Desde inicios de julio, los habitantes de Nogales, Arizona, pueden ver un enorme globo de helio flotando a 22 metros de altura sobre sus cabezas. El dirigible, equipado con cámaras infrarrojas que operan las 24 horas del día, está siendo utilizado por las autoridades fronterizas para vigilar la frontera con México, a menos de dos kilómetros de distancia. Es la primera vez que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) opera uno de estos vehículos de vigilancia en el sector de Tucson, una franja de 400 kilómetros de línea divisoria, donde han sido detenidas más de 173.000 personas en los últimos ocho meses. Otros 17 aparatos como este serán desplegados a lo largo de la frontera, que se ha convertido en una zona caliente en semanas recientes y a pocos días de que Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se reúnan en Washington.
Las autoridades considera al dirigible como una medida disuasoria en una zona de intenso tráfico migratorio. Estos grandes globos, que pueden ascender hasta 900 metros de altura, pueden verse en otros puntos de la frontera, sobre todo en Texas. Su presencia en Arizona subraya la problemática situación que se vive en la frontera. Estados Unidos ha registrado este verano los números más altos de cruces ilegales en décadas. Tragedias como la de San Antonio, donde 53 migrantes murieron asfixiados en un camión después de haber entrado al país, recuerdan el drama que viven cientos de personas diariamente.
En Texas, el gobernador Greg Abbott ha emitido este jueves una orden ejecutiva que permite a integrantes de la Guardia Nacional detener migrantes en todo el Estado y devolverlos a la frontera. El mandatario afirma que el fin de semana fueron detenidas 5.000 personas que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, creando “una crisis en la frontera que atropella a las comunidades de la línea”. La iniciativa sigue al llamado que hicieron esta semana tres condados de la entidad pidiendo a Abbott, un republicano de mano dura, declarar legalmente una invasión en los pueblos ante la llegada de migrantes. Las autoridades locales pedían la deportación, a pesar de que esto solo corresponde al Gobierno federal.
A la espera de las cifras de junio, mayo rompió los registros de cruces ilegales. La Patrulla Fronteriza capturó a 177.000 personas, 15% más que en abril. Más de 60.000 personas intentaron hacer más de una vez el cruce durante ese mes. El Título 42, una norma sanitaria de la pandemia, permite expulsar migrantes rápidamente y ha sido considerada la culpable de un importante incremento de la migración.
La iniciativa de invasión fue promovida por el condado de Kinney, que se encuentra en la línea fronteriza y escasos kilómetros de distancia de Del Río, la localidad que se ha convertido en la zona cero de la inmigración ilegal. Las autoridades del condado acusan penalmente a los inmigrantes del delito de traspaso ilegal.
Abbott ha asegurado que la Constitución permite que cada Estado se proteja en contra de la “invasión”, por lo que su Gobierno ha continuado la construcción del muro fronterizo iniciado por Trump (que ha dejado a casi 400 migrantes heridos desde 2019) y movilizado policías estatales e integrantes de la Guardia Nacional. “Los carteles se han envalentonado y se han enriquecido con las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, con número récord de contrabando de persona, armas y drogas mortales como el fentanilo”, ha afirmado Abbott al promover su orden ejecutiva.
Al llamado de Kinney se han sumado otros cuatro condados: Uvalde, Goliad, Burnet y Medina. Ninguno de estos está en la línea fronteriza, pero sus líderes políticos, todos ellos republicanos, responsabilizan a los inmigrantes de una subida en los delitos y del deterioro de sus comunidades.
La teoría jurídica de la invasión ha sido cuestionada por expertos jurídicos, quienes la califican de improbable. La iniciativa nació de otra mente republicana que pide el retorno de la mano dura que Donald Trump mostró en la frontera. En febrero, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, fue el primero en emitir una opinión legal que preparaba el terreno para la movilización de tropas. El gesto fue considerado una maniobra política, pues Brnovich busca la candidatura republicana al Senado. Muchos republicanos están utilizando el tema migratorio para tomar impulso en las contiendas rumbo a las elecciones intermedias, donde la oposición amenaza con arrebatar el control del Congreso a Biden.
La petición de los condados llega pocos días después de que el Tribunal Supremo diera un respiro al presidente de Estados Unidos, cuya Administración ha encajado duros golpes propinados por la mayoría conservadora. Los jueces, no obstante, avalaron el intento de Washington de reconstruir el sistema de asilo, que sufrió una transformación durante los duros años de Trump. La sentencia de la Corte permite poner fin al programa conocido como Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de su caso. El requisito había provocado tensiones diplomáticas entre Washington y Ciudad de México, que se oponía a la medida.
Este será uno de los temas que se aborden en la visita de López Obrador a la Casa Blanca, programada para el 12 de julio. El encuentro está marcado por el desaire del mandatario mexicano a la Cumbre de las Américas, celebrada el mes pasado en Los Ángeles. El presidente mexicano decidió no acudir después de que Washington, el anfitrión, no sumara a Cuba y Venezuela a la reunión regional. La cumbre dejó un acuerdo migratorio en el que las naciones prometieron encarar el fenómeno migratorio con unidad. México y Estados Unidos deberán mostrar el martes si es cierto que hay unión en torno al tema.
