Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social del Senado avalaron un dictamen por el que se aprueba el Protocolo de 2014, relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado en Ginebra el 11 de junio de 2014.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 21 millones de personas son sometidas a trabajo forzoso como víctimas de trata, y están sujetas a un régimen de servidumbre por deudas o laboran en condiciones análogas a la esclavitud, por lo que 90 por ciento de las víctimas son objeto de explotación en la economía privada.
De aprobarse por el pleno este convenio se ratificará la presentación ante el director de la OIT. Actualmente, 55 países han ratificado este Convenio, de los cuales tres entrarán en vigor en el 2023, que son Australia, Bangladés y Malasia.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social destacó que este Protocolo es una pieza fundamental en los esfuerzos para suprimir la explotación, así como la trata de personas y todas las formas de labores obligadas en México.
El protocolo no sólo reconoce la prohibición de las formas análogas de esclavitud, sino que las combate a través de acciones precisas con normas y medidas jurídicas para la prevención, protección y la reparación del daño a las víctimas.
El senador Héctor Vasconcelos de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, recordó que cuando fue cónsul en Boston era una práctica las contrataciones fraudulentas de trabajadoras y trabajadores mexicanos en Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano introdujo el class action, que fue la primera demanda de México ante una empresa norteamericana para recuperar los derechos de las y los mexicanos.
La legisladora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, enfatizó la importancia del dictamen para dar seguimiento a las personas que se van a Estados Unidos, a través del Programa de Movilidad Laboral, y así poder intervenir como Estado cuando se explote a las y los migrantes.
Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, comentó que una de las finalidades de este Convenio es que busca que haya información de qué es el trabajo forzoso para suprimir estas acciones, que se dan contra las y los mexicanos que van a Norteamérica a laborar, pero son víctimas de trabajos forzosos.
Mientras Salvador Tinajero, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el documento establece medidas de protección y prevención del trabajo obligatorio, así como acceso efectivo a las víctimas a acciones jurídicas de reparación, y la cooperación entre Estados miembros para garantizar la eliminación de trata forzosa.
Las legisladoras morenistas Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, además de expresar que el Convenio enriquece el marco jurídico de México para realizar acciones jurídicas para reparación del daño y prevención, destacó que es importante centrarse en las sanciones para las y los agresores y atender que las víctimas accedan a soluciones jurídicas y al derecho a la reparación del daño.
Mientras que Bertha Alicia Caraveo Camarena, afirmó que hoy en día, lamentablemente, sigue presente el trabajo forzado en todo el sistema internacional, por lo que refirió “como Congreso revisor no podemos dejar de lado el monitoreo constante de su implementación, para velar por la justicia social y el bienestar de las y los trabajadores”. SEM/MG
