Desde que se publicó el libro El Rey del Cash con un testimonio que supuestamente devela un esquema de financiamiento ilegal utilizado por López Obrador para ganar la presidencia, la oposición no ha parado de criticar las violaciones a la Ley electoral. Pero una cosa es criticar y otra es hacer algo al respeto. Al momento de hacer algo, la mayoría optó por facilitar el cash.
En hipocresía flagrante, hace unos cuantos días el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena se unieron para aprobar en la Cámara de Diputados una reforma que reduce las sanciones a las violaciones a la Ley electoral, incluyendo las prohibiciones y topes de gastos en materia de financiamiento. Movimiento Ciudadano colaboró con su abstención, y el resto con voto directo.
Estos cambios legales facilitan la existencia, no de un Rey del Cash, sino de tantos monarcas del cash como puedan existir dentro del sistema de partidos mexicano. En particular, el cambio facilita el pago de las multas en cómodas mensualidades. Anteriormente, violar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales podía resultar en multas que descontaban hasta el 50% del dinero que los partidos recibían de financiamiento público. Ahora el máximo será la mitad de eso.
Para que se consolide esta hipocresía que facilitará la existencia de una monarquía del cash, falta la votación del Senado. Es ahí donde esta hipocresía debe detenerse. De no ser así, los partidos podrán pagar multas en paguitos, dificultando con ello la fiscalización, las sanciones por actos anticipados de campaña e incluso, las multas por propaganda política denigrante.
Es de reconocer que el PAN y una diputada de Morena fueron congruentes y votaron en contra de esta perversa reforma. La morenista disidente fue Inés Parra, una diputada de mayoría relativa del distrito 4 de Ajalpan, Puebla. Esta no es la primera vez que Parra vota en contra de su grupo parlamentario. Ella fue la única morenista que votó en contra de la reforma constitucional que ampliaba la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública y la única que lo volvió a hacer, un mes después, en la segunda ronda de votación.
Detener esta reforma es solo un primer paso. Si queremos eliminar a la monarquía del cash será necesario hacer algo todavía más difícil: graduarnos de sancionar violaciones a incentivar el buen comportamiento. Me explico.
Hoy el financiamiento de campañas políticas genera enormes beneficios y costos relativamente bajos para quien hace trampa. El financiamiento ilegal de campañas beneficia a los candidatos al permitirles tener recursos para ser más competitivos, y a los financiadores al permitirles cobrar favores políticos en el futuro. Así, las campañas crean pactos de silencio y de apoyo entre una clase política que necesita dinero y una clase empresarial que necesita licitaciones o regulaciones a modo. El castigo al financiamiento ilícito existe, pero dada la imposibilidad material de monitorear las campañas políticas en su totalidad, la multa se vuelve un costo predecible y acotado. Las multas además están acotadas en tamaño. Si consideramos que se estima que, por cada peso de dinero legal en una campaña, hay 15 pesos ilegales, las multas son de facto irrisorias.
La solución, por tanto, no es solo monitorear y sancionar, sino pensar en cómo cambiar la lógica de pactos entre políticos y financiadores. Es decir, disminuir el beneficio estimado que compra el financiador ilegal. Hacerlo requiere imponer candados a las licitaciones y asignación de contratos públicos. Pero, sobre todo, esto requiere que la ley deje de ser selectiva en su aplicación. Mientras ser perseguido por violaciones fiscales, laborales o regulatorias sea una decisión discrecional, el pacto de impunidad continuará vigente.
A la par será necesario digitalizar todos los pagos de partidos políticos y gobiernos locales, de forma que sea imposible utilizar recursos ilegales sin que quede registrado. El INE mismo puede hacerse cargo del pago directo a ciertos proveedores y limitar la publicidad pagada.
Actualmente la Ley electoral no tipifica como delito el entregar o recibir cantidades en efectivo. Esto debe cambiar, pues hace que imponer una sanción penal a quien recibe financiamiento ilegal sea casi imposible. De hecho, la sanción máxima a la que se puede aspirar por ello es puramente administrativa y dirigida a los partidos políticos, no a la persona que recibió el dinero.
Las mejores mentes de este país deben abocarse a diseñar mecanismos que desaparezcan la monarquía del cash multipartidista de México. Solo así podremos crear un país donde el elector, y no el financiador, tenga el sartén por el mango.
