrital y la compra de los suministros merece la pena. Son matrimonio desde que ambos tenían 16 años. Hoy, con 34, tienen seis hijos de entre seis y 18 años. Pero han decidido que ya no pueden tener más. “Soy campesino y con las tierras que tengo, no puedo criar a más”, explica el padre mientras a su esposa le limpian el brazo para ponerle un plante anticonceptivo. Aka recuerda su infancia y el hambre que pasó pese a los esfuerzos de sus padres, también agricultores, por alimentar a su extensa familia. “No quiero eso para mis hijos”.

Por eso, Iso y su marido han acudido al hospital del distrito para que le pongan a la mujer un segundo implante después de haber terminado la efectividad del primero que se puso hace tres años. “Lo usará hasta que tenga la menopausia”, avanza Aka. Han tenido suerte porque hay disponibles en el dispensario. “No siempre tenemos. A veces pedimos 100 y nos mandan 20. Así que está disponible para un número limitado de mujeres”, detalla Chankeo Hatchaleum, una de las enfermeras. Su última solicitud fue de 72 para tres meses. “Nos mandaron 10″, hace una mueca.

Además de la precariedad económica, en el distrito de Namor, el acceso a las comunidades es un problema. Solo 44 son accesibles durante la época seca, y son muchas menos cuando llueve. Proveer salud en este contexto es complicado. De hecho, el hospital del distrito, recién inaugurado hace medio año, se inundó hace un par de meses. Una marca de suciedad en las paredes revela que el nivel del agua alcanzó los dos metros de alto. Todo quedó ahogado, aunque no hubo que lamentar ninguna pérdida humana. Y ahora, ya reabierto, aunque con la mayoría de su instrumental destruido, está prácticamente vacío. “Estamos a cinco kilómetros de la ciudad y muchos vecinos no pueden venir. Tenemos pocos pacientes, pues acaban optando por clínicas privadas más cerca de sus viviendas”, comenta Khonxay Phongsavath, director de las instalaciones. “Y pocos jóvenes acuden al servicio de planificación familiar”.

Na, de 27 años, sale de la consulta con un paquete de preservativos en sus manos. Ha venido por recomendación de sus amigas, pues tiene síntomas que indican que podría tener una infección vaginal. La doctora le ha recomendado usar condones hasta obtener los resultados de los análisis de sangre y los test para el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). “Nos los uso con mi novio, tampoco anticonceptivos”, explica. “Ahora estoy preocupada”, confiesa. Y no lo está solo por su salud (“si es una ETS, se puede tratar”), ni por un posible embarazo (“tendría al niño”), sino porque está prácticamente convencida que su pareja estable la ha engañado. “Es policía y viaja mucho, quizá ha encontrado a otra”, cabila.

Na lleva preservativos, pero no cree que ella deba saber cómo ponerlos. “Es su responsabilidad”, se refiere al varón. Lap, de 28 años, sí le pidió a su novio usar protección, pero él se negó. Ella, que no planea tener hijos, tampoco cree que deba tomar anticonceptivos, al menos, para no quedarse embarazada. “No estoy casada, no es necesario. Uso el método del calendario”. Entiende que la llamada “planificación familiar” es para matrimonios. “Tengo síntomas de infección y la doctora me examinado y me ha mandado hacerme pruebas. Los resultados los sabré en una semana. También me ha recomendado tomar pastillas anticonceptivas y utilizar condón”, resume.

“Les recomendamos los condones como primera opción por razones de disponibilidad. Los pueden adquirir en cualquier supermercado o farmacia”, explica la doctora Vanny Keopaseuth, responsable de la unidad de asesoramiento a jóvenes sobre salud sexual y reproductiva en el hospital provincial de Oudomxay. Pasa consulta en una pequeña habitación que hasta hace unos meses servía de zona de aislamiento para pacientes con covid-19. Un gran cartel sujeto con bridas muestra imágenes muy explícitas e información sobre enfermedades de transmisión sexual; al otro lado de un biombo, cuenta con una silla ginecológica para hacer las exploraciones visuales. Un joven de 20 años la observa mientras le hace una demostración de cómo colocar un preservativo apropiadamente.

“Me ha dicho que tengo usar protección si mantengo relaciones con otras personas y me ha prescrito pastillas”, comenta el chico, de 20 años, al salir, sin dar muchos más detalles. “Estoy preocupado. Por eso he venido. No quiero tener lo que aparece en las fotos”. Lo que le ha prescrito Keopaseuth es que mantenga relaciones seguras después de haber practicado sexo inseguro, le provee de preservativos, le receta antibióticos porque ha detectado alguna dolencia tratable y hacerse el test del VIH. La doctora quisiera disponer de más recursos, una habitación separada para hacer las exploraciones y más personal. “El reto es llegar con estos servicios y las campañas a personas que viven en zonas remotas”.