La condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner corrió como la pólvora por chats telefónicos y redes sociales. El inédito fallo condenatorio por corrupción contra la vicepresidenta, la política más amada y odiada de Argentina, desencadenó una catarata de reacciones dentro y fuera del país. Los primeros mandatarios latinoamericanos en manifestar su rechazo a la sentencia han sido Andrés Manuel López Obrador, Miguel Díaz-Canel y la hondureña Xiomara Castro. El presidente mexicano le ha transmitido a través de Twitter su “más amplia solidaridad”. “No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”, ha afirmado. Díaz-Canel ha repudiado “los procesos judiciales políticamente motivados” y ha cerrado filas con la expresidenta “frente al acoso judicial y mediático en su contra”. En la misma línea se ha pronunciado Xiomara Castro.
Para los partidarios de Cristina Fernández no hay duda: es inocente, cuando la resolución tiene como objetivo proscribirla de la vida política. Para los detractores, el fallo confirma la existencia de una matriz de corrupción estatal y supone un importante paso contra la impunidad. La megafonía instalada frente a los tribunales federales falló y los escasos manifestantes kirchneristas que se concentraron allí tuvieron que recurrir a los celulares para enterarse de que había sido declarada culpable. Algunos lloraron; otros gritaron de bronca ante lo que consideraron un “golpe de la mafia judicial”. La mayoría, sin embargo, había acatado la orden de no salir a las calles y reaccionó al fallo desde casa.
“Ha sido condenada una persona inocente”, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, en apoyo a Kirchner. El mandatario destacó que la vicepresidenta ha sido estigmatizada por los medios y perseguida por los jueces. “Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo”, tuiteó antes el ministro de Interior, Wado de Pedro.
Otros integrantes del Gabinete de Alberto Fernández y legisladores del gobernante Frente de Todos centraron sus críticas en la supuesta connivencia entre el Poder Judicial, políticos opositores y grandes medios para condenarla. Fue el caso del titular de la cartera de Justicia, Martín Soria: “Hace más de una década Cristina Kirchner fue condenada mediáticamente por el Grupo Clarín. Hoy, la Mafia Judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo y un deseo inconfesable: proscribirnos una vez más y controlar la democracia”. ”
“El fallo es un mamarracho que nada tiene que ver con la realidad. Los fiscales y el director de Clarín escribieron la causa mientras tomaban mate frente al lago”, dijo en la misma red social el legislador José Luis Gioja en referencia al polémico viaje realizado en octubre por un grupo de magistrados a la estancia del millonario Joe Lewis en la Patagonia.
La Secretaría de derechos humanos advirtió en un comunicado que la sentencia “es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023″. Para la secretaría, el fallo “constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta”.
“Se hizo justicia”
La oposición soñaba con una condena a 12 años de cárcel, la que había solicitado el fiscal Diego Luciani, pero celebró igual la pena a seis años impuesta por el Tribunal Oral Federal 2. “Era impunidad o justicia y se hizo justicia”, publicó el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales aspirantes opositores a la presidencia. Rodríguez Larreta consideró que la sentencia confirma que “se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes” en la historia argentina.
La Unión Cívica Radical, parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio, calificó de “histórica” la sentencia y subrayó que es necesario exigir honestidad y transparencia a los gobernantes del país.
Una de las rivales del alcalde de Buenos Aires en la interna opositora, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, advirtió que se habrá hecho justicia cuando la expresidenta “devuelva toda la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos”.
La sentencia sólo quedará firme cuando se hayan agotado todas las instancias de apelación, lo que puede tardar años.
Kirchner no puede ser detenida porque goza de fueros al ejercer un cargo público. Pero esa inmunidad podría desaparecer el año que viene si mantiene su determinación a no postularse como candidata a un tercer mandato presidencial en las elecciones de 2023 ni tampoco a una banca legislativa.
Desde el exterior, la vicepresidenta recibió el apoyo de algunos líderes progresistas latinoamericanos, como el expresidente boliviano Evo Morales. El Grupo de Puebla denunció lo que considera “un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”.
