En 2018, el entonces Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, presentando un manual en Ciudad de México. ISAAC ESQUIVEL (CUARTOSCURO)

El que fuera el primer titular la Comisión Nacional de Búsqueda de México, Roberto Cabrera Alfaro, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido condenado a tres años de prisión por traficar con los datos de ADN de miles de familias que buscan a sus desaparecidos. El juez ha impuesto una fianza de 25.000 pesos, unos 1.200 dólares, a cambio de la libertad condicional y una multa de 3.019 pesos (unos 150 dólares). El fallo ha concluido que Cabrera entregó a una empresa privada la base pública de 49.000 perfiles genéticos, sin que haya constancia de una compra-venta, lo que le permitió a la firma lucrarse con la desesperación de las víctimas. La empresa ADN México tuvo acceso a las bases de datos nacionales de búsqueda y les prometía a las familias encontrar los restos. Las audiencias del caso que resolvió este jueves la justicia han desvelado una trama más compleja que operó presuntamente con el apoyo del Gobierno federal y algunos estatales para abrirle la puerta al negocio del dolor, un botín millonario de la gran tragedia que asola al país.

La Fiscalía General de la República acusó a Cabrera de haber entregado el 31 de mayo de 2017, a las 18.00 horas, en las oficinas de la entonces Comisión Nacional de Seguridad, una base de datos con miles de perfiles genéticos en un USB a la empresa ADN México, cuyo nombre mercantil es Central ADN. Según la acusación, el funcionario le otorgó esta información a la directora comercial de Genética Forense de la firma, Mariana García Sosa. Esta acción se produjo al menos dos veces más, otra cuando Cabrera era titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y otra, a través de un convenio con la Fiscalía General (entonces Procuraduría) que le permitió a la empresa ingresar unos ordenadores a las oficinas para cuadrar las bases de datos. La causa de este jueves resolvió solo la primera.

Los fiscales federales indicaron que el delito radicaba en que el entonces titular de la Comisión no suscribió un contrato para dicha entrega, ni hubo una evaluación de impacto, a pesar de que se trataba de información sensible que podría caer en manos de la delincuencia. Los familiares, víctimas del tráfico de sus perfiles genéticos, no fueron notificados sobre este proceso, según fuentes cercanas al caso.

Por su parte, la defensa de Cabrera había insistido en una coartada, que no ha sido considerada por el juez para su absolución: el funcionario no se encontraba ni en su oficina ni en Ciudad de México al momento de los hechos de los que se le acusan. Se había pasado la mitad del día, según el testimonio de un escolta y un recibo de un boleto de avión, en Culiacán (Sinaloa).

El proceso contra Cabrera, que había ostentado altos cargos públicos, había estado alejado de los focos mediáticos hasta que un equipo de periodistas independientes publicaron una investigación, Traficantes de ADN, en la que, a través de más de una decena de testimonios de víctimas, funcionarios e informantes clave, señalaron una red mucho más amplia que se estaba lucrando con el dolor de los familiares. Un reportaje que desvelaba las profundas grietas de un sistema incapaz de resolver la gran tragedia de los 100.000 desaparecidos y otros más de 50.000 cadáveres sin identificar, por el que se había colado una empresa que les prometía a las víctimas llegar hasta donde el Estado no había podido.

Todo comenzó cuando este grupo de periodistas —Paula Mónaco, Wendy Selene Pérez y Luis Brito— se percató en sus acompañamientos a los familiares en las búsquedas de que se había acercado a algunos de ellos una mujer, representante de una empresa de genética forense, y les había ofrecido dar con el paradero de su padre, de su hijo, de su hermano. En algunos casos, la firma contaba con el expediente de la denuncia de desaparición y con los datos personales de las familias. Contaba además, con la base de datos genética del Gobierno federal y de algunos Estados, que les permitiría cruzar sus muestras con las de miles de perfiles.

La mujer que se acercó a ellos era García Sosa, la directora comercial de ADN México. Les ofrecía además un servicio gratuito. Y muchos de ellos accedieron, se tomaron las muestras y la empresa en algunos casos falló en sus resultados. Las víctimas seguían sin conocer el paradero de su familiar y se sentían estafados. “Caímos porque nos dijeron que se iba a confrontar con la base de datos nacional”, cuenta en el reportaje una víctima que busca a su hijo y a su esposo. El grupo de periodistas tuvo entonces un hilo del que tirar, que alcanzó a la firma y a altos cargos del Gobierno mexicano.

