El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llegando a Palacio Nacional, en diciembre de 2018. MOISÉS PABLO (CUARTOSCURO)

El pulso en el Estado de Tamaulipas se eleva a mes y medio del próximo cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. Escenario de una de las grandes batallas políticas del último año en México, el Estado norteño sufre un incendio que amenaza con descontrolarse en cualquier momento, pendiente de las desventuras del Congreso local, los desmanes del crimen organizado y las decisiones del tribunal electoral estatal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El fuego más inestable baila alrededor del gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, del partido conservador Acción Nacional (PAN), que acaba su mandato el próximo 30 de septiembre. Este miércoles, la Suprema Corte tiene previsto discutir un caso que apunta a su derecho a la inmunidad como alto funcionario. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al todavía mandatario de lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero de momento no puede procesarle: como gobernador, Cabeza de Vaca goza de una protección especial, conocida popularmente como fuero, que impide persecuciones penales en su contra.

El último año ha sido caótico en Tamaulipas, una de tantas regiones en México que Morena ha logrado arrebatar a la oposición. En las elecciones de este año se hizo con el Estado del Golfo, victoria que permitirá al partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, controlar las fronteras este y oeste, Tijuana y Nuevo Laredo. El año pasado ya logró el triunfo en Sonora y Baja California. A nivel nacional, Morena controla ya 20 Estados.

La de Tamaulipas ha sido, sin embargo, una victoria dura para la formación, trufada de acusaciones de fraude, pendiente de recursos e impugnaciones. De momento, el tribunal electoral local ha validado la victoria de Morena y su candidato, Américo Villarreal. Ante las impugnaciones del PAN, que ha dominado el Estado los últimos seis años, un tribunal federal deberá decidir definitivamente si mantiene el triunfo de Morena.

El conflicto poselectoral apostilla una de las polémicas del último año, el caso Cabeza de Vaca, que ha enfrentado al Gobierno central con el gobernador saliente y con el PAN. Desde el Ejecutivo estatal, Cabeza de Vaca se había presentado a sí mismo estos años como el hombre que México necesitaba. Huérfana de líderes, la oposición parecía sostenerse en Cabeza de Vaca y algunas pocas figuras más, caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. La investigación contra el gobernador de Tamaulipas atajó, sin embargo, su crecimiento y apuntaló el repunte de Morena.

La resolución del caso Cabeza de Vaca parece inminente. La SCJN debe decidir si mantiene o no el fuero al gobernador. Ocurre, sin embargo, que el máximo tribunal ya enlistó el asunto hasta en dos ocasiones estos meses, dejándolo en ambas para más adelante. Visto que su mandato concluye el 30 de septiembre —y también el fuero que lo protege— los ministros podrían optar por retrasar la discusión de nuevo y dejar que Cabeza de Vaca enfrente a la justicia como ciudadano de a pie.

La demora de la SCJN ha provocado la ira del PAN, que considera la investigación contra el gobernador pura persecución política. En una carta divulgada en julio, dirigentes, gobernadores y cuadros del partido conservador exigieron al magistrado presidente, Arturo Zaldívar, que resuelva el asunto. “Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor”, decía la misiva, en referencia al ponente, José Luis González Alcántara, “advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro: ‘corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local”. Para el PAN, Cabeza de Vaca no puede ser procesado, porque así lo decidió el Congreso local.

La Cámara de representantes de Tamaulipas protagoniza la última pata del conflicto. En las elecciones del año pasado, Morena logró una clara mayoría, pero en los meses siguientes, el PAN y el PRI lograron voltear su victoria, tránsfugas mediante, modificando el panorama. La formación arrebató el control de la Junta de Control Político de la Cámara a Morena, asegurando el control de las sesiones. En estos meses, la mayoría, en manos de PAN y PRI, ha tomado decisiones muy criticadas por Morena, hasta el punto de llegar a las manos en el hemiciclo, cosa que ocurrió hace poco más de un mes.

Una de las votaciones que más polémica ha generado en Morena es el trasvase de atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Fiscalía estatal. El motivo es sencillo. Hasta hace unos años, la Fiscalía era parte del Gobierno. El gobernador ponía y quitaba a su fiscal, encargado de perseguir delitos y procesar acusados. Pero ahora, las fiscalías son supuestamente independientes en México, tanto la federal como las estatales. Supuestamente, porque muchos en Tamaulipas, empezando por Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y asesor del gobernador entrante, Américo Villarreal, han criticado la cercanía del fiscal estatal, Irving Barrios, y Cabeza de Vaca.

Así, el PAN consiguió hace unos meses que a partir de ahora sea la Fiscalía la que maneje, entre otras dependencias o servicios, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, o el Grupo de Operaciones Especiales de la policía, creados durante el gobierno del PAN. Para Morena, el sentido no es otro que proteger a Cabeza de Vaca. Al menos de los delitos del fuero común.

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