La enfermera Joselín García Almeida atiende a un paciente en el municipio Petatlán, en la sierra de Guerrero (México). NAYELI CRUZ

La violencia en México obstaculiza todos los órdenes de la vida. La carencia de médicos en los hospitales de medio país es solo otra grave prueba de ello. El Gobierno ha informado este martes de las dificultades para cubrir con especialistas las 10.495 plazas ofertadas en esta segunda convocatoria que se cierra el 21 de agosto. Apenas 598 titulados se han postulado para trabajar en los diversos centros sanitarios, o sea, un 5,7% de lo que se necesita. La primera convocatoria, que se cerró a principios de junio, fue algo más exitosa, pero la mitad de las plazas se quedó sin ocupar. Se trata de llevar especialistas a hospitales de Estados donde la violencia se deja ver a diario, sobre todo en zonas rurales donde los médicos encuentran, además, dificultades de acceso, precarias condiciones para ejercer su trabajo con calidad y un modo de vida cuestionable.

La necesidad de especialista alcanza las 4.838 plazas en 16 Estados, según ha informado el director general del Seguro Social, Zoé Robledo. Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son las entidades que presentan mayores carencias. Para tratar de solventar este problema se abrirá una tercera convocatoria de la que el Gobierno informará la semana que viene. Mientras, desde el 11 de agosto se han ido incorporando médicos cubanos al sistema sanitario de México, en virtud de un acuerdo entra ambos países a principios de mayo. 60 especialistas isleños se han incorporado ya a hospitales de Nayarit y otros 55 en Colima. El convenio entre ambos países selló la contratación de 500 cubanos en total. No tardaron en levantarse las críticas debido a los médicos titulados que están sin empleo en México. Pero la realidad está dando la razón al gobierno, las plazas se ofertan, pero no se cubren.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de 1,2 médicos por cada 100.000 habitantes, pero México apenas llega a 0,7. Las especialidades son un problema añadido, porque los titulados no encuentran un puesto en los hospitales para cursar su especialidad. Solo un 10% de los licenciados logra una plaza hospitalaria para ampliar sus estudios. Cada año compiten por ellas unos 50.000 egresados de las facultades.

Conscientes de estas dificultades, que se arrastran por años, algunas entidades y el propio Gobierno federal han hecho esfuerzos para que los empleos resulten más atractivos a los potenciales postulantes, con incrementos de sueldo que en algunos casos alcanzan los 36.000 pesos. En algunas localidades, como Ciudad Juárez, fuertemente golpeada por la violencia cotidiana, los salarios se incrementaron. Pero nada parece ser suficiente para animar a los médicos a meterse en la boca de lobo, grandes extensiones de territorio sometidos al fuego del crimen organizado, que estos días sacude fuerte e indiscriminadamente a la población.

Se necesitan pediatras, ginecólogos, internistas, oncólogos… Las especialidades no siempre se corresponden con las que estudian o pueden estudiar los titulados en los hospitales, otra distorsión que lastra el sistema sanitario. Los directores de las facultades de Medicina, sin embargo, creen que el asunto grave es la violencia en algunas zonas: nadie quiere perder la vida por más dinero que cobre al mes. Se trata de Estados como Tamaulipas, donde amplios ámbitos de la vida se abren paso con dificultad bajo el yugo del narco. Lo mismo en otras regiones, donde criminales han retenido a doctores para que atiendan a los suyos de forma clandestina. Y algunos han encontrado la muerte.

La violencia es una constante. El pasado viernes, una balacera sorprendió en la Unidad Materno Infantil de Ecatepec, una localidad del Estado de México, en la zona metropolitana de la capital. Perdieron la vida una enfermera, un médico y un paciente. Los pistoleros entraron preguntando por una mujer y en el fragor del encontronazo con trabajadores y pacientes se abrió paso el ruido de los tiros.

La situación del país aboca a muchos titulados a montar su propia clínica de barrio o bien pasar a engrosar las filas de quienes se desempeñan en las reboticas, mal pagados y amargados por las condiciones, que les obligan a prescindir de su ética profesional en favor del negocio farmacéutico que les paga. Tanto los unos como los otros han vivido la pandemia en primera línea de fuego, porque hasta ellos llegaban los contagiados en primer lugar. Son el recurso de la gente con menos dinero y sin seguro social, millones en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado este martes que esos consultorios adyacentes a las farmacias “son un gran engaño”, porque no atienden los verdaderos problemas que presenta la ciudadanía, sino que se dedican a vender cuantos más medicamentos mejor. Pese a las razones de López-Gatell, desvincular a la población de esos consultorios será difícil, porque son baratos y porque antes habría que restañar la desconfianza que miles de mexicanos muestran sobre sus servicios sanitarios públicos.

La violencia es el primer factor que, según los especialistas, debe atajarse para que el país pueda caminar hacia el desarrollo completo en sus políticas, ya sean educativas, económicas o sanitarias. Y por ahora nadie sabe quién puede ponerle ese cascabel al gato.

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