Durante las audiencias contra Cabrera, la actual comisionada del órgano, Karla Quintana, reveló en una declaración que cuando tomó posesión del cargo se encontró un documento en el que la firma ofrecía sus servicios forenses por 70 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) a la Comisión. Aunque no hay ningún registro de que se llevara a cabo esa adjudicación.

“Más que el tráfico de datos personales, que ya de por sí es grave, se está hablando de la posibilidad o no de identificar restos humanos, de encontrar a un padre, un hermano o una madre”, apunta una de las reporteras, Paula Mónaco. Y agrega: “Lo que está detrás es mucho más grave, son cuerpos en fosas, en panteones o en morgues y familias que no duermen. Y aquí se está juzgando un pedacito muy chiquitito, si Cabrera entregó o no ese día y a esa hora un USB. Se pelean por tecnicismos, pero no se dimensiona la magnitud del problema”.

En su investigación, los periodistas desvelaron que el caso de ADN México solo abría la puerta a la entrada de otros laboratorios que hicieran caja con el negocio de la muerte. “Hay cerca de cien mil personas desaparecidas y para cada identificación se requieren tres pruebas genéticas. En costos actuales, estamos hablando de 40 y 50 dólares por cada muestra de referencia y entre 400 y 500 dólares por analizar cada resto”, señalan. “El botín es gigantesco”, concluyen, si se multiplica por 100.000 desaparecidos. En dólares, son cerca de 60 millones.

Pese al fallo de la justicia, no hay ningún funcionario más acusado por el tráfico de datos, ni la empresa está siendo investigada. “Me parece muy sintomático que hay más investigación en un trabajo periodístico que el que ha hecho la Fiscalía. No se han centrado en desarticular una red completa. Porque si hubo tráfico de más de 49.000 perfiles genéticos no pudo participar solo una persona. Y sobre todo, deben regular este tema, porque en un país con más de 100.000 desaparecidos, más de 50.000 cuerpos en panteones y más de 4.000 fosas clandestinas, más laboratorios intentarán entrar a esto como un negocio. ¿Quién les va a garantizar a los familiares de los desaparecidos que se van a proteger sus datos y, especialmente, que se va a luchar por identificar y encontrar a los suyos?”, critica Mónaco.

La firma ADN México, constituida en 2013 con sede en Morelia (Michoacán), según reveló la investigación, cuenta con integrantes en sus puestos directivos con vínculos con el Gobierno federal. Entre ellos, Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, que al momento de la investigación aparecía como secretario de la sociedad mercantil en el acta constitutiva del Registro Público del Comercio. Este publicista con una larga historia en campañas electorales y familiar de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado lo mismo para la presidencia de Carlos Salinas de Gortari como para candidatos de los partidos políticos PVEM, PRD, PRI y Morena.

Sherer Castillo es expareja de la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2015, cuando comenzaron a aumentar las desapariciones, se promulgó la Ley de Víctimas y se estrenaba la primera gran base de datos con el software CODIS financiado por el Gobierno de Estados Unidos dentro de la Iniciativa Mérida, para el combate al crimen organizado.

Otro accionista es Diego Ulibarri Gómez, un veterinario que se especializa en caballos. Hasta octubre de 2021, el tesorero de la empresa era Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, exfiscal federal de delitos electorales en la contienda presidencial de 2018. En el acta de registro corporativo también aparece el empresario michoacano Alfonso Fabriciano Gómez Sanz, “heredero de una fortuna en hoteles, fábricas y negocios de construcción, pariente y socio de los Reyzábal, un clan del jet set de España”, señala el reportaje. Ostenta el título inédito de cónsul honorario del Reino de España en Morelia —otorgado por el Congreso— y el 19 de julio de 2019 estuvo sentado en una reunión de empresarios con el presidente López Obrador.

Además, Central ADN, según la investigación periodística, incorpora los capitales de otras empresas: la inmobiliaria Grupo Arquimio, Prados Camelinas, Legalex y Crédix GS, que son propiedad de la familia Gómez Sanz. Lo mismo Grupo Cantabria y Hergo América. Los datos están en el Registro Público de Comercio.

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