El aumento significativo del poder fáctico y económico que el Ejecutivo federal ha entregado al Ejército conlleva riesgos contra los cuales el Legislativo y el Judicial no han hecho contrapeso, señala el análisis La militarización en México, elaborado por la consultora Integralia.
Según el documento, uno de los riesgos que representa el otorgar a las Fuerzas Armadas más de 20 funciones, incluso en áreas estratégicas ajenas a la naturaleza castrense, es la dependencia del Estado a las instituciones militares para el diseño y ejecución de políticas públicas y que la militarización se afiance de facto por motivaciones políticas.
Asimismo, según el estudio, se advierte un desbalance en la relación cívico-militar, la pérdida de capacidades de instituciones civiles del Estado, debilitamiento del pacto federal y el que las policías municipales y estatales sean relegadas a un segundo plano, entre otras.
Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, hizo un análisis sobre la utilización del Ejército para tareas de seguridad a partir de 2006, con el inicio del gobierno del panista Felipe Calderón, y hasta el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
La consultora asegura que es en el actual gobierno en el que la “militarización” del país se ha consolidado como una política de Estado.
Recordó que, a las más de 20 funciones otorgadas a las Fuerzas Armadas, se suma la decisión que el 8 de septiembre pasado tomó el Senado de la República al aprobar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma la operación y administración de la Guardia Nacional (GN).
Indicó que, aunque se prevé que las minorías legislativas en las cámaras del Congreso de la Unión promoverán acciones de inconstitucionalidad contra ese decreto, se debe considerar la posibilidad de no alcanzar la mayoría requerida de ministros para invalidar los artículos “militarizantes” dada la cercanía de algunos de ellos con el proyecto gubernamental.
Dijo que esto ocurre pese a que, desde su creación, la Guardia Nacional ha estado formalmente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero en los hechos ha sido una extensión material y operativa de las Fuerzas Armadas y sólo 29 por ciento cuenta con el Certificado Único Policial.
Estimó que a la par del aumento de funciones y de responsabilidades de las Fuerzas Armadas, la violencia y la incidencia en algunos delitos también ha crecido, como extorsión (32.6 por ciento), narcomenudeo (36.5 por ciento) y feminicidio (7.4 por ciento).
Asimismo, señaló que contrastan los altos niveles de confianza y legitimidad que entre los mexicanos tienen el Ejército y la Marina con el hecho de que se trata de las autoridades con más quejas por violaciones a derechos humanos.
