Ante la decisión de los partidos opositores de bloquear la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea enviar la iniciativa de reforma a leyes secundarias este fin de semana.
“La voy a mandar, ¿para qué espero si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo? (contra la reforma constitucional) Bueno, desde hace muchos años, pero en esto es muy claro que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales del Consejo y del Tribunal electoral y del dinero también”, dijo este martes.
El dictamen de la reforma fue aprobado este lunes en las comisiones unidas de Reforma Política Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados. No obstante, la discusión y votación en el pleno planeada para este martes fue aplazada hasta el próximo 6 de diciembre.
En caso de ser rechazada, solo quedaría por aprobar la nueva iniciativa de López Obrador, la cual consistirá en una reforma a seis o siete leyes secundarias y reglamentarias para “transformar al sistema electoral mexicano”, sin tocar la Constitución.
“No se viola la Constitución porque además es muy probable que van a acudir a la Suprema Corte y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no”, señaló el mandatario.
¿Cuáles serán los límites del ‘plan B’ de reforma electoral de AMLO?
De acuerdo con López Obrador estas son las limitaciones de la nueva iniciativa de reforma a las leyes secundarias:
No es posible reducir el número de diputados plurinominales. La Cámara de Diputados conservará a los 200 legisladores electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales).
No se puede recortar dinero a los partidos. La reforma proponía que los partidos políticos solo recibieran dinero público para gastos de campaña y ya no un pago mensual como ocurre en la actualidad. También establecía una regulación a las aportaciones de terceros a las formaciones políticas.
Los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral no podrán ser elegidos mediante el voto popular. Los primeros serán designados por votación de la Cámara de Diputados y los segundos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República como ocurre actualmente.
