Tan fácil como decir “no puedo” o “para la próxima”, que su agenda no se los permite o que tienen compromisos más importantes. Con el aval de la mayoría legislativa de Morena, cuatro funcionarios de Estado –tres de ellos encargados de la seguridad pública– han dicho recientemente que no atenderán una cita a la Cámara de Diputados para rendir cuentas de su gestión en sus respectivas carteras de Gobierno. Todo ello, a pesar de que la Constitución faculta al Congreso a requerirlos para responder de manera presencial. Movimiento Ciudadano, el único partido que ha quedado aislado en la oposición, luego del reciente acercamiento entre la alianza Va por México y el bloque oficialista, señala que la evasiva de los funcionarios federales a rendir cuentas es cada vez más frecuente e injustificada. El partido naranja impulsa una reforma legal para reducir al mínimo la posibilidad de que los representantes del Ejecutivo eludan su obligación de transparencia.
Cancelaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. La ausencia de los encargados de la política interior y la seguridad ha resulta especialmente llamativa tras el hackeo al Ejército que puso al descubierto miles de documentos sensibles, o durante la reciente racha de titulares sobre asesinatos, balaceras y bloqueos carreteros en las planas de los diarios y los noticieros. El último en dar la espalda a la Cámara baja fue Manuel Bartlett, director de la Comisión Federa de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal de energía.
La elusión a la rendición de cuentas no es reciente. En los peores momentos de la pandemia, el zar de la política pública anti Covid, Hugo López-Gatell, rechazó presentarse ante el Legislativo. Y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que tiene a su cargo la construcción de una de las obras insignes del sexenio, la refinería de Dos Bocas, ha pospuesto su visita a San Lázaro desde el año pasado. La Constitución establece que al inicio del periodo ordinario de sesiones el Congreso recibirá un Informe del Ejecutivo federal sobre el estado que guarda la nación. Como parte del análisis del documento, los secretarios de Estado y directores de instituciones podrán ser citados a rendir cuentas de las carteras a su cargo, conforme la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados. MC busca cambiar en las leyes el “podrán” por “deberán”.
El secretario López Hernández estaba llamado a comparecer el pasado martes, pero desde la semana pasada comunicó a la Cámara de Diputados que su “agenda de trabajo” no le permitiría atender la cita. Esa agenda consistió en seguir con una gira por los Estados que oficialmente es para promover la reforma que extiende la presencia del Ejército en las calles, pero que políticamente ha sido más una plataforma de promoción personal y confrontación con los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. El martes, el día que debía estar en San Lázaro, el titular de Gobernación asistió al Congreso de Michoacán, desde donde acusó al exmandatario Felipe Calderón de haber traficado con armas durante su sexenio (2006-2012). La oposición condenó lo que ha considerado una “gira de corcholatas”, en referencia a la candidatura de López para la carrera presidencial.
Un escrito “irrespetuoso”
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue citado a comparecer ante comisiones de la Cámara baja tras el hackeo que vulneró la ciberseguridad del Ejército. El general primero aceptó, con la condición de que el encuentro se realizara en las instalaciones de la Sedena y no en el Legislativo, sede de la representación popular. Pero después, el jefe del Ejército también decidió dar marcha atrás a esa reunión, que estaba prevista para el 18 de octubre. La razón: una carta de parte de un diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de San Lázaro. El titular de Gobernación sostuvo que el escrito fue “irrespetuoso”. En el texto, en realidad, el legislador emecista anotó que era preferible que el encuentro con el general Sandoval se realizara en la Cámara baja para tener un “ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y no una reunión cerrada”.
El 19 de octubre, el general acudió al Senado de la República en calidad de acompañante de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que compareció ante el pleno. También los acompañó el titular de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Si bien la funcionaria fue la única habilitada para comparecer desde la tribuna, senadores de oposición repartieron críticas a los dos mandos militares, que atestiguaban en silencio. Un día después, la secretaria Rodríguez comunicó a los diputados que no atendería la cita a comparecer en el pleno de la Cámara baja, agendada el 7 de diciembre.
Manuel Bartlett, director de la CFE, canceló a los diputados una visita programada para este jueves. Autor de la “caída del sistema” en la elección de 1988, cuando los comicios eran vigilados por la Secretaría de Gobernación, Bartlett argumentó que no podía acudir porque acompañaría al presidente López Obrador en una gira por Baja California Sur, no obstante que este evento será hasta el día siguiente, el viernes.
“Recientemente hemos observado cómo las y los secretarios de Estado prácticamente deciden si acuden o no a rendir cuentas a este Congreso de la Unión”, dice la exposición de motivos de la propuesta de reforma de MC. “El control parlamentario mediante las comparecencias de los servidores públicos debe obligarlos a presentarse en la fecha y día señalados en la convocatoria que así determine el calendario aprobado. No podemos continuar permitiendo que los funcionarios públicos decidan de manera unilateral no presentarse para evitar dar cuenta de la información que así se les requiera”. La iniciativa añade que, cuando un funcionario llamado a comparecer no pueda acudir, deberá justificarlo, pero sus razones para ausentarse deberán ser aprobadas por el pleno. Si el Legislativo no las avala, el servidor público no podrá excusarse.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de MC, sostiene que, con el beneplácito de la mayoría oficialista, formada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, el Congreso federal ha pasado de ser un órgano de vigilancia a una “oficialía de partes” del Poder Ejecutivo. “El presidente no tiene que enfrentarse, como lo han hecho los mandatarios de las democracias contemporáneas, a un partido o a una nomenklatura estructurada que tenga una voz o una vida propia. Morena no es un partido, sino una especie de secta construida alrededor de un liderazgo unipersonal”, ha dicho en entrevista.
