Los militares detenidos por el caso Ayotzinapa han asegurado que el informe gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014 incluye “información falsa” y han anunciado que contraatacarán con una demanda penal. Los abogados de los acusados han señalado que ya están preparando el recurso legal, después de que el presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconociera que no está verificada toda la información sobre la que se sustenta la versión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre lo sucedido. El anuncio se ha producido pocas horas después de que el presidente asegurara que hubo intentos desde la propia Fiscalía de “dinamitar el caso” y sabotear las investigaciones, en una conferencia de prensa en la que compartió protagonismo con Encinas.
“Desde el principio existen muchas pruebas que han sido fabricadas en el caso”, han asegurado los abogados César Omar González y Alejandro Robledo. Los representantes legales han sostenido que las declaraciones de Encinas –que señaló que cerca de un tercio de los eventos relevantes para construir el informe del Gobierno sobre la desaparición de los estudiantes aún no ha podido ser corroborado con otros elementos de la investigación– demuestran que no existen pruebas sólidas contra los militares implicados.
Entre los cuatro militares que han sido vinculados a proceso está el general brigadier José Rodríguez Pérez, el de mayor rango entre los imputados y exjefe del 27º batallón de infantería en Iguala, la ciudad donde ocurrieron las desapariciones. También está el capitán José Martínez Crespo, por el que intercedió el titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, según se conoció en una carta dirigida a López Obrador que fue filtrada por el grupo de hackers Guacamaya. También están el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado Eduardo Mota Esquivel.
El último informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, presentado en agosto del año pasado, denunció la complicidad directa de mandos del Ejército en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, un reportaje publicado la noche del miércoles por el periódico estadounidense The New York Times afirmó que el documento está sostenido por evidencias que no se verificaron ni se probaron como verdaderas. No obstante esa falta de certeza, de acuerdo con el medio, se giraron órdenes de aprehensión contra militares que eventualmente se vinieron abajo. El reportaje incluyó declaraciones del propio Encinas, que constituyen una “extraordinaria admisión”, según publicó el diario, de que las pruebas no tenían sustento.
Las evidencias que fueron puestas en duda en el reportaje son decenas de mensajes de WhatsApp supuestamente intercambiados entre criminales, militares y funcionarios en el contexto del ataque a los estudiantes. Siempre según esta versión, después de que los mensajes fueron filtrados sin corroborar a la prensa y luego de que surgieron fuertes cuestionamientos sobre su veracidad, “Encinas los sometió a una revisión más exhaustiva. Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas”. El titular de la Comisión de la Verdad “admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos falsificado”, cita el reportaje.
Horas después de la publicación, en la conferencia mañanera de López Obrador, Encinas negó que sus declaraciones al Times fuesen una admisión que descalificara las labores de la comisión a su cargo. “Soy el principal sorprendido, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, la verdad no fue así ni mucho menos. Sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo”, sostuvo.
El funcionario aclaró que el informe que dirigió debe comprenderse de manera integral y que no está basado únicamente en los mensajes de WhatsApp. Dijo que las investigaciones han identificado 154 “eventos” relevantes en el crimen que aportan información sobre quiénes participaron en el crimen, cómo, cuándo, y el destino final de los cuerpos de los estudiantes. “En este análisis se contemplan las capturas de texto, pero no solamente”, ha dicho Encinas. El documento incluye declaraciones ministeriales, informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), información del Ejército, mensajes interceptados por la agencia antidrogas estadounidense (DEA), levantamientos de campo, entre otras fuentes.
Los abogados de los militares han asegurado en una entrevista a Milenio que las conversaciones de WhatsApp fueron obtenidas de forma ilegal, sin que un juez autorizara la intercepción de sus teléfonos. También insinuaron que hubo “presiones” para obtener resultados en el caso, ante la falta de avances de las autoridades durante el Gobierno de López Obrador. “Mis clientes son inocentes”, dijo Robledo, “está en riesgo su reputación y su vida”. Los abogados aún no han aclarado contra quién será la demanda ni qué delitos se reclamarán. Encinas comentó en sus redes sociales que, a pesar de las “descalificaciones” y “las resistencias”, “no habrá marcha atrás”.
